La CIDH, la Corte IDH y el Perú: mitos, mentiras y malas intenciones

Katya Salazar, Daniel Cerqueira

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Con ocasión de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que se cuestionó el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori, sectores de la opinión pública peruana han alzado nuevamente la voz contra este tribunal y contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionando ambas instituciones por sus actuaciones “sesgadas y politizadas”. Algunas voces han sido aun más radicales, pidiendo la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el objetivo de “retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)”. Estas críticas, alimentadas por el temor a que la Corte IDH cuestione la validez del indulto, están salteadas de afirmaciones falsas sobre la relación entre los órganos del SIDH y el Perú. Aquí aclaramos algunas de ellas.

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Obligaciones extraterritoriales: un componente ausente en los Principios Rectores de la ONU que debería abordarse en un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos

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Daniel Cerqueira, Alexandra Montgomery

ETOs blog Feb 18

Cuando un Estado permite la constitución de empresas en su sistema legal pero no establece garantías frente a las actividades de estas en el extranjero, podría beneficiarse de la externalización de las violaciones de derechos humanos en otros territorios. Esta situación se agudiza si el Estado huésped, donde las empresas subsidiarias llevan a cabo sus actividades, no tiene el interés ni la capacidad de asegurar los derechos de sus propios ciudadanos, cuando estos sufren abusos por parte de empresas. Ante la falta de un tratado que regule las obligaciones extraterritoriales en el contexto de las actividades de las empresas en el extranjero, el alcance de tales obligaciones ha sido definido, principalmente, a través de los pronunciamientos de los órganos internacionales de derechos humanos.

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Extraterritorial obligations: a missing component of the UN Guiding Principles that should be addressed in a binding treaty on business and human rights

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Daniel Cerqueira, Alexandra Montgomery

ETOs blog Feb 18

When a State enables the creation of companies under its legal system but refrains from imposing safeguards on their activities abroad, it can benefit from corporate activities that might result in human rights violations in other territories. This situation is exacerbated when the host State where subsidiaries operate is either unwilling or unable to ensure the rights of its own citizens, when they face corporate abuses. In the absence of a treaty regulating extraterritorial obligations (ETOs) in the context of the overseas operations of companies, the content of said obligations has been developed primarily through the statements of international human rights bodies.

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Verdades y mentiras sobre el indulto a Fujimori: algunas precisiones desde el Derecho Internacional

Daniel Cerqueira

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Desde que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) concedió indulto por razones humanitarias y derecho de gracia a Alberto Fujimori, el 24 de diciembre, se ha desatado un acalorado debate público entre los defensores y detractores de la decisión presidencial. En un país caracterizado por una creciente polarización política, las opiniones divorciadas de un compromiso con la verdad y la terquedad de quienes buscan legitimar la decisión de PPK descansan en un mismo elemento: la imprecisión sobre ciertos conceptos jurídicos.
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Cooptación del Estado, tragedia ambiental y olvido: Los ingredientes de la minería en Brasil

Daniel Cerqueira y Letícia Aleixo

Publicado originalmente en  Global Americans

English  Português

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El 5 de noviembre de 2015, Brasil protagonizó la peor tragedia ambiental de su historia. Dos embalses de una mina de hierro de la empresa Samarco S.A.—empresa asociada a BHP Billiton y Vale— colapsaron, dejando un rastro de destrucción sin precedentes. La tragedia tuvo lugar en Mariana, en el corazón del estado de Minas Gerais, cuya historia siempre estuvo marcada por la minería. El desecho convirtió a los poblados de Bento Rodrigues y Paracatu, en la zona rural de Mariana, en ciudades fantasmas. Varios manantiales fueron sepultados y el Río Doce—uno de los principales corredores hídricos del sureste brasileño—se convirtió en un mar de lodo de aproximadamente 850 kilómetros atravesando desde el este de Minas Gerais y el estado de Espíritu Santo, alcanzando finalmente a la isla de Arbolaos.

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Promoviendo el debate sobre las obligaciones extraterritoriales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Daniel Cerqueira

Texto publicado originalmente en inglés dentro del libro, “For Human Rights Beyond Borders: Handbook on how to hold States accountable for extraterritorial violations” del ETOs Consortium.

English

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En octubre de 2013, varias OSC latinoamericanas participaron en una audiencia ante la CIDH titulada “Situación de los derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y responsabilidad de los Estados huéspedes y de origen de las empresas”[1]. En abril de 2014, tras tres años de investigaciones, una coalición formada por OSC de Chile, Colombia, Honduras, México, Perú y EE.UU. publicó un informe relacionado sobre el impacto de las empresas mineras canadienses en América Latina y la responsabilidad de Canadá[2]. El informe examina 22 proyectos mineros llevados a cabo en nueve países en la región, e identifica un patrón de violaciones de derechos humanos y sus causas subyacentes, sobre todo en Canadá, Estado de origen de las empresas implicadas en los abusos.

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Prompting the ETOs Debate in the Inter-American Human Rights System

Daniel Cerqueira

This article was published as a chapter on the book, For Human Rights Beyond Borders: Handbook on how to hold States accountable for extraterritorial violations by the ETOs Consortium

Español

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In October 2013, a number of Latin American civil society organizations (CSOs) participated in a hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) entitled “The impact of natural resource extraction in Latin America and the responsibility of host States and corporations’ home States.”[1] In April 2014, a er three years of research, a coalition comprised of CSOs based in Chile, Colombia, Honduras, Mexico, Peru, and the United States published a related report on the impact of Canadian mining companies in Latin America and Canada’s responsibility.[2] The report examines 22 mining projects carried out in nine countries in the region and identifies a pattern of human rights violations and its underlying causes – notably in Canada, the home-State of the companies involved in the abuses.

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