Jorge E. Padilla Cordero*

La organización Transparency International (TI), ha publicado su más reciente informe anual conocido como el Índice de Percepción de la Corrupción. Se trata de una esperada medición de la percepción del flagelo de la corrupción en el sector público en 180 países y territorios a nivel mundial. Es de hacer notar que año con año las advertencias lanzadas por esta organización internacional dan cuenta una cultura de la ilegalidad que se profundiza y que no conoce de tamaños de países o de grados de desarrollo, permeando diversos niveles y estamentos de las instituciones del Estado.

¿Cómo anda nuestro continente en el índice y qué sucede en tiempos del Covid- 19? Intentaremos comentarlo brevemente.

La forma en que se miden los países se realiza a través de una escala de cero a cien puntos, donde el cero da cuenta de la percepción de una corrupción elevada y el cien, de la percepción de una corrupción inexistente (puntuación que no alcanza ningún país, por supuesto).  El país que ocupa la más alta puntuación y por ende el primer lugar del ranking es Dinamarca que cuenta con 88 puntos sobre 100; y el país que tiene la peor calificación es Sudán del Sur con 12 puntos sobre 100 ubicándose en el lugar 180 de la tabla. Desde una perspectiva global, la mayoría de países evaluados no ha registrado un avance sustancial en la lucha contra la corrupción y más de dos tercios puntúan por debajo de 50, indica el informe.

En nuestro continente, el país mejor puntuado es Canadá que alcanza 77 puntos, ubicándose en la posición 11 del ranking, seguido de Uruguay con 71 puntos y ubicado en la casilla 21; un tercer lugar lo ocupa Chile en el puesto 25 alcanzando 67 puntos; y más abajo en la tabla aparece Costa Rica en la posición 42 y con 57 puntos sobre 100, perdiendo dos lugares con respecto a la medición del año anterior.

El ranking comienza a mostrar la cara más corrupta del continente a partir de Nicaragua en el puesto 159 del índice con 22 puntos; desciende un tanto más con Haití que alcanzó 18 puntos sobre 100 en la casilla 170; hasta alcanzar la nefasta posición de Venezuela en el escalafón 176 que obtuvo tan sólo 15 puntos sobre 100.

Un Triángulo Norte Centroamericano siempre convulso, inseguro y con serios problemas de institucionalidad cuyo impacto alcanza a los parlamentos que adoptan normas restrictivas para una correcta cultura de rendición de cuentas, dan cuenta que el informe anual llame la atención con vehemencia al afirmar de la “alarmante concentración de poder en el brazo ejecutivo de El Salvador, ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de corrupción vinculados a la contratación relacionada con la Covid-19”. Este país alcanzó un puntaje de 36 en la tabla general, ubicándose en el puesto 104.

Guatemala, por su parte se ubica en el puesto 149 de la tabla, obteniendo escasos 25 puntos. Se trata de uno de los países que ha reportado un declive significativo en los últimos 8 años. El informe señala amenazas al derecho a la información a partir de reformas legales que se constituye en un verdadero revés para la necesaria y libre supervisión ciudadana en la realización de derechos sociales como la educación y la salud que sufrieron recortes presupuestarios, comprometiendo el acceso y calidad de dichos servicios esenciales.   

Más al norte, México “salta” seis lugares en el índice con respecto al año anterior y se ubica en el puesto 124 obteniendo 31 puntos. No obstante, es un país con una calificación muy deficiente si analizamos su posición desde la perspectiva de los países que conforman la OCDE, ya que es el peor evaluado entre los 37 Estados miembros de dicho foro político y económico. Factores como la falta de sanciones para los casos y las redes de corrupción que son de conocimiento de la opinión pública gracias al trabajo de investigación periodística; deficiencias en la labor de las instituciones anticorrupción, y una falta de reparación efectiva a las víctimas de delitos vinculados con casos de corrupción, son destacados por el índice como falencias estructurales de dicho país.

Transparency Internacional destaca el comportamiento de dos países en concreto en la región que merecen la pena analizar: Perú a pesar de su ya conocida dinámica e inestabilidad institucionalidad que en el último año ha experimentado cambios en la jefatura del Estado y constantes anuncios de casos de corrupción que alcanzan dimensiones internacionales, se conjuga con algunos avances en la adopción de normas de lucha contra la corrupción que fueron valorados positivamente por TI. Como resultado de ello, aquellas personas declaradas culpables de corrupción no podrán acceder a cargos públicos, y por otra parte, se robustece el control en el financiamiento político. Para este año, el país andino “sube” dos puestos, ubicándose en la posición 94 y con una puntuación de 38.

El otro país de importancia es Honduras que experimentó una caída importante en el ranking y se ha ubicado en el nivel más bajo desde que se publica el índice: obtuvo tan solo 24 puntos de 100 ocupando la casilla 157. Elementos como una institucionalidad débil, niveles de pobreza y desigualdad muy altos, así como la dificultosa e ineficaz lucha contra la corrupción, fueron valorados por la organización como condiciones suficientes para una calificación aún dos puntos menores a la alcanzada por Honduras en el 2019.  

Corrupción y Pandemia

Las alarmas no cesan. Transparency Internacional considera que el Covid-19 es más que una crisis sanitaria y económica.  Esta organización insiste en que la corrupción socava la posibilidad de una respuesta global justa y equitativa a la pandemia y sus insidiosas consecuencias han causado un número incalculable de víctimas mortales.

