Victims of environmental crimes in Brazil seek redress and justice in European courts

How can transnational litigation help to overcome corporate impunity?

Daniel Cerqueira* and Letícia Aleixo**

See Spanish and Portuguese versions.

The Brazilian State’s inability to respond effectively to victims of environmental crimes has led to several legal actions in European countries, where companies responsible for the harm are registered. This essay aims to contribute to the discussion on cross-border litigation as a strategy for counteracting the corporate takeover of environmental permitting and inspection procedures in Brazil, by examining the history and developments in the wake of the dam collapses in Minas Gerais that involved mining and engineering companies based in the United Kingdom and Germany.

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Víctimas de crímenes ambientales en Brasil buscan reparación y justicia en tribunales europeos

¿Cómo el litigio transnacional puede ayudar a superar la impunidad corporativa?

Daniel Cerqueira* y Letícia Aleixo**

Ver versiones en portugués e inglés.

Ante la incapacidad del Estado brasileño de brindar respuestas efectivas a las víctimas de crímenes ambientales, se han presentado algunas acciones judiciales en países europeos, en donde empresas responsables por los daños se encuentran registradas. El presente ensayo busca contribuir a la discusión sobre el litigio transnacional como estrategia para superar la captura corporativa de los procesos de licenciamiento y fiscalización ambiental en Brasil, a partir del análisis de los antecedentes y desarrollos posteriores a los colapsos de embalses ocurridos en el estado de Minas Gerais, con la participación de empresas mineras y de ingeniería con sede en el Reino Unido y Alemania.

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Jurisprudencia de la Corte IDH en casos sobre DESCA: entre lo retorico y lo impredecible

Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso ANCEJUB-SUNAT vs. Perú

Daniel Cerqueira*

En los últimos dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha empeñado en ampliar sus estándares con relación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Un número creciente de sentencias reconoce la justiciabilidad directa del art. 26 de la Convención Americana (CADH), referido a los DESC, y detalla las obligaciones estatales frente a derechos como salud, trabajo, estabilidad laboral, seguridad social, derechos ambientales, entre otros. Estos esfuerzos recientes remontan a pronunciamientos obiter dicta y votos disidentes que, desde finales de los ochenta, han sostenido su competencia contenciosa en torno a los DESC. Pero el salto jurisprudencial más ambicioso tuvo lugar en agosto de 2017, con la sentencia del Caso Lagos del Campo vs. Perú. Se trata del primer fallo que declara la violación directa de un derecho social, hasta entonces considerado justiciable de manera indirecta o por conexidad, bajo ciertos derechos civiles y políticos protegidos en la CADH.

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Lo internacional y lo teleológico de los DDHH

Algunos comentarios con ocasión del día internacional de los derechos humanos

Daniel Cerqueira*

Con ocasión del 71º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las efemérides del Sistema Interamericano en el presente año – 60º aniversario de creación de la CIDH y 50 años de adopción de la Convención Americana (CADH), el presente ensayo contiene breves comentarios que buscan responder al núcleo duro de las críticas más recientes que se han realizado al actuar de la CIDH y otros organismos internacionales de derechos humanos. Me refiero a la alegada injerencia indebida en la esfera de autonomía y la transgresión del principio de no interferencia en los asuntos internos de los Estados.

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Celebrating indigenous peoples’ rights beyond prior consultation

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

In 1994, the UN General Assembly chose August 9th as the International Day of the World’s Indigenous Peoples. This day serves a moment for civil society, states, and the international community to reflect on the challenges in ensuring respect for indigenous peoples’ rights. This essay will focus on the right to free, prior and informed consultation (FPIC), which faces major challenges in its implementation. This right was recognized in constitutions that established a new model for the participation of indigenous peoples in state decisions. In the 80’s and 90’s, various states in the Western Hemisphere began to define themselves as multicultural societies and abandoned the previously dominant integrationist constitutional paradigm. This paradigm was based on two main premises: i) indigenous peoples’ cultures tend to extinguish due to their unsuitability to the economic and social order; and ii) public authorities must mediate the assimilation of indigenous peoples to the rest of society, guaranteeing them minimum economic and social rights.

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Celebremos los derechos de los pueblos indígenas, más allá de la consulta previa

Daniel Cerqueira*

English version here.

