Una Fiscalía General para una Costa Rica convulsa: Reflexiones en torno a la próxima elección

Evelyn Villarreal Fernández*

Costa Rica atraviesa por uno de los escándalos de corrupción más complejos de su historia reciente. En este período el Ministerio Público (MP) ha sido cuestionado por su efectividad en casos de alto perfil anteriores y, sin duda, será sometido a un fuerte escrutinio en el desarrollo del caso más reciente denominado “Cochinilla“. En medio de esta investigación, la Fiscala General Emilia Navas Aparicio se acogió de inmediato y anticipadamente a su derecho de pensión, después de recibir críticas por la inhibición que había presentado para no ser parte del caso[1]

No es la primera vez que la fiscalía general queda vacante en un contexto de cuestionamientos. De hecho el nombramiento de la fiscala fue realizado en un momento donde se ventilaba otro escándalo de alto perfil (conocido como “Cemento chino“) a finales de 2017, cuando el entonces fiscal general Jorge Chavarría Guzmán fue involucrado y también se acogió a su derecho de pensión.   

Un mes después de su retiro, la ex fiscala -ahora jubilada- presentó una denuncia por persecución ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, argumentando que fue presionada por magistrados y magistradas para dejar el cargo: 

“[L]as represalias hacia la Fiscalía General de la República constituía, en realidad, una estrategia para censurar desde las esferas de poder político y económico las acciones contra la corrupción, debilitar el trabajo de Fiscales y Fiscalas, desviar la atención de las personas ciudadanas y capturar ilegítimamente al Ministerio Público por razones políticas.”[2]

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Reflexiones sobre la Independencia Judicial en Costa Rica

Jorge E. Padilla Cordero*

Saber leer los tiempos, analizar las coyunturas políticas, jurídicas, sociales y culturales es parte de comprender lo que rodea a nuestro sistema democrático. Resaltar buenas prácticas pero tomar muy en cuenta las lecciones aprendidas es un acto de responsabilidad que la institucionalidad y sus autoridades deben tener en el horizonte diario. ¿Cuánto hemos aprendido de las crisis institucionales que en los últimos años ha tenido Costa Rica? ¿Cuánto se ha discutido al respecto para resguardar esa institucionalidad frente a los embates del populismo político y jurídico? Parece que se ha recorrido mucho y nada a la vez. Parece que ha importado mucho y nada a la vez.

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