Jorge E. Padilla Cordero*

Saber leer los tiempos, analizar las coyunturas políticas, jurídicas, sociales y culturales es parte de comprender lo que rodea a nuestro sistema democrático. Resaltar buenas prácticas pero tomar muy en cuenta las lecciones aprendidas es un acto de responsabilidad que la institucionalidad y sus autoridades deben tener en el horizonte diario. ¿Cuánto hemos aprendido de las crisis institucionales que en los últimos años ha tenido Costa Rica? ¿Cuánto se ha discutido al respecto para resguardar esa institucionalidad frente a los embates del populismo político y jurídico? Parece que se ha recorrido mucho y nada a la vez. Parece que ha importado mucho y nada a la vez.

El muy reciente episodio con respecto a la elección de las tres vacantes en la Sala III, la falta de rigores en el proceso de selección, sumado a las alarmas que organizaciones de la sociedad civil han hecho al respecto, ponen de manifiesto el verdadero asunto de fondo y que requiere de un debate serio: la independencia del poder judicial en nuestro país. Se hace urgente y necesario comprender su rol en el buen funcionamiento del Estado de Derecho en un entorno democrático pero ante todo, se debe entender como la garantía del acceso y disfrute de los derechos humanos en condiciones de igualdad.

A diferencia de otros países de América Latina, Costa Rica ha mostrado históricamente un desarrollo, madurez y fortaleza institucional que le ha permitido sortear coyunturas complejas y determinantes. Esa solidez que heredamos de hace unas cuantas décadas de visiones y decisiones, ha permitido que nuestro sistema democrático sea considerado como excepcional y a su vez capaz de responder para los fines a los cuales fueron creadas esas instituciones. No obstante, ese rédito se ve amenazado cuando la desidia política sumado a la falta de  transparencia en el ejercicio de la función pública, ganan terreno. Es aquí donde ambos factores son fundamentales en la garantía de la independencia judicial.

¿Qué preocupa?

Preocupa que hace tan sólo meses, Costa Rica dio cuenta que un caso de corrupción sin precedentes tocaba al poder judicial. Preocupa que como nunca fue evidente, las injerencias indebidas de poderes políticos y fácticos tuvieron eco en altas autoridades del sistema de justicia. Preocupa que la falta de atención concreta a este tipo de síntomas conlleve a un efecto que ha sido devastador en otros países de la región: la puerta para que el populismo punitivo se una al populismo político y terminemos abrazando doctrinas contrarias a combatir los problemas estructurales que nos aquejan como país, sociedad y nuestra relación con el mundo.

Preocupa que los mecanismos de selección de altas autoridades del sistema de justicia sean cada vez más deficientes y con un alto grado de discrecionalidad.  Preocupa que como sociedad, no tengamos certeza que las personas elegidas sean capaces e idóneas para el ejercicio profesional, ético y competente que requiere el cargo.  Preocupa que todo ello impacte negativamente en la legitimidad de uno de los pilares del funcionamiento del Estado de Derecho.

¿Qué se exige?

Como sociedad exigimos transparencia. Como portadores de derechos, exigimos que se cumpla con los estándares internacionales sobre derechos humanos que el país ha ratificado y que se relacionan con el acceso a la justicia y la lucha contra la corrupción. Como usuarios del sistema de justicia y como personas interesadas, exigimos que se garantice el derecho al acceso a la información de carácter público, a partir del principio de máxima divulgación. Esta exigencia no es una concesión que el Estado quiera o pueda hacer. Se trata de un derecho fundamental inherente a toda persona.

El Estado y las instituciones involucradas en este proceso deben garantizar procesos idóneos desde los requisitos para el concurso hasta las metodologías empleadas en las fases finales de selección. El sistema y formato con que actualmente se realiza la escogencia de dichas vacantes lesiona principios de publicidad y participación de la sociedad civil organizada. La discrecionalidad política con que se escogerá a dichas altas autoridades aumenta el nivel de propensión a que el ejercicio de sus cargos sea carente de legitimidad, idoneidad y aptitud. La responsabilidad del Estado en esta cuestión no es selectiva. La comisión de nombramientos y los diputados en general que eventualmente avalen con sus votos los perfiles propuestos (aún con todas las alarmas sociales que se han dado), serían co-partícipes de la precarización del proceso de selección de altas autoridades del país.

Como optimista de estos tiempos, esperaría que esta situación compleja que atravesamos permita fortalecer los procesos de veeduría ciudadana; que esta crisis inacabada sea la puerta para que los mecanismos de selección se depuren basándose en los méritos, los valores, la capacidad y la trayectoria profesional de quienes ostentan ocupar dichos cargos; y que los mecanismos de participación sustancial se democraticen, brindando mayor certeza y coherencia al proceso.

Pero ante todo, que quienes hoy día tienen la responsabilidad de elegir a los futuros magistrados, comprendan que como agentes del Estado se encuentran en la obligación de actuar conforme a la Constitución Política y a los estándares internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país. Por ende, mantener el curso del actual proceso de selección, los hace de forma general parte del debilitamiento del Estado de Derecho; y de forma particular, responsables de crear un entorno que obstaculiza el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas y todos los costarricenses.

*Internacionalista y profesor universitario costarricense. Consultor Internacional.

Foto: Alejandro Álvarez Taborda (Aleat88)/Wikimedia Commons, licencia Creative Commons Atribución-CompartirSimilar 4.0 Internacional