Compañías canadienses pueden ser demandadas por violaciones de derechos humanos en el extranjero

Isabel Dávila Pereira*

English version here.

El 28 de febrero de 2020 la Corte Suprema de Canadá publicó una decisión emblemática que permitiría establecer la responsabilidad civil de compañías canadienses por violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero. La mayoría de la Corte sostuvo que el derecho internacional consuetudinario forma parte del derecho canadiense[1] y que en la actualidad debe entenderse que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable a corporaciones, al igual que a Estados.

Antecedentes

En el caso Nevsun Resources Ltd. v. Araya (‘Nevsun’), tres trabajadores eritreos alegan haber sido reclutados a un régimen de trabajo forzado mediante el sistema de conscripción del país.  Los trabajadores iniciaron la demanda en la provincia canadiense de la Columbia Británica contra Nevsun, mediante la cual buscan daños por violaciones al derecho internacional consuetudinario, incluyendo prohibiciones de trabajo forzoso, esclavitud, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y crímenes contra la humanidad.

La mina denominada Bisha, es de propiedad de Bisha Mining Share Company, de propiedad de la Corporación Nacional de Minería de Eritrea en un 40% y de la compañía canadiense Nevsun Resources Ltd. en un 60%. En 2002, el período de conscripción militar en Eritrea fue extendido indefinidamente y los conscriptos fueron obligados a proveer servicios con un salario de subsistencia. Los funcionarios de la empresa alegaron que fueron forzados a trabajar bajo condiciones severas y peligrosas por años y que castigos incluían el revolcarse en arena caliente mientras los golpeaban con palos hasta perder la consciencia y otro método denominado el “helicóptero” el cual consistía en atar los brazos de los trabajadores por los codos detrás de su espalda y sus pies por los tobillos y dejarlos bajo el sol en temperaturas calientes durante una hora.

Decisiones Clave

Doctrina del Acto de Estado o ‘Act of State’

La doctrina del Acto de Estado es una norma aplicada en Inglaterra y Australia, que prescribe que una corte local es incompetente para juzgar la legalidad de los actos soberanos de un estado extranjero. La Corte Suprema decidió que la doctrina inglesa no ha sido incorporada  al derecho canadiense. Citando jurisprudencia, la Corte confirmó que las cortes pueden decidir sobre la validez de leyes extranjeras cuando es contingente a la resolución de la controversia sub judice y recalcó la importancia de la justicia y los derechos humanos cuando se toman estas decisiones. Además, declaró que tiene la competencia para considerar evidencia sobre el estado de los derechos humanos en un país extranjero.

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

“Esta apelación trata de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos moderno, el fénix que se levantó de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y declaró la guerra globalmente contra las violaciones de derechos humanos […] Estas normas no estaban hechas para ser aspiraciones o lujos legales, sino imperativos morales y necesidades legales”[2].

La pregunta central del caso Nevsun es si el derecho internacional consuetudinario es parte del derecho canadiense. La Corte decidió que como resultado de la doctrina de adopción –que determina cómo se incorpora el derecho internacional en el ordenamiento doméstico –, las normas de derecho internacional consuetudinario están completamente incorporadas y forman parte del derecho canadiense siempre y cuando no exista legislación local contraria.

Inmunidad Corporativa

Nevsun argumentó que incluso si la Corte decidía que el derecho internacional consuetudinario es parte del derecho canadiense, la compañía sería inmune a su aplicación puesto que estas normas aplican a los estados y no a las corporaciones. La Corte rechazó dicho argumento y estableció que era una malinterpretación del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo. En primer lugar, en la actualidad las normas internacionales de derechos humanos se aplican con frecuencia a actores privados. Por ejemplo, se prohíben violaciones por parte de privados en varios supuestos, incluyendo discriminación, derechos de la niñez, crímenes contra la paz y seguridad, y privacidad. En segundo lugar, la Corte aceptó el comentario académico del Profesor Koh al respecto, el cual argumenta que los actores no estatales como corporaciones pueden ser responsables de violaciones al derecho penal internacional, por tanto, no tendría sentido decir que el derecho internacional imponga responsabilidad penal pero no civil a las corporaciones.

Conclusión

La decisión de la Corte Suprema en el caso Nevsun es emblemática al aplicar normas internacionales de derechos humanos a compañías canadienses cuando estas se encuentran involucradas en denuncias de violaciones de derechos humanos en sus operaciones en el extranjero y aquellas llevadas a cabo por sus subsidiarias y socios.

Sin embargo, aún se debe tener cierta precaución al utilizar esta decisión. Debido a que fue una decisión de carácter procesal sobre una moción para desechar la demanda, la Corte determinó que el mecanismo por el cual dichas demandas deben proceder será decidido por la corte inferior – en este caso la Corte Suprema de la Columbia Británica – al pronunciarse sobre el fondo del asunto.  Adicionalmente, la decisión se enfocó en la incorporación del derecho internacional consuetudinario y de normas de ius cogens, las cuales se adoptan automáticamente. Esta forma de adopción no es la misma para otras normas internacionales de derechos humanos que no sean parte de estas dos categorías y por lo tanto aún podría haber violaciones que no se enmarcan en esta decisión.

Finalmente, este tipo de demandas puede enfrentar obstáculos significativos de accesibilidad debido a su alto costo y extensa duración. Una acción judicial de este tipo puede costar millones de dólares en Canadá y puede durar de 10 a 15 años hasta alcanzar una resolución final. Esto significa que las comunidades afectadas deberán encontrar el financiamiento o representantes legales dispuestos a tomar el caso de manera gratuita o bajo honorarios más módicos, que permitan el cobro de costos legales solo si la resolución es favorable para la comunidad. El financiamiento se torna aún más complicado debido a que la mayoría de grandes firmas dispuestas a asumir casos de manera gratuita tienen clientes en la industria extractiva y por tanto podrían tener conflictos de interés para asumir estos casos. Actualmente, solo tres firmas de abogados han aceptado casos similares en Canadá.

 

*Isabel Dávila Pereira es graduada de la escuela de derecho, Osgoode Hall Law School, y participa en el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa como voluntaria.

 

[1] Nevsun Resources Ltd v Araya, 2020 SCC 5, párrafo 94 [Nevsun].

[2] Traducción de un extracto de la decisión de la Corte Suprema de Canadá en Nevsun Resources Ltd. v Araya, párrafo 1.

 

Foto: Mina Bisha en Eritrea, Martin Schibbye / Wikimedia Commons

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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