Sidney Blanco*

El 29 de agosto de 2018, en el Encuentro Nacional Anticorrupción que se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador, presenté públicamente ocho propuestas que podrían coadyuvar a fortalecer la independencia de la justicia y el combate a la corrupción en El Salvador. Algunas de estas propuestas requerirían reformas constitucionales, mientras que otras podrían implementarse con reformas legales o reglamentarias. Pero todas ellas, vienen formuladas a partir de mi experiencia y conocimiento directo de la forma en que opera el fenómeno de la corrupción.  Propongo lo siguiente:

1. Eliminar el procedimiento especial de antejuicio, previsto en los artículos 236, 238 y 239 de la Constitución de El Salvador.
2. Aprobar una reforma constitucional que elimine la atribución de la Asamblea Legislativa, de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas de la Republica, el Fiscal General y el Tribunal Supremo Electoral.
3. Exigir que los funcionarios públicos no puedan abrir cuentas bancarias en el extranjero, sin dar previo aviso a la Sección de Probidad.
4. Establecer que los funcionarios públicos solo puedan tener una cuenta bancaria en la banca estatal. Excepcionalmente, si algún funcionario pretende abrir cuentas bancarias en un banco distinto, debería dar previo aviso a la Sección de Probidad.
5. Establecer que los funcionarios no puedan tener actividades económicas que le generen ingresos superiores a su salario.
6. Disponer, mediante un mandato legal o una disposición de la Fiscalía General, que altos funcionarios que hayan recibido sobresueldos, deban devolver lo recibido al Estado. De lo contrario, que se promuevan acciones de extinción de dominio orientadas a recuperar el dinero obtenido ilícitamente.
7. Que se disponga el levantamiento de la reserva sobre los expedientes administrativos que tramita la Sección de Probidad, para que la ciudadanía pueda tener acceso al estado de las auditorias pendientes.
8. Que la Fiscalía General designe de manera permanente un fiscal adscrito a la Sección de Probidad, que tenga acceso de manera inmediata a las investigaciones e información que esta maneja.

Finalmente, quiero señalar que es preciso reflexionar acerca de las diversas formas y estrategias que deben adoptarse para lograr una desvinculación total de la justicia respecto de la política. Un juez o un magistrado que obedece a intereses políticos, no está sujeto al Derecho, no es un magistrado independiente. El fortalecimiento de la independencia judicial es una piedra fundamental para emprender seriamente la lucha contra la corrupción.

*Ex Magistrado de la Sala de lo Constitucional de El Salvador