Reforma constitucional del CNM en el Perú: escuchen a la academia

Comentarios críticos al proyecto de reforma constitucional del CNM presentado por el Presidente de la República

David Lovatón Palacios

Profesor principal PUCP

Consultor DPLF

cnm

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es un órgano constitucional autónomo poco conocido por la ciudadanía; sin embargo, su papel es fundamental para el buen –o mal-funcionamiento de la justicia en el Perú: tiene como encargo constitucional la designación, evaluación y eventual destitución de jueces y fiscales de todas las instancias a nivel nacional. Entró en funcionamiento el año 1995 y desde hace un buen tiempo se han venido incrementando los cuestionamientos y denuncias de corrupción al interior del CNM y por parte de algunos consejeros y consejeras; lo que llevó, en el año 2016, a un gran consenso entre diversos sectores de sociedad civil y autoridades, en torno a la crisis de legitimidad de este Consejo y la imperiosa necesidad de reformar constitucional y legalmente su estructura y funciones. Tal consenso se plasmó –por ejemplo- en algunos Planes de Gobierno de los entonces candidatos presidenciales, como fue precisamente el caso de PPK, que en su Plan ofreció una reforma profunda e inmediata del CNM.

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Garantías para una justicia independiente en Bolivia y el Reglamento de Preselección de candidatos a las más Altas Cortes

 Ramiro Orías

Oficial de Programa Sénior DPLF

 

Ursula Indacochea

Oficial de Programa Sénior,

Coordinadora del Área de Independencia Judicial en DPLF

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 Bolivia es el único país de la región -y quizás del mundo- que elige a la totalidad de sus jueces de altas cortes, por voto popular y universal. Cada seis años, bolivianos y bolivianas deben acudir a las urnas para definir con su voto, quiénes integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Así lo estableció el texto constitucional promulgado en febrero de 2009, luego de ser aprobado en referéndum nacional.

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#Judileaks: Calificando a los mejores y peores candidatos a la Corte Suprema de Justicia de Honduras

 

Por:Niko Aberle

Fellow de Investigaciones y Comunicaciones, La Asociación para una Sociedad más Justa, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras.

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Audiencias frente a la Junta Nominadora Foto: El Heraldo, Honduras

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), es una organización anticorrupción dedicada a fomentar el Estado de Derecho en el país. En las recientes audiencias públicas de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras, ASJ realizó un ranking, incorporando las mejores prácticas para la selección de miembros de altas cortes, identificadas por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con el proposito de brindar claridad a un procedimiento que es a menudo, opaco.

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DESÍGNANSE JUECES: MACRI Y LA SOCIEDAD CIVIL IGNORADA

 

Por: Ursula Indacochea Prevost

Oficial de Programa Sénior de DPLF

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Foto: Big Bang News

Desígnanse jueces, dice el polémico Decreto 83/2015 que el 14 de diciembre pasado firmó Mauricio Macri, el electo Presidente de la República Argentina, para designar a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de su país[1]. Utilizó para ello, un mecanismo excepcional previsto en la Constitución Nacional (en su artículo 99 inciso 4) que le permite nombrar directamente funcionarios “en comisión” –no sólo jueces- cuya designación requiera el acuerdo del Senado, y cuyas plazas vacantes ocurran durante el periodo de receso legislativo. Se trata –además- de nombramientos temporales, que expiran al fin de la legislatura siguiente. Mala maniobra política. Pero sobretodo, olvido mayúsculo de un protagonista esencial en todo proceso de elección de miembros de altas cortes: la sociedad civil.

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A propósito del proceso de selección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia

Autor: Luis Enrique Salazar Flores*

Corte suprema

La semana pasada se llevaron a cabo diferentes foros sobre la selección de integrantes de “altas cortes de justicia” en El Salvador, convocados por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). En los eventos pudimos escuchar e interactuar con ponentes internacionales y nacionales[1], que más que venir a impartir cátedra académica (lo cual es importante y no fue dejado de lado en sus participaciones) nos brindaron importantes testimonios en un tema que debió haber sido objeto de una audiencia más amplia y diversa de la que en su momento conformamos. Por ello, mi modesto aporte para difundir algunos de las afirmaciones y reflexiones que se generaron, no solo por los expositores sino también por personas participantes, más algunos comentarios de mi parte a la luz del momento actual en el que la Asamblea Legislativa se apresta a elegir cinco nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Continue Reading

Proceso de selección de nuevo ministro de la Corte Suprema de Paraguay transparente y participativo

Autora: Fátima Andrada Pasmor*

23-08-12-503635f7632eb-1En Paraguay nos encontramos ante un proceso de selección de ministro de Corte Suprema de Justicia que hasta el momento parece esperanzador. El Consejo de la Magistratura (“el Consejo”) ha implementado herramientas de transparencia y participación ciudadana en busca de recuperar su credibilidad perdida y la del sistema de justicia en general.

En los últimos años se instaló una sensación general de desconfianza ciudadana hacia todos los actores del sistema de justicia en los procesos de selección de jueces de la Corte Suprema, considerando la tradicional injerencia de los partidos políticos en la conformación del Consejo y las ternas diseñadas a puertas cerradas. Esto sumado a una percepción general de estar ante un Poder Judicial ineficiente, corrupto y sometido a la clase política[1]. Sin embargo, la actual conformación del Consejo, que entró en funciones en el 2013, ha realizado hasta la fecha un trabajo que ha sido calificado por la prensa local de “correcto”[2]. Hacemos propio este adjetivo agregando que ha sido impecable, y estamos a la espera de la culminación de un proceso que arroje como resultado la elección del mejor, con la satisfacción de haber sido testigos de un proceso con amplia participación ciudadana.

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La designación de jueces constitucionales en México

Autor: José Antonio Caballero*

Puerta_Suprema_CorteEn el otoño de 2013, la Suprema Corte de Justicia amparó a una persona que había sido acusada de participar en la comisión de una mascare. El amparo tuvo como fundamento que el detenido había sido torturado y retenido en una instalación militar previo su traslado a un juez. Se trató de una muy buena noticia. Sentencias como esta contribuyen a reducir los abusos en contra de los detenidos. Sin embargo, la mala noticia es que un agente del ministerio público, un juez penal, un juez de amparo y un tribunal colegiado de amparo, todos, encargados de revisar el mismo caso antes que la Suprema Corte, no vieron ninguna irregularidad en el trato al acusado. Fue necesario llegar a la Suprema Corte para que se lograra una resolución favorable y protectora de los derechos humanos del acusado. La anécdota deja en un estupendo lugar a la Corte, pero, me temo, nos genera muchas dudas sobre otros tribunales en el país.

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