Por: Katharine Valencia

Oficial de  Programa en DPLF

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Se espera que el Congreso de Honduras elija la próxima semana a los ministros de la más alta corte del país, la Corte Suprema. Sin embargo, ha sido un largo camino para llegar a este momento. De acuerdo con las leyes y la Constitución hondureña, se elige una nueva Corte Suprema cada 7 años por medio de un organismo temporal y especializado de selección denominado la Junta Nominadora (JN). La JN está compuesta por 14 representantes de organizaciones laborales, de profesores y de la sociedad civil, así como provenientes del sector privado, el Colegio de Abogados, la oficina del El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de la misma Corte Suprema.

Resumiendo brevemente este complejo proceso: los representantes de la JN son seleccionados entre julio y septiembre por designación directa o mediante elecciones realizadas entre sus pares en cada sector representado. Una vez constituida, la JN recibe y evalúa una gran cantidad– en esta ocasión, cerca de 200 – de nominaciones de un grupo específico de abogados (notarios). Después una primera ronda de evaluaciones, la JN reduce esa lista a la mitad. Ello, a fin de reducir la lista a 45 finalistas antes de enviarla al Congreso. Esto ocurrió el pasado martes 19 de enero. El Congreso tiene ahora hasta el 25 de este mes para escoger a 15 personas de entre estos finalistas, quienes integrarán la nueva Corte Suprema. De acuerdo con la legislación en la materia, la JN tenía hasta el 23 de enero para entregar su lista final, pero debido a que esto solo dejaba 2 días al Congreso para evaluar a los 45 candidatos, aceleraron el proceso para tener la lista antes del tiempo establecido.

A primera vista, parece que el proceso de selección a pesar de su complejidad, tiene muchos aspectos positivos. Uno podría esperar que por la composición heterogénea de la JN, este organismo sea representativo de la sociedad hondureña. Sin embargo, la falta de diversidad étnica y de género en su composición, ha sido motivo de crítica. En particular, se ha resaltado el hecho de que la sociedad civil ubicada fuera de la capital -Tegucigalpa,- así como la población afrodescendiente e indígena, enfrentan serios obstáculos para participar en la selección de su representante para la JN. Llama la atención que sólo haya una mujer dentro de los 14 miembros de la JN.

Por otro lado, el proceso ha sido objeto de una intensa politización. Tanto en esta ocasión como en la anterior (en 2009), la composición de la JN ha sido predominantemente analizada a la luz de la afiliación política de sus miembros (Ver Ley vs realidad, Independencia y transparencia de la justicia en Centroamérica y Panamá Reporte de Honduras). Existen rumores de regateo político, así como de presiones desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo, aunque difíciles de probar. Por su parte, la actual JN ha insistido en que ha trabajado sin preocupaciones políticas, haciendo lo que ha podido con tiempo y recursos limitados.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, no hay duda de que la JN tuvo que enfrentar la enorme tarea de evaluar a 200 candidatos durante varios meses. Las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a DPLF, exhortaron a la JN para que realice una revisión lo más exhaustiva posible, que incluyera el examen del trabajo escrito y de las habilidades analíticas de los candidatos, y que indagara acerca de su compromiso con la institucionalidad de judicatura como institución pública (Lineamientos para una selección se integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada en los méritos) . Como muestra de la necesidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que se encuentra en proceso de establecimiento, es crucial examinar a los candidatos para determinar si tienen algún vínculo con el crimen organizado y/o si han estado involucrados en actos de corrupción. Una verdadera selección con base en el mérito, es vital para asegurar el funcionamiento adecuado de un Poder Judicial que cuente con la confianza del público, lo que solamente puede ocurrir a través del un análisis profundo y objetivo de sus miembros.

En ese sentido, la JN ha desarrollado criterios que van más allá de lo realizado en anteriores oportunidades. No obstante, todavía subsisten importantes desafíos . Por ejemplo, la JN solicitó una larga lista de documentos que demostraran que los candidatos no han sido sancionados por el colegio de abogados o sentenciados por violencia doméstica. A pesar de que estos son criterios mínimos e importantes, no permiten establecer si un candidato posee el razonamiento legal y el temperamento necesarios para ser un excelente juez de la Corte Suprema. En respuesta a las críticas sobre las limitaciones de a los requerimientos iniciales, la JN solicitó a los candidatos material adicional, incluyendo ensayos y opiniones judiciales. Como un paso hacia adelante, las opiniones judiciales sirvieron como insumos para hacer algunas preguntas a los candidatos durante sus entrevistas. En diciembre, los candidatos que lograron pasar a la segunda ronda fueron entrevistados por la JN. Las entrevistas fueron trasmitidas por internet de manera abierta, y la calidad de las preguntas y respuestas varió considerablemente. Mientras que la etapa de las entrevistas puede ser reconocida por su mejora en la transparencia, la brevedad de las entrevistas (20 minutos por candidato) constituye una gran deficiencia (Más sobre el proceso de entrevistas).

