DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS NO DEBERÍAN SER INCOMPATIBLES EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

 

Por: David Lovatón Palacios

Profesor Principal PUCP, Consultor en DPLF

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Foto: Noticaribe

La Península de Yucatán en México debe ser una de las regiones más bellas y únicas del planeta. Comprende los Estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. El cataclismo que supuestamente sucedió allí hace millones de años, esculpió unas llanuras verdes e infinitas, unas rocas porosas y unos ríos y cenotes subterráneos, que fueron testigos de las milenarias y sabias culturas mayas que ahí florecieron y que su impronta sigue vigente hoy en día.

Por ello la península es un atractivo turístico mundial por sus paradisiacas playas, inspiradores parajes naturales y restos arqueológicas que son patrimonio de la humanidad. El turismo suele traer trabajo y divisas; por eso se le conoce comúnmente como la “industria sin chimeneas” y países como España o Italia basan parte de sus economías en esta actividad económica. Pero para que se den estos efectos virtuosos, el turismo debe desarrollarse en armonía con el ambiente y las comunidades locales. Un turismo depredador sin duda es un pésimo negocio.

Esa es la razón por la cual ha causado tanta indignación nacional e internacional el reciente y grave atentado contra el manglar de Tajamar, en el Estado de Quintana Roo en Cancún. 57 hectáreas de manglar fueron “casi” destruidas en la madrugada del sábado 16 de enero por trabajadores con maquinaria pesada, que contaron con el apoyo de policías municipales y federales. Este manglar venía siendo protegido por la población local y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre los que cabe destacar el movimiento “Salvemos Manglar Tajamar” y un grupo de 113 niños que inclusive promovieron un proceso judicial de amparo para suspender el proyecto turístico “Malecón Tajamar”, que cuenta con el aval del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).[1]

Decimos “casi” destrucción porque los expertos y organizaciones que defienden el manglar aún tienen la esperanza que si se desiste en forma definitiva de las obras, el manglar tal vez podría recuperarse en una década.[2] Organizaciones internacionales ambientalistas como Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), han pedido públicamente al Gobierno mexicano que no se continúen las obras.

Dicho proyecto turístico “Malecón Tajamar” data del 2006 y desde entonces se vio envuelto en serios cuestionamientos por parte de las comunidades locales, quienes han venido librando diversas batallas legales, lo que -entre otras cosas- había permitido que el manglar no fuera destruido con anterioridad. Sin embargo, ante la proximidad del vencimiento del plazo de la autorización concedida en febrero próximo, al parecer los impulsores del proyecto turístico optaron por una estrategia de hechos consumados.

La prensa mexicana da cuenta que un juez federal de Quintana Roo ha dispuesto –nuevamente – la suspensión temporal de las obras.[3] Sin duda es una buena noticia en medio de esta tragedia ambiental, pero la comunidad internacional deberían seguir apoyando a las comunidades locales para la cancelación definitiva del referido proyecto turístico, con la esperanza que en unos años pueda recuperarse el manglar de Tajamar.

La defensa de recursos o ciclos naturales como el agua, la polinización de las abejas o los manglares, es sin duda uno de los aspectos más importantes de la agenda de derechos humanos en la Península. En ese marco, las organizaciones indígenas y asociaciones de apicultores de la región se han comprometido con esta lucha, no sólo por defender el ambiente y los recursos naturales, sino también en defensa de sus derechos fundamentales a vivir en un ambiente sano y equilibrado y a decidir el modelo de desarrollo que les depare bienestar.

Existe la imagen aparente que la Península de Yucatán –en comparación con otras regiones de México– no padece graves problemas en materia de derechos humanos en general y de derechos de los pueblos indígenas en particular. Precisamente, graves atropellos ambientales como el del manglar Tajamar, nos muestran lo contrario y, por ello, hacen bien estas organizaciones al denunciar nacional e internacionalmente que en la Península también hay serios problemas de derechos humanos que deberían concitar el interés y la atención de las autoridades mexicanas y la comunidad internacional.

