Súper red de Corrupción en Venezuela

Eduardo Salcedo-Albarán* & Luís Jorge Garay-Salamanca**

En 2019 Venezuela obtuvo el mismo Índice de Percepción de Corrupción que Yemen, el país con “la mayor crisis humanitaria del mundo[1]. Con un puntaje de 15/100 y ocupando el puesto 176 entre 179 países, incluso Corea del Norte o la República Democrática del Congo obtuvieron mejores puntajes que Venezuela: 18/100.[2]

El pésimo Índice de Percepción de Corrupción en Venezuela refleja la opacidad generalizada, el clientelismo, y la mala gestión que caracteriza a la mayoría de los sectores y ramas mas de la administración pública del país; condiciones que sustentan a la que se ha convertido en la red de macro-corrupción y cooptación institucional más compleja del mundo.

Una red de corrupción es un modelo que informa cómo los nodos/agentes – que representan a individuos y empresas – interactúan para cometer actos de corrupción y obtener objetivos ilícitos. Aplicando metodologías y protocolos del análisis de redes criminales, con estos modelos se puede entender características de la estructura como, por ejemplo, quiénes son los nodos/agentes centrales, cuáles son sus niveles de responsabilidad, cuáles son las principales formas de interacción, y cuáles los recursos que fluyen a través de las rutas indirectas.

Antes de modelar y analizar la situación de corrupción en Venezuela, Lava Jato era la red de corrupción transnacional más compleja que se hubiera investigado empíricamente. Originada con once de las empresas más poderosas de Brasil, Lava Jato se extendió por Latinoamérica involucrando empresas, alcaldes, gobernadores, y presidentes que gestionaron sobornos en forma de donación durante procesos electorales. Las donaciones y los sobornos pagados directamente a candidatos y funcionarios públicos en el contexto de Lava Jato alcanzaban USD$ 800 millones según investigaciones judiciales adelantadas hasta 2019.

Considerando los efectos institucionales de Lava Jato en varios países de América Latina, en 2018 Fundación Vortex se asoció a la organización cívica de Brasil Humanitas360 para analizar este caso y su correspondiente red; como resultado, se identificaron 906 nodos/agentes que establecieron 2,693 interacciones.[3] Luego, en 2019 Fundación Vortex se asoció con el capítulo peruano de Transparencia Internacional, Proética, para analizar los impactos de la red Lava Jato extendida a Perú; el resultado fue una red de 1,399 nodos/agentes que establecieron 3,758 interacciones.[4] Ambas redes identificadas se definieron como macro porque su complejidad alcanzaba la extensión y diversidad de las redes macro-criminales.[5]

Sin embargo, el prefijo “macro” fue insuficiente para describir el nivel de complejidad, extensión y diversidad de la red de corrupción identificada en Venezuela.

Después de aplicar el análisis de redes criminales a documentos judiciales y fuentes de medios de comunicación que informaban acerca de procesos judiciales por corrupción y lavado de dinero contra funcionarios públicos y empresarios venezolanos en más de 30 de países, se identificó una compleja red conformada por 5,748 nodos/agentes[6] que establecieron 17,493 interacciones. Considerando que la red identificada en Venezuela es 3 veces más extensa que Lava Jato, se definió como una súper red cuyas características superan la complejidad de cualquier otro caso de corrupción previamente conocido, como se explica en el libro “Súper red de corrupción en Venezuela: Cleptocracia, nepotismo y violación de derechos humanos”.

Las categorías de interacciones más relevantes de la súper red de corrupción en Venezuela son aquellas que describen nombramientos en cargos públicos mediante clientelismo y nepotismo, y aquellas que describen los roles de las personas asignadas a cargos públicos y en empresas estatales. En conjunto estas dos categorías representan el 73,5% de las 17,493 interacciones, seguidas por la tercera categoría que informa acerca de actos de corrupción básica, con 8%. En este sentido, la súper red de corrupción está sustentada por clientelismo exacerbado y nepotismo, lo que significa que los nombramientos son comúnmente usados para pedir y pagar favores indebidos, con el objetivo último de aumentar el poder económico y político de los nodos/agentes más centrales.

