Calixto Ávila Rincón*

La situación de derechos humanos en Venezuela forma parte de los debates y procedimientos en la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional, gracias a la acción permanente de las organizaciones de la sociedad civil y especialmente de las víctimas. De no existir este accionar, las instancias y organizaciones internacionales no podrían adoptar medidas para propiciar el restablecimiento de la democracia y para que se respeten y garanticen los derechos humanos incluido el derecho a la justicia.

Para empezar, la Unión Europea mantiene desde 2017 medidas restrictivas (sanciones) que acaba de prorrogar por 6 meses contra el Estado venezolano y sus agentes, consistentes en un embargo de armas y de equipos destinados a la represión interna, así como la prohibición de viaje al espacio Schengen y la inmovilización de bienes respecto a 54 altos funcionarios venezolanos responsables, según la UE, de atentar contra la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Por otro lado, pese a que el gobierno de Maduro denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y abandonó la OEA, las ONG venezolanas continúan atendiendo las audiencias en la Comisión Interamericana que ha adoptado desde 2019 más de 50 medidas cautelares e incluso ha elevado a la Corte Interamericana tres casos contenciosos posteriores al 10 de septiembre de 2013 cuando se hizo efectiva la denuncia de la Convención. Aunque el gobierno de Maduro rechace las sanciones europeas y desconozca las decisiones del Sistema Interamericano, no logra impedir que las violaciones a los derechos humanos permitan fundamentar las decisiones de la Unión Europea y que el Sistema Interamericano continúe actuando y pueda en el futuro retomar la relevancia que había tenido.

De otra parte, las estrategias del gobierno para debilitar el Sistema Interamericano generaron el efecto contrario en el Sistema Universal de las Naciones Unidas. La ONG venezolanas e internacionales fortalecieron sus acciones ante la ONU y lograron, en relativamente corto plazo, una presencia en el país de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el establecimiento de la Misión Internacional para la Determinación de los Hechos, uno de los más altos mecanismos de investigación del Consejo de Derechos Humanos. La dos instituciones deben elaborar y presentar informes al Consejo, sobre la situación en Venezuela, que son debatidos durante los tres periodos de sesiones anuales en este órgano. El gobierno intentó sin mucho éxito debilitar y desprestigiar tanto la OACNUDH como la Misión [Misión Internacional para la Determinación de los Hechos], a la que ha impedido entrar al territorio nacional. Al mismo tiempo, ha pretendido confrontar el trabajo de estas dos instancias aceptando como buena a la OACNUDH y señalando como mala a la Misión, en un intento por descalificar las funciones de monitoreo para reducir la relación con la OACNDUH y con el Consejo a meras relaciones de cooperación y asistencia técnica “siempre con la aquiescencia del Estado concernido”.

Ese gobierno lleva tiempo obstaculizando todo mecanismo de investigación en la ONU y creando alianzas con gobiernos violadores de derechos humanos que están bajo investigación. Así ha creado el “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU”, con sede en Ginebra, como una caja de resonancia de 20 países que enarbolan la soberanía, la no injerencia en asuntos internos y la igualdad entre Estados, para descalificar cualquier mecanismo de investigación aprobado mediante voto en el Consejo. A ello agregan una narrativa de dobles estándares, politización, colonialismo e imperialismo, invocando que son objeto de campañas y agresiones internacionales con el fin de victimizarse. A este discurso no ha escapado la investigación sobre crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI). En efecto, ese discurso fue parte de los alegatos del gobierno y sus abogados durante las audiencias en la Sala de Apelaciones en la CPI en donde se decidirá antes de febrero de 2024 sobre la apelación del Estado contra la investigación en Venezuela I. Ese gobierno tampoco ha dudado en descalificar al Fiscal de la CPI y a los mismos magistrados de esa corte internacional.

De todas maneras, las autoridades venezolanas no pueden ignorar las instancias y las organizaciones internacionales antes mencionadas. El accionar de las organizaciones de la sociedad civil y en especial de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de crímenes contra la humanidad, ha elevado el nivel de los debates y decisiones en las instancias internacionales. A nivel nacional, debido a la ausencia de Estado de derecho, ese accionar se ve limitado en su alcance. Pero a nivel internacional, con instituciones independientes regidas por normas preestablecidas y respetadas, las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil han logrado un impacto que el gobierno apenas alcanza a mitigar, pues no está acostumbrado a enfrentar instituciones independientes, ni mucho menos a argumentar en debates con garantías para todas las partes.

*Abogado, investigador y especialista en derechos humanos y Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.

Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré