La ilegalidad de las deportaciones masivas

Por: Rodrigo Uprimny 

Publicado originalmente en El Espectador

Foto EFE
Foto: EFE

La expulsión masiva de colombianos por el gobierno Maduro es una inaceptable violación del derecho internacional, como lo muestra un simple contraste de algunos de los hechos conocidos con los principios que rigen internacionalmente la expulsión de extranjeros. 

Esos principios fueron recientemente sistematizados por el órgano especializado para la codificación del derecho internacional, que es la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de Naciones Unidas, que adoptó en 2014 un proyecto de articulado sobre las reglas internacionales que rigen la expulsión de extranjeros. 

Según ese documento, que es la doctrina más autorizada sobre el tema, los Estados pueden expulsar a los extranjeros de su territorio, pero ese derecho tiene límites, que fueron desconocidos por el gobierno Maduro en muy distintas formas. Por ejemplo, las reglas sistematizadas por la CDI señalan que los deportados deben ser tratados con respeto a su dignidad (art 13), pero hay muchas denuncias de malos tratos por la Guardia venezolana. Igualmente señalan que el Estado que expulsa debe ser especialmente cuidadoso con las personas en situación de vulnerabilidad, como los niños o los adultos mayores (art 15), y que debe garantizar el derecho a tener familia (art 18), lo cual tampoco ha ocurrido pues se conocen casos de niños que quedaron separados de sus padres. Y además, el Estado deportante debe tomar medidas apropiadas para proteger la propiedad de las personas expulsadas (art. 20), lo cual tampoco ha hecho el gobierno Maduro.

Por límites de espacio no puedo detallar los anteriores aspectos, por lo cual me centro en un solo punto, que es en sí mismo muy preocupante, y es el carácter colectivo de esta deportación, pues más de 1.000 colombianos han sido expulsados simplemente por ser colombianos y estar en una parte de Venezuela. Ahora bien, según la CDI, la expulsión colectiva de extranjeros está prohibida.

La razón de esta prohibición de las deportaciones colectivas es muy sencilla: un Estado, al expulsar a un extranjero, incluso si éste se encuentra en situación irregular, debe explicarle la razón de la deportación y debe darle una mínima oportunidad para defenderse. Esto no ocurre si las expulsiones son colectivas y precipitadas, como las que está haciendo el gobierno Maduro, pues no hay decisión caso por caso ni posibilidad de que la persona se oponga.

Esta deportación masiva desconoce entonces el derecho internacional. Pero es además injusta, pues estos colombianos humildes están siendo convertidos en chivos expiatorios por problemas que tienen otros orígenes y otros culpables. Por ello la respuesta del presidente Santos, al exigir respeto por los derechos y dignidad de los colombianos. pero manteniendo la cabeza fría, es el camino correcto, pues lo peor sería que ocurriera un escalamiento de xenofobias mutuas, que no ayuda en nada a los colombianos expulsados y, en cambio, genera una situación políticamente muy riesgosa para nuestros pueblos hermanos.

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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