El modelo de la súper red de corrupción en Venezuela revela que el clientelismo, el nepotismo, la opacidad, y la corrupción sistémica se promueven desde los niveles más altos del Estado Venezolano: los dos nodos/agentes más conectados en la red son el presidente Nicolás Maduro, quien es el hub con un indicador de centralidad directa de 3,6%, y José David Cabello, con un indicador de 2,9%. Esto refleja la concentración de poder económico y político en torno a Maduro y su círculo más cercano de colaboradores, pues José David Cabello, actual director de la agencia de impuestos Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), es hermano de Diosdado Cabello, quien ha sido indispensable para el régimen de Maduro. De hecho, 13 miembros de la familia Cabello han sido nombrados en el SENIAT recientemente.[7]

El caso de José David Cabello muestra que los nombramientos en cargos públicos no resultan de criterios técnicos sino de privilegios de aquellos cercanos a la cúpula; esto explica la pésima administración y el colapso de casi todos los sectores políticos y económicos de Venezuela. Con una infraestructura energética decadente y constantes cortes eléctricos, incluso la infraestructura de refinerías ha colapsado en Venezuela, de manera que el país con las mayores reservas petroleras del mundo hoy carece de suministro permanente de gasolina.

A pesar de que el Fondo Monetario Internacional registró en Venezuela una inflación de 200,000% en 2019, los efectos económicos de la corrupción y el deterioro institucional no son los únicos, o los más graves. Por el contrario, la crisis humanitaria y las violaciones de derechos humanos, que se reflejan en el deterioro de los indicadores de calidad de salud, en la falta de alimentos, y en el desplazamiento forzado sin precedentes en la región, son algunos de los más graves efectos.

Por ejemplo, en 2016 la tasa de mortalidad infantil aumentó entre 30% y 40% desde 2008,[8] en 2019 la comunidad médica advirtió que el país registraba el mayor incremento en incidencia de malaria en el mundo con entre 600,000 y un millón de casos, y más de 4 millones de refugiados han abandonado el país desde 2014.[9] Con 32% de la población en situación de inseguridad alimentaria y en necesidad de asistencia de emergencia, actualmente Venezuela también registra la cuarta mayor crisis alimentaria del mundo, superada sólo por Yemen, la República Democrática del Congo y Afganistán.

En general, los derechos humanos básicos de millones de venezolanos son vulnerados diariamente, a nivel individual, colectivo y social, como resultado de la omisión, complacencia o acción del Estado.

Como resultado, una parte de la sociedad venezolana está actualmente estancada en un círculo perverso de (i) clientelismo, (ii) nepotismo, (iii) cleptocracia, (iv) reconfiguración, distorsión y cooptación institucional, (v) impunidad, (vi) violación sistemática de derechos individuales, colectivos y sociales, (vii) debilidad institucional y social, que incrementa las condiciones para mayor (i) clientelismo, (ii) nepotismo, etcétera.  

Romper este círculo perverso requerirá ambiciosas transformaciones estructurales en varias áreas institucionales, cuando las condiciones políticas sean adecuadas; además, se requerirán instrumentos jurisprudenciales y legales que la mayoría de las jurisdicciones en América Latina no tienen hoy. Por ejemplo, será indispensable diseñar y adoptar sistemas heterodoxos de justicia para reparar a las víctimas de la corrupción y reestablecer los niveles mínimos de confianza interpersonal e institucional, necesarios para la convivencia en una sociedad funcional, incluyente, y próspera, en concordancia con las capacidades naturales, humanas, económicas, y sociales del país.


 *Director, Vortex Foundation.

**Director Científico, Vortex Foundation.

Foto: Shutterstock


[1] https://www.unicef.org/emergencies/yemen-crisis

[2] https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/ven#

[3] Garay Salamanca, L., Salcedo-Albarán, E., & Macías, G. (2018d). Macro-Corruption and Institutional Co-optation: The «Lava Jato» Criminal Network. Bogotá, Colombia: Fundación Vortex.

[4] Salcedo-Albaran, E., Garay-Salamanca, L. J., Macias, G., Velasco, G., & Pastor, C. (2019). Lava Jato Perú. Lima: Proética.

[5] Salcedo-Albarán, E., & Garay-Salamanca, L. (2016). Macro-Criminalidad: Complejidad y Resiliencia de las Redes Criminales. Bloomington: Universe, Vortex Foundation, Small Wars Journal.

[6] In this case, the category of legal entities includes public entities involved or affected by the macro-corruption structure.

[7] https://poderopediave.org/organizacion/la-familia-cabello-en-el-seniat/

[8] Garcia, J., Correa, G., & Rousset, B. (2019). Trends in infant mortality in Venezuela between 1985 and 2016: a systematic analysis of demographic data. Lancet Glob Health, 7, e331–36.

[9] ACNUR. (07 de Jun de 2019). Refugiados y migrantes de Venezuela superan los cuatro millones: ACNUR y OIM. Obtenido de ACNUR.ORG: https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5cfa5eb64/refugiados-y-migrantes-de-venezuela-superan-los-cuatro-millones-acnur-y.html.

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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