Equipo VOCES, Diario digital El Salvador*

«Mi único deseo es verla de nuevo y poder así despedirme de ella…»

Maria Dolores Orellana López, hermana de Otilia Orellana López, desaparecida en 1982.

Este es uno de los muchos casos que próximamente deberá investigar la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado (CONABUSQUEDA)

Doña María, como la conocen sus vecinos y vecinas de un barrio en San Salvador, a sus 91 años vive con una herida familiar que no ha podido cerrar, más dolorosa que todos sus problemas de salud: su hermana Otilia fue detenida el 17 de mayo de 1982, por hombres uniformados de la Policía Nacional y del Ejército, al igual que su cuñado, Juan Antonio Guzmán Méndez. Se sabe que los llevaron a un recinto policial y desde entonces se encuentran desaparecidos.

La familia Guzmán Orellana vivía bajo constantes amenazas de la represión estatal desde la década de los setenta, lo que les obligó a cambiar de residencia varias veces; esto porque se les veía como enemigos del Estado por sus actividades sindicales, y de apoyo a organizaciones populares y a las Comunidades Eclesiales de Base.

Para finales de esa década –los setenta- el auge de los movimientos sociales iba en ascenso. El entonces Presidente Coronel Carlos Humberto Romero impuso en el país la “Ley de Defensa y Garantía del Orden público”, vinculada con la doctrina de la seguridad nacional impulsada desde los Estados Unidos, que para entonces ya había sido utilizada para justificar dictaduras y represión violenta en varios países de América del Sur. El objetivo de Romero, era controlar el creciente descontento popular, que ya anunciaba la guerra civil que tendría una duración de 12 años.

Doña María no sólo llora y espera a su hermana, de quien ha dicho que su único deseo es “verla de nuevo para poder despedirse”, sino también a otros familiares cercanos, como su sobrino Fernando Enrique Guzman Quijano, quien fuera desaparecido dos días antes, el 15 de mayo de 1982, y su cuñado.

Según relatan las hijas de Doña María, la denuncia de la desaparición de su tía, primo y demás familiares se realizó en el momento de su detención ante organismos nacionales e internacionales, y también ante la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en el marco de la ejecución de los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992. El caso forma parte del listado de más de 5,000 desapariciones forzadas reportadas por esta Comisión en su informe de 1993, frente a las cuales el Estado tiene el deber de determinar su paradero e identificar a los responsables de esos crímenes.

En uno de los Anexos del Informe de la Comisión de la Verdad se dice que “por desaparición se entiende la captura de una persona cuyo paradero se desconoce, usualmente por entrar a un circuito clandestino de detención o porque es ejecutada y su cadáver ocultado. El desconocimiento del paradero puede deberse a que la persona es llevada con rumbo desconocido o porque los captores, siendo conocidos, niegan tenerla en su poder…”. Esta descripción, tristemente, encaja en la historia de esta familia. Según el registro de diversas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, las personas desaparecidas durante el conflicto suman más de 10 mil. En su mayoría, la autoría le corresponde a la policía de la época, la fuerza armada y a los escuadrones de la muerte.

La desaparición forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y si se comete sistemáticamente como parte de un plan contra población civil, tal como ocurrió en la guerra salvadoreña, también se considera un crimen de lesa humanidad que daña a la sociedad en su conjunto, según disposiciones de derecho interno e internacional.

Doña María y sus familiares cercanos, quieren conocer el destino final de Otilia y otros seres queridos, pero también piden que se haga justicia en su caso. Esta desaparición como muchas otras permaneció sin respuestas por décadas, entre otras razones, debido a la vigencia de una ley de amnistía amplia que bloqueó cualquier intento por llegar a los responsables. En 2016, la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional y con ello se reavivaron los ánimos y esperanza de las víctimas.

Así, el 21 de agosto de 2017, la familia Guzmán Orellana presentó una demanda de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en espera de que esta corte declare que sí existió la desaparición y que en consecuencia se han violado derechos humanos, y a la vez ordene la búsqueda de sus familiares y de los responsables. A la fecha, aún se encuentra pendiente la decisión.

Tres días después, el 24 de agosto de 2017, los mismos familiares acudieron a la Fiscalía General de la Republica, para que se investigue a quienes realizaron y ordenaron la desaparición de los suyos. Esta denuncia penal señala a altos jefes militares de ese momento, por sus responsabilidades al mando: General José Guillermo García, ex ministro de la Defensa Nacional; General Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor General; y al Coronel Carlos Reynaldo López Nuila, ex Director de la Policía Nacional, todos por el delito de desaparición forzada, como crimen de lesa humanidad. Los dos primeros, Garcia y Flores Lima, están siendo juzgados por la masacre de más de mil personas en el caserío El Mozote y comunidades vecinas, en diciembre de 1981.

Recientemente, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, en la rendición de su informe ante la segunda audiencia de seguimiento de la resolución de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, convocada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, informó trabajar sobre más de 160 casos denunciados. El caso de la familia Guzmán es uno de ellos, que lamentablemente aún no ha sido llevado a los tribunales, y cuya investigación presenta pocos avances. Hasta hoy, en este país centroamericano, ninguna persona ha sido procesada ni juzgada por las desapariciones de la guerra.

Doña María, con sus años a cuesta sigue con esperanza, reclamando conocer la verdad de lo sucedido y sobre todo que se haga justicia, pues solo así podrá cerrar esta llaga que sangra desde hace más de 36 años.

*VOCES es una iniciativa mediática del Consorcio para la Nueva Comunicación (CNC), que está conformado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (COMUNICÁNDONOS).

El Consorcio es un espació de trabajo que busca articular diferentes esfuerzos que desarrollan instituciones y personas salvadoreñas, que a lo largo de estos años han venido luchando por un mapa de medios de comunicación social más democrático y balanceado.