La consulta popular: entre la constitución y la justicia transicional en México

Issa Cristina Hernández Herrera*, Jorge Peniche** y Daniel E. Torres Checa***

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve cientos de casos al año, pero solo algunos consagran su posición en el imaginario colectivo. La sesión del jueves pasado que resolvió la constitucionalidad de la consulta popular es uno de ellos. No solo por el impacto político que tuvo su resolución, sino sobre todo, por los procesos de justicia que podrían derivar de la nueva pregunta planteada por el máximo Tribunal. 

Ante el justificado reclamo por paz, verdad y justicia, el discurso que envuelve a la consulta popular coquetea cada vez más con mecanismos de justicia transicional (JT). Con el fin de contribuir al debate, este texto propone estudiar la resolución desde tres aproximaciones distintas: la interpretación de la Corte sobre la consulta popular, las implicaciones de la nueva pregunta y, finalmente, una aproximación general sobre las consultas populares y su valor en la justicia transicional.

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¿Necesitamos una consulta popular para investigar ex presidentes mexicanos?

Estefania Medina y Adriana Greaves*

El pasado 15 de septiembre el presidente de México presentó al Congreso una propuesta de consulta popular, con la finalidad de que se lleve a cabo una consulta a la ciudadanía sobre si se deberían investigar y sancionar a ex- presidentes por posibles delitos que ocurrieran en el pasado.

Sin embargo, la pregunta presentada por el Presidente resulta por demás innecesaria, toda vez que conforme a la Constitución y las leyes mexicanas la Fiscalía General de la República (que desde 2019 es un órgano constitucional autónomo), o en su caso las fiscalías estatales, tiene la obligación de iniciar investigaciones cuando se tiene conocimiento de cualquier hecho que pueda ser un delito, por lo cual, para el inicio de estas investigaciones basta la presentación de una denuncia o el conocimiento de los hechos para dar paso a estas investigaciones.

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Un resultado contundente: “El agua vale más que el oro” A propósito de la consulta popular que suspendió el proyecto minero “La Colosa” en Cajamarca, Colombia

Santiago Martínez Neira

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El 26 de marzo de 2017 ocurrió un suceso inspirador para todas las comunidades campesinas latinoamericanas que se enfrentan a mega proyectos extractivos en sus territorios. En Cajamarca (Colombia), se llevó a cabo una consulta popular en la que se decidió sobre la continuidad de La Colosa, un proyecto minero aurífero de grandes magnitudes. Fue así como una pequeña población agrícola confrontó sus intereses con los del gobierno nacional y la multinacional minera AngloGold Ashanti. Este proceso de resistencia ciudadana, que empezó hace ya varios años, arrojó un resultado poco sorprendente: el 97,9% de los cajamarquinos dijo que no estaba de acuerdo con que se desarrollaran proyectos y actividades mineras en su municipio. Este resultado no sólo suspendió La Colosa, sino que, además, desató una reacción en cadena. Actualmente hay en curso 44 consultas populares.

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