Equipo DPLF

Durante las últimas semanas, se han hecho públicos graves actos de corrupción judicial en el Perú, a partir de interceptaciones telefónicas ordenadas judicialmente. Hasta el momento, ello ha generado la remoción de todos los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la detención preliminar del ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y otros implicados en una red de corrupción, la suspensión provisional de un magistrado supremo, la renuncia del Presidente del Poder Judicial, el pedido de renuncia del nuevo Fiscal de la Nación por parte de diversos sectores, entre otras dramáticas medidas. Se trata de una crisis institucional de la justicia solo comparable a la que el Perú vivió a fines del año 2000 a partir de los tristemente recordados “vladivideos”.

Frente a ello, debe valorarse positivamente la inmediata decisión del Parlamento de remover a la totalidad de los consejeros del CNM, así como el inicio del procedimiento parlamentario de acusación constitucional contra algunas altas autoridades involucradas. Igualmente, es positiva la oportuna reacción de diversos estamentos del Poder Judicial, que han rechazado públicamente tales actos y redes de corrupción; en especial, debe reconocerse la valiente actuación del juez Cerapio Roque y la fiscal Rocío Sánchez, quienes dispusieron las interceptaciones telefónicas que permitieron conocer la profundidad de esta crisis. Por su parte, la Corte Suprema de la República ha declarado en emergencia a este Poder del Estado y ha elegido al magistrado supremo Víctor Prado, como Presidente transitorio del Poder Judicial.

Sin embargo, dada la magnitud y gravedad de los hechos, esas medidas -si bien positivas- son insuficientes. Es indispensable adoptar medidas de largo plazo y mayor profundidad.

Desde esa perspectiva, las medidas propuestas por el Presidente de la República el pasado 28 de julio ante el Congreso, sustentadas en las recomendaciones de una Comisión de reforma judicial creada para tal propósito, generan muchas expectativas y merecen un serio y célere debate político y constitucional, que responda al clamor ciudadano de una mejora sustancial del sistema de justicia, y enfrente la infiltración política y económica, que como señaló el Presidente, era un “secreto a voces”.

Entre dichas medidas, merece una mención especial la reforma constitucional del CNM, para eliminar el sistema de representación en la elección de sus integrantes y reemplazarlo por un concurso público de méritos, así como modificar el perfil y la composición de este órgano. Igualmente, se ha propuesto la revisión de todos los nombramientos y ratificaciones realizadas por el CNM recientemente removido por el Parlamento.

Dada la urgencia y trascendencia de esta reforma constitucional, el Presidente ha anunciado que iniciará el procedimiento de convocatoria a un referéndum “para realizar este cambio con la mayor legitimidad posible…”

Al respecto, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, es válido que, en casos de crisis institucional, reformas constitucionales como ésta sean consultadas al árbitro final en toda democracia constitucional: la ciudadanía. Los ordenamientos constitucionales democráticos contemplan diversos mecanismos y procedimientos para llevar a cabo una consulta popular. Así por ejemplo, en febrero de 2018, en Ecuador, se llevó a cabo un referéndum que significó una transformación profunda de sus instituciones de justicia y organismos de control, bajo la vigilancia de la Organización de los Estados Americanos, lo que podría implementarse en el caso peruano, dada la importancia y profundidad de la crisis.

Finalmente, entre otras medidas planteadas por el Presidente de la República para enfrentar la crisis de la justicia, se encuentran: la externalización del control disciplinario de jueces y fiscales, un plan de descarga procesal de miles de casos en los que la entidad  estatal de pensiones de jubilación es la parte demandada; el establecimiento de un concurso público para seleccionar a jueces y fiscales provisionales; la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción dentro del Ministerio Público o el incremento de sanciones penales para los abogados que incurren en actos de corrupción, entre otras.

Todas estas medidas y su impacto, deben ser debidamente debatidas no sólo por el Parlamento sino también por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la sociedad civil nacional e internacional. El rediseño de los mecanismos de control, su intensidad y alcances, deben adecuarse a los estándares internacionales, para no afectar la independencia de las instituciones de justicia, y a su vez, permitir una necesaria rendición de cuentas en clave democrática. En tiempos en que la corrupción hace tambalear los cimientos de la gobernabilidad, la salud del sistema de justicia debe ser una prioridad nacional.

Foto: Presidente Martín Vizcarra (Por: Perú21)