DPLF y otras organizaciones exhortaron a la JN a actuar de la manera más transparente posible y consideran un gesto positivo el hecho de que JN haya aceptado reunirse con los observadores del proceso, y haya incorporado sus sugerencias concretas dentro de sus procesos,así como que haya publicado en su sitio web alguna información sobre los candidatos y su metodología de trabajo.

Sin embargo, como una crítica importante al proceso, debe resaltarse que cuando la JN hizo el primer corte a la lista de candidatos, no expuso las razones que tuvo para ese resultado. En lugar de hacer público si habían otorgado a los candidatos algún puntaje y si habían sido clasificados en base a ello, la JN se limitó a comunicar que los candidatos habían pasado a una segunda ronda, elegidos por voto secreto. Este aspecto desafortunadamente perjudica a todo el proceso, pues genera dudas acerca de si los candidatos fueron elegidos de acuerdo a sus méritos, o de acuerdo a cálculos políticos.

Si bien es importante analizar detalladamente el desempeño de la JN, ahora que su labor ha terminado, el enfoque principal se traslada al Congreso y a su mandato de seleccionar a las 15 personas que integrarán la Corte Suprema, sobretodo porque existe una creciente preocupación por la posibilidad de que la selección final sea pospuesta.

Debido a que el Congreso sólo ha tenido una participación activa durante pocos días mientras que la JN lo ha estado durante varios meses, es entendible que el enfoque del público esté todavía en la JN. Sin embargo, es el Congreso quien toma la decisión final acerca que quienes ocuparán el cargo de miembros de la Corte Suprema, y debe ser ahora el foco de la atención. El Congreso debe establecer y hacer público su propio proceso de selección y la metodología que utilizará para escoger a los 15 jueces supremos, considerando sus méritos y con miras a asegurar que la Corte sea representativa de la diversidad que existe en la sociedad hondureña. Los congresistas, de manera individual y como un acto de buena fe, deben motivar sus votos frente a sus electores. Estos deben, a su vez, exigir una selección basada en los méritos de los candidatos, y responsabilizar a sus representantes por sus decisiones.

Pensando en el futuro proceso de selección -que tendrá lugarel 2022-, sería deseable que se hiciera una reforma significativa del marco legal. La cantidad inicial de candidatos que recibe la JN es claramente inmanejable. Prueba de ello, es que aún cuando la lista inicial es reducida a la mitad, es virtualmente imposible realizar las entrevistas de forma profunda y exhaustiva, como correspondería hacerlo con los candidatos a altos cargos del Estado. Otro punto a considerar, es si tener tantos actores formalmente involucrados en el proceso de selección, ha sido una idea exitosa. Por ejemplo, se ha dicho que el papel de la sociedad civil sería más efectivo para monitorear y reportar el proceso desde afuera, en lugar de ser un actor oficial dentro del sistema de selección y nombramiento. Finalmente, el papel del Congreso requiere de un examen más detallado. El Poder Legislativo debe tener un tiempo significativamente mayor para evaluar a los candidatos. El corto periodo de tiempo que actualmente le otorga la ley, sugiere que los miembros del Congreso hacen una escasa o nula evaluación de los candidatos, lo que lleva a preguntarnos exactamente como tomarán su decisión.

La MACCIH puede estar bien posicionada para hacer recomendaciones en esa misma línea, ya que su mandato incluye la formulación de recomendaciones sobre reformas estructurales e institucionales. La MACCIH debería también monitorear y reportar sobre la integridad del Poder Judicial hondureño, ya que esta información acerca de la conducta ética individual de los jueces puede servir para futuros procesos de selección. Se espera que la MACCIH comience su trabajo en pocas semanas, aunque el momento no es coincidencia, esta institución única puede aprovecharlo para mantener el proceso de selección de la Corte Suprema en la agenda y apoyar en el desarrollo de un poder judicial más independiente en Honduras.