La CIDH debe enfatizar la responsabilidad judicial en la prevención de la violencia carcelaria

Investigadores Eric Archundia, Juan Morey y Miguel Sarre*

Recientemente la CIDH dio cuenta de un nuevo suceso violento en las cárceles de Brasil ocurrido el 29 de julio pasado, con el siguiente enunciado:

Es inevitable apreciar la similitud de dicho comunicado oficial con el emitido meses atrás por la propia Comisión:

Más allá de la obligada condena a los hechos y de los igualmente reiterados exhortos a los respectivos gobiernos para que se investigue lo sucedido, como ha ocurrido respecto de este y otros países de la región, la CIDH está obligada a contribuir a su no repetición. Para ello su mandato exige que vaya más a fondo en su análisis y que éste se refleje en sus distintos instrumentos.

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Latinoamérica le ha dado la espalda a sus cárceles. Su indiferencia condena a la población penal a transitar por espacios invisibles del sistema político y social. La política penitenciaria de la región no solo debe resolver las crisis de hacinamiento y habitabilidad de las instalaciones penales, sino que también demoler los muros que dividen a los ciudadanos libres de los ciudadanos privados de libertad.

Los principales actores responsables son la clase política, el mundo académico, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Entre todos tienen la tarea de activar su vinculación con las cárceles con miras a fortalecer el compromiso de la comunidad con aquellos a quienes encarcela. Existen tres medidas interesantes que permitirían esta apertura, como generar políticas fluidas de acceso a la información, permitir el acceso de la prensa a las cárceles y reconocer la voluntad política de la población penal.

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