Derechos de las víctimas del conflicto: una tarea pendiente

Rocío Quintero Martínez*

En Lima, durante las protestas de noviembre de 2020, por la destitución del entonces presidente Vizcarra, las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes con un uso irracional y desproporcionado de la fuerza. Como resultado, dos jóvenes perdieron la vida y más de 200 personas resultaron heridas. A pesar de algunos avances en las investigaciones administrativas y penales, todavía queda un largo camino por recorrer para que el Estado peruano garantice los derechos de las víctimas. Entre otras, ya se han denunciado retrasos en las investigaciones penales y la ausencia de representación legal de algunas de las víctimas.

Lamentablemente, la falta de una debida garantía de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos no es excepcional ni se circunscribe al caso mencionado. Tampoco es una problemática reciente. En efecto, desde al menos la década de 1980, hay casos por los cuales las víctimas siguen esperando que los responsables sean llevados a la justicia y se les garanticen sus derechos. En ese sentido, tanto víctimas de hechos recientes, como de hechos sucedidos varias décadas atrás, han encontrado obstáculos para que el Estado garantice sus derechos. Esto a pesar de que los contextos, las causas y motivos de los hechos varían. 

Seguir leyendo

La otra historia: el robo de niños y niñas en la guerra de El Salvador

Héctor Rosemberg* y Leonor Arteaga Rubio**

En el contexto de la guerra civil que vivió El Salvador, desde al menos 1980 hasta 1992[1], gran parte de la población salvadoreña fue objeto de innumerables violaciones a los derechos de humanos, por ser considerada por el gobierno y la fuerza armada como simpatizantes y semilleros de la guerrilla. En particular, la práctica de la desaparición forzada fue utilizada desde los años setenta como un mecanismo de persecución de opositores políticos y, posteriormente, en los ochenta como una importante estrategia de la política contrainsurgente, planificada y ejecutada desde las altas esferas del poder político, militar y empresarial, con el apoyo del aparato de seguridad del Estado y de sus estructuras paramilitares[2].

Una de las más horrorosas facetas de ese accionar represivo consistió en el robo y sustitución de identidad de niños y niñas, hijos e hijas de quienes se perseguía, desaparecía o mataba. En la gran mayoría de casos se les mantenía con vida[3] para que luego los perpetradores o sus familias se los apropiaran; o eran entregados a otras familias allegadas que simplemente los “inscribían” como hijos propios; o bien eran llevados a distintas instituciones del circuito jurídico de niñez de la época para ser dados en adopciones pseudo legales, tanto dentro de El Salvador como adopciones internacionales.

El mayor número de desapariciones de niños y niñas se registró entre 1980 y 1984[4].  Las personas afectadas eran en su mayoría muy pequeñas, pues eran menos capaces de protegerse, huir o esconderse del peligro[5]. Además, las posibilidades de que fueran consideradas como enemigos por las fuerzas armadas eran menores[6].

Seguir leyendo

Los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas no tienen fecha de caducidad

María Clara Galvis Patiño y Rainer Huhle*

Una versión más corta de este artículo fue originalmente publicado en inglés en Opinio Juris, disponible aquí.

Este texto pretende mostrar que a la luz del derecho internacional de los derechos humanos los órganos que supervisan el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados tienen competencia ratione temporis para conocer de desapariciones forzadas que iniciaron antes de la entrada en vigor de los respectivos tratados y de la aceptación de la competencia de esos órganos para examinar peticiones individuales.

Seguir leyendo

Las desapariciones hoy: Algunos aprendizajes y herramientas desde la región noreste de México

Karina Ansolabehere*

Las desapariciones en México no son un fenómeno nuevo pero a partir de 2006 su número se incrementó exponencialmente y se cometen en buena parte del territorio del país. De acuerdo con las cifras presentadas a principios de este año por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 61637 personas se encontraban desaparecidas a lo largo del territorio. La magnitud da cuenta de la crisis de derechos humanos que vive el país en el marco de una democracia electoral. Lamentablemente, esta no es una realidad solo mexicana sino compartida con otros países de América Latina.

Ante este problema desde la academia se organizaron diferentes grupos de investigación para atender las necesidades de las víctimas y buscar soluciones. Las reflexiones que se presentan a continuación resultan de los 5 años de trabajo de uno de estos grupos: el Observatorio Sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM)[1]. En este recorrido, en diálogo con organizaciones, periodistas, grupos de familias, autoridades y académicas, logramos identificar algunas dinámicas que presentan las desapariciones en la región noreste de México, así como herramientas útiles para investigar este fenómeno que también podrían serlo para otros colegas interesados en el tema.

Seguir leyendo

La desaparición forzada en Perú: propuesta de un sistema nacional de reparaciones a víctimas

Giovanna F Vélez Fernández*

La desaparición forzada de personas cuando se comete contra población civil de forma generalizada o sistemática es considerada por la comunidad internacional como un crimen de lesa humanidad debido a los múltiples derechos que vulnera entre los que podemos citar: la vida, la libertad individual, la integridad, seguridad personal, derecho a la verdad, el debido proceso entre otros. En el Perú la desaparición forzada fue una práctica ejecutada entre los años 1983 y 2000, teniendo entre sus principales víctimas a la población rural, campesinos quechuablantes, en su mayoría jóvenes entre los 15 a 35 años, tal como señala el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Seguir leyendo

De Sepur Zarco a El Mozote: en búsqueda de la justicia con sentido de mujer

Leonor Arteaga*

Publicado originalmente en El Faro.

Todas somos Sepur Zarco, repetía una frase de la Alianza rompiendo el Silencio y la Impunidad, simbolizando así la solidaridad con las mujeres que vivieron repetidos abusos, trabajos forzados y violaciones sexuales que tomaron forma de esclavitud, en la base militar del mismo nombre, que operó entre 1982 y 1986, en el marco del conflicto armado en Guatemala. Todas ellas fueron abusadas mientras sus maridos, que reclamaban la tierra, habían sido desaparecidos, detenidos o asesinados. Seguir leyendo

Los Cabitos y la justicia

Carlos Rivera Paz

DHiohzzW0AIrP3H.jpg-large

En enero de 1983 las fuerzas armadas ingresaron a la lucha contra el terrorismo, principalmente de Sendero Luminoso. Desde ese momento, el cuartel militar “Los Cabitos” no solo fue la principal sede militar del Ejército en el departamento de Ayacucho, sino que muy rápidamente se instaló como el principal centro de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición de personas. Desde aquellos años ese cuartel militar fue la expresión de la guerra sucia que el Ejército desplegó como parte central de la estrategia para combatir la subversión, en la cual todos eran sospechosos.

Seguir leyendo