En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Dicha fecha es una ocasión para que la sociedad civil, Estados y comunidad internacional reflexionen sobre los desafíos para el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los derechos que presentan importantes retos para su debida implementación, este ensayo se enfocará en la consulta previa, libre e informada (CPLI). En el ámbito constitucional, su reconocimiento ocurrió en un contexto de adopción de cartas políticas que establecieron un nuevo modelo de participación de los pueblos indígenas en las decisiones estatales. Entre las décadas de 1980 y 1990, varios Estados del continente pasaron a reconocerse como sociedades multiculturales y abandonaron el paradigma constitucional integracionista vigente hasta entonces. Dicho paradigma se basaba en dos premisas principales: i) la cultura de los pueblos indígenas tiende a extinguirse por su inadecuación al orden económico y social mayoritario; y ii) el poder público debe mediar la integración de los pueblos indígenas al resto de la sociedad, garantizándoles derechos económicos y sociales mínimos.

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Irresponsabilidad editorial y Estado de Derecho

A propósito del amarillismo informativo de Perú21 en contra del constitucionalista Pedro Grández

Daniel Cerqueira y Ursula Indacochea*

En un Estado de Derecho, la opinión de una persona sobre el actuar de los funcionarios estatales cuenta con un blindaje jurídico que exime al autor o autora de la opinión de sanciones. Las opiniones que versan sobre asuntos de interés público se enmarcan en los llamados “discursos especialmente protegidos” por el ordenamiento constitucional de cualquier Estado que se llame democrático, y por tratados internacionales tales como la Convención Americana (art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, art. 19). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha precisado dicha máxima, al afirmar que “las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ejercer cargos públicos también gozan de un nivel especial de protección bajo la Convención Americana[1].”

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Estándar de prueba y argumentación jurídica en la era de la posverdad

Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay

Daniel Cerqueira*

El pasado 13 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el Caso Arrom Suhurt y otros, relacionado con la desaparición forzada y tortura de Arrom Suhurt y Anuncio Martí, líderes del movimiento Patria Libre en Paraguay. Estas personas permanecieron detenidas desde el 17 hasta el 30 de enero de 2002, en el marco del operativo de rescate de la señora María Edith Bordón, quien había sido secuestrada y mantenida en cautiverio por varias semanas. En septiembre de 2017 la Comisión Interamericana (CIDH) emitió un informe de fondo sobre el caso y concluyó que los señores Arrom y Martí habían sido víctimas de desaparición forzada y de actos de tortura, y que dichos hechos son atribuibles al Estado paraguayo. Estas conclusiones se basaron en declaraciones de las víctimas; testimonios de diferentes personas; notas de prensa y pronunciamientos públicos de altos funcionarios estatales que indicaban la existencia de un operativo policial de captura de los señores Arrom y Martí; registros fotográficos y grabaciones periodísticas; un informe suscrito por nueve médicos, registrando lesiones corporales graves provocadas días antes de la liberación de las presuntas víctimas; entre otros.

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Impericia jurídica, insolencia histórica e incoherencia diplomática: a propósito del manotazo de cinco países de Sudamérica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Daniel Cerqueira*

El pasado 23 de abril la cancillería chilena publicó un comunicado en que el gobierno de Sebastián Piñera y sus homólogos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay manifestaron una serie de inconformidades con el actuar de la Comisión (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El comunicado hace alusión a una declaración suscrita por los cancilleres de los referidos países, con críticas genéricas a los órganos del Sistema Interamericano (SIDH), sin explicaciones ni ejemplos concretos de decisiones de dichos órganos. Hasta ahora, no hay claridad ni siquiera sobre la fecha de adopción de la declaración, la cual no ha sido publicada en las páginas oficiales de todas las cancillerías que la suscribieron.

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First impressions on the Draft Optional Protocol to the Human Rights and Business Treaty

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello, and Daniel Cerqueira*

Originally published in ESCR-Net.

Lea la versión en español aquí.

At first glance, the zero drafts of the Legally Binding Instrument (LBI) and Optional Protocol (OP) raise serious doubts as to whether they add value to the effort of making business enterprises accountable for human rights abuses. The draft LBI establishes the “effective access to justice and remedy to victims of human rights violations in the context of business activities” as one of its main purposes. However, the OP addresses enforcement mostly through national implementation mechanisms and an international committee of experts, both of which have weak oversight and monitoring powers.

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