Silvia Serrano Guzmán*

Miles de solicitudes motivaron que el pasado viernes 14 de mayo la CIDH le solicitara al Estado de Colombia su anuencia para una visita al país. Además, se le ha solicitado a la Comisión la conformación de un grupo de investigación independiente. Aquí defiendo que estas solicitudes están más que justificadas y comento la importancia de que se materialicen.

Desde el 28 de abril no ha habido un día en el que no se hayan reportado denuncias de violaciones de ddhh por parte de la fuerza pública que incluyen detenciones arbitrarias, muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza, desapariciones y violencia sexual. Existen videos que muestran a la fuerza pública usando armas letales e indiscriminadas. En este marco, el Gobierno optó por implementar la asistencia militar en las labores de orden público con los riesgos que ya conocemos. A esto se suma un clima de estigmatización de la protesta desde las más altas autoridades del Estado y una inexplicable omisión de dichas autoridades en condenar inequívocamente esos hechos. Pareciera que se entiende que condenar las violaciones de ddhh de la fuerza pública significa aceptar la – también grave – violencia que excede el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Pero si este panorama no fuera lo suficientemente grave, también hemos visto a civiles armados disparándole a manifestantes con fuerza pública observando tranquilamente la situación, reviviendo el fantasma (que nunca se fue) del paramilitarismo.

Todo se agrava por la falta de credibilidad y legitimidad de los órganos de control debido a que las designaciones de sus titulares estuvieron empañadas por su cercanía personal con el Gobierno, entre otros cuestionamientos. El rol que han jugado en estos días es, por lo menos, débil. Además, hay un altísimo riesgo de impunidad de las violaciones de ddhh de la fuerza pública en este contexto porque muchos casos siguen siendo conocidos por la justicia penal militar – como el de Dilan Cruz ocurrido durante las protestas de noviembre de 2019.

Es evidente que Colombia está atravesando una gravísima crisis de derechos humanos que amerita una atención intensa y oportuna de la CIDH. ¿Pero qué puede hacer la CIDH y en qué puede contribuir?

La CIDH ha adoptado varios pronunciamientos expresando preocupación y condenando muchos de los hechos mencionados. También se sabe que se han solicitado medidas cautelares que seguramente están siendo estudiadas. Los comunicados de prensa y los trinos son importantes, pero tienen relevancia acotada en el tiempo y su impacto es limitado, más allá de lo mediático. Las medidas cautelares son fundamentales, pero no tienen la virtualidad de atender integralmente la situación. La CIDH ha acertado en los últimos años en innovar en sus mecanismos de monitoreo y contribuir a superar crisis de derechos humanos como esta.

La situación de Nicaragua en 2018 con denuncias muy similares a las descritas arriba también en contexto, activó que la CIDH hiciera presencia con una visita en mayo y prácticamente un mes después, para inicios de julio del mismo año, ya estaba entrando en funciones el grupo de expertos independientes (GIEI) que investigó la situación en terreno y elaboró un informe crucial. También se sumó un mecanismo especial de seguimiento de la Comisión (MESENI). Todo de manera complementaria a los mecanismos más tradicionales de monitoreo.

Implementar una intervención integral como esta en Colombia podría: (i) contribuir al esclarecimiento de las violaciones de ddhh ocurridas en este período y con ello al derecho a la verdad; (ii) formular recomendaciones puntuales a las autoridades a cargo de las investigaciones y también en materia de reparación; (iii) coadyuvar a la no repetición y al pleno ejercicio del derecho a la protesta; (iv) apoyar constructivamente al ineludible proceso de reforma estructural a la policía; y (v) con todo ello, favorecer la recuperación de la legitimidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones. El listado continúa. Otro efecto positivo que le conviene al Estado es que, si se toma en serio las recomendaciones que surjan de estos mecanismos y satisface los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, podría evitar condenas en casos contenciosos por hechos ocurridos en este período.

En múltiples foros la Comisión ha afirmado que sus mecanismos novedosos han marcado una transformación trascendental que le permite ser más oportuna y relevante. Es el turno de Colombia y la solicitud de anuencia para una visita es un primer paso que da esperanza. Es turno también del Gobierno de mostrar que su discurso de apertura y respaldo a la CIDH es real y que apoya sus labores de monitoreo – incluyendo las novedosas – no sólo cuando se trata de poner el ojo en otros países.

Por último, nada de lo afirmado perjudicaría el necesario proceso de concertación y diálogo que se debe abrir a nivel nacional para empezar a atender los profundos problemas de fondo y el descontento que motivó las protestas. Al contrario, la presencia e intervención activa de la CIDH sería una pieza importante de legitimidad y construcción de confianza en ese proceso.

*Abogada y Directora Asociada de la Iniciativa del O’Neill Institute for National and Global Health Law de la Universidad de Georgetown.

Foto: AP Images/Fernando Vargas