En tal sentido, la Fundación para el Debido Proceso y organizaciones de sociedad civil de la Península,[4] hemos identificado algunos patrones de violación de derechos humanos en dicha región, que vienen afectando gravemente el derecho al agua, al territorio de los pueblos indígenas, el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, el acceso a la justicia y el derecho a la identidad étnica y cultural.[5] Derechos reconocidos no sólo por el ordenamiento constitucional mexicano, sino que también hacen parte de los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos ha asumido México.

Por ejemplo, las comunidades mayas asentadas en la Península de Yucatán y los apicultores que inclusive exportan miel a Europa, están haciendo frente a un modelo de desarrollo agrícola que impacta de manera directa su modo de producción, de organización y su relación con el entorno ambiental, generando efectos devastadores para su supervivencia, afectando además a la población en general.

En el caso del agua, la Península es la región con mayor recarga hídrica en México, con 25 mil millones de metros cúbicos y por ende una de las principales reservas del vital líquido. A pesar de ello, proyecto agroindustriales y turísticos ponen en riesgo tales reservas. La contaminación de cuerpos de agua superficial y del manto freático por el uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes, tiene un impacto no sólo en la calidad del agua sino en la salud de quienes viven en la Península.

Agrava lo anterior, el incremento de las políticas públicas que impulsan la siembra de monocultivos en la región, que representa un grave riesgo para las variedades vegetales oriundas de la zona, para el suelo y la tierra, por el aumento en el uso de plaguicidas en el campo. De manera especial, los permisos otorgados para la siembra de soya genéticamente modificada en hasta 240,000 hectáreas que incluyen los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, conlleva el peligro del uso de mayores cantidades de plaguicidas y fertilizantes, y particularmente del herbicida glifosato, declarado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Estos plaguicidas también son un factor importante en la disminución de las colmenas de abejas, pues a mayor aplicación, mayor muerte de abejas y menor producción de miel, lo cual ya ha sido denunciado por los apicultores.

Por ello el año pasado 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró fundado un amparo presentado por diversas organizaciones de sociedad civil de la Península, esgrimiendo que en el otorgamiento de permisos para la siembra de soya transgénica, se habían vulnerado diversos derechos fundamentales de las comunidades locales, entre otros, el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas de la región. Gracias a esta importante decisión judicial, las autoridades mexicanas tienen la obligación de iniciar este año 2016 un extenso y auténtico proceso de consulta a las comunidades locales en los Estados de Campeche y Yucatán, para determinar si conviene –o no– el cultivo de soya transgénica en dicha región.

Este extenso proceso de consulta previa debe tomar en cuenta los estándares internacionales ya desarrollados para tal efecto, como llevarse a cabo en la lengua indígena del lugar, en las propias comunidades, previendo un plazo razonable para que la comunidad reflexione y adopte una decisión, que las autoridades proporcionen toda la información pertinente, entre otras condiciones. La Península y el Estado mexicano no pueden dejar pasar la oportunidad de llevar a cabo un auténtico proceso de consulta previa y evitar la tentación de un cumplimiento tan sólo aparente y formal del mandato judicial. Consideramos que es el camino para evitar que tragedias ambientales como la del manglar Tajamar vuelvan a repetirse, escuchando como corresponde a las comunidades locales. El desarrollo que depreda o destruye los recursos naturales y la naturaleza, ya no es en rigor –hoy por hoy– desarrollo; sólo lo sostenible ambiental y socialmente hablando, merece ser calificado como tal.

[1]http://www.greenpeace.org/mexico/es/Blog/Blog-de-Greenpeace-Verde/ecocidio-en-tajamar/blog/55330/

[2]“… hay expertos que consideran que si la obra se suspende en forma definitivamente, aún puede rescatarse el manglar destruido en un lapso de más de una década.” (http://mundo.sputniknews.com/ecologia/20160123/1056006389/wwf-mexico-manglares.html)

[3]http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/22/1070463

[4] Indignación, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Diálogo y Movimiento y CEMDA.

[5] En ese esfuerzo, en julio del 2015 un grupo de organizaciones presentamos un documento a la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) con sede en Washington DC, dando cuenta preliminarmente de estos serios problemas de derechos humanos en la Península de Yucatán.

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