¿Se tortura en las prisiones de El Salvador? Una pregunta para la Corte Suprema

Desde hace varios años, pareciera que el Estado de El Salvador se empeña en consolidar una aterradora reputación sobre de la manera en la que personas privadas de la libertad son tratadas dentro de las bartolinas y cárceles salvadoreñas. Basta con mirar las imágenes que despliega el buscador en internet o dar un vistazo a aquéllas publicadas por el presidente Nayib Bukele para entender que las exiguas condiciones de vida en las prisiones no son sólo producto de la negligencia o el descuido. Al contrario, son el resultado de una política de Estado premeditada; una estrategia guiada por la falsa creencia de que mientras más insoportable sea la vida en prisión, la probabilidad de que alguien decida delinquir va a disminuir proporcionalmente.[1] Ello se ha materializado en dos escenarios que, aunque opuestos, resultan igualmente inconstitucionales.[2] Por un lado, un entorno de hacinamiento e insalubridad para la población penitenciaria, en general. Por el otro lado, y para quienes se atribuyen los delitos más graves, un régimen de aislamiento permanente en mazmorras totalmente cubiertas de acero para bloquear la entrada de luz natural y evitar cualquier posibilidad de visibilidad hacia el exterior.[3]

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Distanciamiento social en las prisiones latinoamericanas

Miguel Sarre* y Juan Morey**

La actual crisis sanitaria impone la adopción oportuna de medidas preventivas. En reclusión, éstas deben ser generales, contundentes e inmediatas y estar orientadas a generar condiciones de factibilidad. Una moratoria urgente de la prisión preventiva, adoptada bajo control judicial, es un medio eficaz de reducir significativamente la población presa y, a partir de ello, instrumentar en reclusión las acciones preventivas recomendadas.

La emergencia sanitaria ya reconocida en Latinoamérica ha hecho aún más evidentes ciertas iniquidades sociales. Una de ellas es la situación que viven las personas privadas de la libertad. Independientemente de la responsabilidad penal que se les impute o que se les haya probado, nadie ordenó que se les destinara a vivir en la situación de hacinamiento en la que se encuentran en prácticamente todas las prisiones de la región.

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La CIDH debe enfatizar la responsabilidad judicial en la prevención de la violencia carcelaria

Investigadores Eric Archundia, Juan Morey y Miguel Sarre*

Recientemente la CIDH dio cuenta de un nuevo suceso violento en las cárceles de Brasil ocurrido el 29 de julio pasado, con el siguiente enunciado:

Es inevitable apreciar la similitud de dicho comunicado oficial con el emitido meses atrás por la propia Comisión:

Más allá de la obligada condena a los hechos y de los igualmente reiterados exhortos a los respectivos gobiernos para que se investigue lo sucedido, como ha ocurrido respecto de este y otros países de la región, la CIDH está obligada a contribuir a su no repetición. Para ello su mandato exige que vaya más a fondo en su análisis y que éste se refleje en sus distintos instrumentos.

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Prisiones salvadoreñas: el retrato de una crueldad extraordinaria

Marien Rivera

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Old steel door that open to the outside.

Juan cumplió veinte años hace un mes. Como regalo de cumpleaños, su madre consiguió que un abogado lo trasladara del penal de Izalco al de Apanteos, en El Salvador. Juan lleva ya un año y medio en prisión preventiva y su audiencia de juicio se ha pospuesto por tercera vez. Formalmente, lo acusan de pertenecer a una célula de la pandilla 18 que se dedica a la extorsión, aunque, en realidad, el error más grave que ha cometido Juan es vivir en el empobrecido barrio de Las Palmas; escenario común de redadas masivas contra jóvenes presuntamente pandilleros.

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Reconocer la cárcel

Acceso a la información y supervisión de las cárceles: reflexiones a partir de la experiencia chilena

Autora: Isabel Arriagada*

marthaacatitla

Latinoamérica le ha dado la espalda a sus cárceles. Su indiferencia condena a la población penal a transitar por espacios invisibles del sistema político y social. La política penitenciaria de la región no solo debe resolver las crisis de hacinamiento y habitabilidad de las instalaciones penales, sino que también demoler los muros que dividen a los ciudadanos libres de los ciudadanos privados de libertad.

Los principales actores responsables son la clase política, el mundo académico, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Entre todos tienen la tarea de activar su vinculación con las cárceles con miras a fortalecer el compromiso de la comunidad con aquellos a quienes encarcela. Existen tres medidas interesantes que permitirían esta apertura, como generar políticas fluidas de acceso a la información, permitir el acceso de la prensa a las cárceles y reconocer la voluntad política de la población penal.

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