¿Se tortura en las prisiones de El Salvador? Una pregunta para la Corte Suprema

Desde hace varios años, pareciera que el Estado de El Salvador se empeña en consolidar una aterradora reputación sobre de la manera en la que personas privadas de la libertad son tratadas dentro de las bartolinas y cárceles salvadoreñas. Basta con mirar las imágenes que despliega el buscador en internet o dar un vistazo a aquéllas publicadas por el presidente Nayib Bukele para entender que las exiguas condiciones de vida en las prisiones no son sólo producto de la negligencia o el descuido. Al contrario, son el resultado de una política de Estado premeditada; una estrategia guiada por la falsa creencia de que mientras más insoportable sea la vida en prisión, la probabilidad de que alguien decida delinquir va a disminuir proporcionalmente.[1] Ello se ha materializado en dos escenarios que, aunque opuestos, resultan igualmente inconstitucionales.[2] Por un lado, un entorno de hacinamiento e insalubridad para la población penitenciaria, en general. Por el otro lado, y para quienes se atribuyen los delitos más graves, un régimen de aislamiento permanente en mazmorras totalmente cubiertas de acero para bloquear la entrada de luz natural y evitar cualquier posibilidad de visibilidad hacia el exterior.[3]

Es cierto que las circunstancias de degradación que se observan en los penales salvadoreños no son únicamente producto del liderazgo del actual presidente Bukele (aunque tampoco hay duda de que ese enfoque ha recibido un impulso notable desde que Nayib ascendió al poder). Fue en abril de 2016, durante el mandato del expresidente Sánchez Cerén, que la anterior Legislatura aprobó una serie de “medidas extraordinarias” que incluían, entre varias acciones disciplinarias, la incomunicación y el aislamiento prolongado de cierto perfil de personas procesadas y sentenciadas. Por su severidad, esas medidas fueron diseñadas para tener una duración breve y transitoria. A pesar de ello, la Asamblea Legislativa fue, poco a poco, ampliando su vigencia hasta que dos años más tarde, en agosto de 2018, la actual conformación de la Asamblea decidió regular dichas disposiciones de manera permanente, reformando la Ley Penitenciaria. De manera que esta Ley contempla un régimen especial para que ciertas personas procesadas o sentenciadas cumplan la totalidad de su pena de la manera más cruel que ofrece el sistema penitenciario: en un confinamiento solitario permanente.[4] 

El problema que plantea esta norma no es menor. El derecho internacional impone una restricción tajante a las medidas de aislamiento porque, tras décadas de documentación científica, se ha demostrado que este tipo de reclusión provoca daños irreversibles muy rápidamente. Stuart Grassian, profesor de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Harvard, determinó que los efectos del confinamiento solitario forman un síndrome que, si bien es similar a lo que se conoce como “delirio”, no se parece a ninguna otra enfermedad mental. Lo que sucede con las personas que son sometidas a un confinamiento prolongado es que presentan una constelación de síntomas que ocurren al mismo tiempo: híper responsividad a estímulos externos, ataques de pánico, dificultades para pensar o recordar, fantasías e impulsos incontrolables de violencia, paranoia y comportamiento autodestructivo.[5]

Basados en los hallazgos científicos que se han producido en las últimas décadas sobre las consecuencias del aislamiento, diversos instrumentos internacionales establecen una prohibición casi absoluta respecto a la imposición de esta medida más allá de un periodo de 15 días.[6] En realidad, no hay espacio para la interpretación: el aislamiento indefinido que hoy permite la legislación penitenciaria de El Salvador constituye un acto de tortura.[7]

En el mejor de los casos, la Asamblea Legislativa aprobó esta reforma a la Ley Penitenciaria sin conocimiento de que, al aprobarla, el Estado de El Salvador estaría transgrediendo sus obligaciones internacionales. En el peor de los escenarios, la Asamblea sí tuvo conocimiento del entramado de normas y jurisprudencia internacional que prohíbe el aislamiento prolongado y, de cualquier forma, procedió a su aprobación. Del mismo modo, es posible que el Presidente Bukele no esté informado de que las celdas de confinamiento que presume no cumplen con los estándares mínimos necesarios para no violentar los derechos humanos de las personas que las habitan. De sí estar informado al respecto, resultaría preocupante que un líder democrático desdeñe los límites al poder que tanto ha costado construir.