Esto es real y se evidencia en la calidad de los servicios públicos esenciales de todos nuestros países. La corrupción impacta directa y negativamente en la realización de los derechos humanos y más específicamente en los derechos sociales. Tanto en el contexto de la pandemia como fuera de ella, la corrupción se manifiesta en sobornos, malversación de fondos y en muchas otras tipologías de ilícitos. Frente a ello, las personas ya no soportan tanta inequidad, exclusión y discriminación; ya no toleran instituciones del Estado gestionadas y dirigidas por verdaderos maestros del delito. Aún con las medidas de distanciamiento social o las restricciones de movilidad pública, hemos sido testigos de las multitudinarias manifestaciones en vía pública que exigen transparencia y un Estado de Derecho que cumpla con sus fines; administraciones de justicia imparciales y eficaces, así como tribunales de cuentas con verdaderos mecanismos que permitan realizar monitoreos acompañados de sistemas sancionatorios administrativos y penales eficaces capaces de sentar responsabilidades y hacer cumplir la ley.

En respuesta a estos movimientos sociales, preocupan altamente los discursos oficiales criminalizadores y la desproporción evidente en el uso de la fuerza para disipar las marchas o manifestaciones pacíficas, amparados en dudosas interpretaciones de las disposiciones normativas de restricción de derechos (asociación, reunión, libertad de tránsito), para contener la propagación de la pandemia.  

No cabe duda que la pandemia ha sido un acelerador de las brechas institucionales que no han permitido brindar respuestas eficaces y que a su vez se han encontrado con sistemas sanitarios profundamente deteriorados sin capacidad para atender las dimensiones que ha tornado el virus. Décadas de desmantelamientos con la adopción de políticas de ajuste estructural acompañados de una corrupción rampante nos golpean en la cara con la más evidente y deshumanizadora situación de tener que escoger a quien mantener conectado a ventiladores artificiales y a quienes no, ante la carencia de equipo para la mayor cantidad de personas posibles.

Finalmente, vale la pena destacar del informe los cuatro pilares sobre los cuales se debe trabajar para poder considerar avances sustanciales en la lucha contra la corrupción en el contexto del Covid-19. En primera instancia, un reforzamiento a los organismos de supervisión, que implica más que la existencia de una estructura formal para la promoción de la transparencia, la imperiosa necesidad de contar con los recursos y la independencia funcional suficientes para realizar su labor; en segundo término, contar con procesos de contratación abiertos y transparentes,dotados con suficientes herramientas que identifiquen irregularidades, conflictos de intereses y garanticen precios justos en la adquisición de tratamientos eficaces para contener el virus. En situaciones de extrema urgencia donde se liberan o se reciben fondos internacionales, los procesos de gestión y contratación tienden a sufrir una relajación peligrosa que se convierte en portillos de oportunidad para la corrupción y el desvío de fondos públicos.

Un tercer pilar,  defender la democracia y fomentar el espacio público. Este es vital por cuanto la excepcionalidad de la emergencia que llevó a la mayor parte de Estados a declarar estados de calamidad o a suspender garantías, implicó en paralelo la interrupción de labores de buena parte de las instituciones clave para el mantenimiento sólido de la democracia: parlamentos cerrados, sistemas de justicia con capacidades reducidas a lo urgente, entidades de control o espacios para el ejercicio de rendición de cuentas paralizados durante buena parte del año 2020, sumado al cierre de espacios públicos que se combinaron con peligrosos mensajes orientados hacia la criminalización de la sociedad civil organizada que realiza monitoreo científico, se constituyen en verdaderos elementos debilitadores de la democracia. Finalmente, un quinto pilar denominado publicación de datos pertinentes y accesibles es de la mayor relevancia cuando se trata de inversión pública y distribución de los recursos para atender la pandemia. Todo ello, permite poder tomar decisiones y materializarlas en políticas públicas efectivas sujetas a monitoreo y evaluación de impacto. Hoy más que nunca, el ejercicio del acceso a la información de carácter público, a partir del principio de máxima divulgación que ha sido desarrollado por los estándares internacionales de derechos humanos, es fundamental para exigir transparencia en la gestión de la pandemia. El acceso a la información y a servicios públicos sanitarios de calidad son derechos humanos que se encuentran en la primera línea de afectación cuando la corrupción aparece y el Estado tiene la obligación internacional de combatirla y erradicarla.

La Covid-19 se ha convertido en una verdadera emergencia de los derechos humanos, donde la corrupción aparece como esa pandemia focalizada o generalizada, que ha existido entre nosotros, distorsionando políticas públicas, privando a la niñez y a la adolescencia de sistemas educativos accesibles y de calidad; siendo cómplice de miles de personas que han muerto por la ausencia o precariedad de sistemas de salud sin recursos necesarios para la atención temprana; capturando al Estado en su capacidad de gestionar la seguridad y la justicia, promoviendo la impunidad estructural.

La corrupción es esa otra pandemia que debilita la democracia y al Estado de Derecho, que socaba la realización de derechos humanos, castigando a millares de personas a vivir en pobreza, despojándolos de su dignidad y condenándolos a la muerte. 

*El autor es costarricense. Internacionalista y Magister en Derechos Humanos. Consultor Internacional y Profesor universitario.

Fotografía tomada de Transparency International