Carlos López Hurtado*

No es el primer derrame de petróleo ni, tememos, el último en ocurrir en el Perú. Durante décadas la Amazonía peruana se ha visto gravemente contaminada por roturas de oleoductos y otros desastres. El reciente derrame de petróleo en el mar frente a las costas del puerto del Callao y Lima ha generado una especial indignación ciudadana y cobertura mediática por una simple razón: ocurrió en la capital del país. En el presente artículo, el autor aporta algunas pistas de cómo podría determinarse la responsabilidad de la multinacional Repsol a la luz de los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos.

Los hechos relacionados al vertido de alrededor de 11,000 barriles de petróleo en el mar peruano frente a la localidad de Ventanilla (puerto del Callao, próximo a la ciudad de Lima), han generado un profundo debate que, de cierta manera, obliga a explorar nuevas e innovadoras pistas para determinar responsabilidades. Una de esas pistas es la de la responsabilidad social y legal de la empresa Repsol, filial de la multinacional española del mismo nombre.

El derrame de petróleo frente a Ventanilla (15 de enero 2022) ocurrió en circunstancias en las que el buque tanque “Mare Doricum” descargaba petróleo para la refinería de La Pampilla, administrada por la empresa del grupo español Repsol, a través de un ducto marino por el que filtró el petróleo. Repsol culpó a las mareas altas originadas en la erupción de un volcán en Tonga, un hecho imprevisible e incontrolable.