En el Salvador, como en cualquier otra democracia, existen controles para el poder público. Y cuando el poder ejecutivo y legislativo fallan en garantizar la tutela de los derechos, esa responsabilidad se traslada hacia los tribunales. Haciendo uso de ese recurso, en diciembre de 2019, las organizaciones no gubernamentales Cristosal y Azul Originario solicitaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la admisión de una demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la recién reformada Ley Penitenciara, por violentar el derecho a no sufrir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como por violentar el derecho a la reinserción social. Acompañada de una fundamentación extensa, el escrito contiene una pregunta para la Corte con implicaciones trascendentales: ¿se tortura en las prisiones de El Salvador?

A un año y tres meses de haber interpuesto la demanda, la Sala de lo Constitucional aún no ha dado trámite a este asunto. Cada día que transcurre sin que la constitucionalidad y convencionalidad de la Ley Penitenciaria sean revisadas, es un día más en el que ese régimen especial de aislamiento se administra a miles de personas privadas de la libertad que hoy están recluidas en centros de máxima seguridad. La posibilidad de que una proporción importante de esa población ya presente daños psicológicos y físicos irreversibles no puede descartarse; y la responsabilidad del Estado, tampoco.

Las otras víctimas de esta política penitenciaria son las familias de las personas privadas de la libertad. Desde el 1 de marzo de 2020, todas las visitas en todos los centros penales de El Salvador han sido suspendidas oficialmente. En pleno auge de la pandemia y desde hace más de un año, no hay comunicación alguna entre personas internas y sus familiares. No se permite la entrada a defensores ni a organizaciones humanitarias. El temor de miles de familias de que sus seres queridos hayan contraído y muerto por el virus del COVID-19 se acrecienta con el silencio de la autoridad.[8]

Mientras tanto, esta afrenta flagrante a la constitución y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos invita a reflexionar sobre qué tan tenues son los límites que hoy impiden que la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo pongan en marcha políticas que afecten otros derechos humanos de las y los salvadoreños, sin que existan consecuencias. Está en manos de la Sala de lo Constitucional responder estas preguntas con celeridad y firmeza.

[1] Abogada mexicana, consultora en temas de seguridad y justicia.

Imagen de APImages


[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52450557

[2] En 2016, la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró un “estado de cosas inconstitucional” en diversas prisiones del país, debido a las condiciones críticas de hacinamiento y la ausencia de suministros básicos de alimentos, agua, medicamentos o artículos de higiene.  En esa ocasión, la Sala consideró que ese estado de cosas constituía un trato cruel, inhumano o degradante hacia las personas recluidas, por lo que implicaba una violación flagrante a su derecho a la integridad personal, protegido en el artículo 2º constitucional.

[3] https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/28/bomba-de-tiempo-en-carceles-de-el-salvador-8635.html

[4] El artículo 103 de la Ley Penitenciaria señala que los internos que sean enviados a los centros de seguridad por su alto índice de agresividad o peligrosidad o hayan sido condenados por delitos de narcotráfico, crimen organizado, homicidio agravado, violación, secuestro, extorsión o que fueren reincidentes, estarán sometidos a un régimen de internamiento especial.

[5] Stuart Grassian, Psychiatric Effects of Solitary Confinement, 22 Wash. U. J. L. & Pol’y 325 (2006),

https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol22/iss1/24

[6] Ver: Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990. Documento disponible en la siguiente liga: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx

[7] Nils Melzer, Relator especial de la ONU sobre tortura, ha reiterado en diversos comunicados e informes que la extensión por más de 15 días de un régimen de confinamiento solitario constituye tortura.  Ver: https://news.un.org/es/story/2020/02/1470321

[8] Urbina, Javier. Nota periodística para La Prensa Gráfica del 14 de febrero de 2021. Disponible en la siguiente liga: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Un-ano-sin-saber-nada-de-los-privados-de-libertad-20210213-0059.html

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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