Autoras: Jo-Marie Burt & María Rodríguez[*]

El juicio por el caso de la masacre Accomarca (Ayacucho, Perú) está llegando a su etapa final, casi 30 años después de acontecidos los hechos. Esta masacre es una de las más crueles ocurridas durante el conflicto armado interno peruano, en la cual fueron asesinadas por miembros del Ejército 69 personas, la mayoría mujeres y ancianos, y entre éstas 26 niños. Los 29 acusados son miembros del Ejército peruano, entre ellos el general Wilfredo Mori Orzo, quien fuera Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho; miembros del Estado Mayor; oficiales de mediano rango; y varios soldados. De los 29, solo 16 enfrentan el proceso (asisten a las audiencias). Algunos han fallecido y varios otros se encuentran prófugos de la justicia. Dos de los principales autores materiales, Telmo Hurtado y Juan Rivera Rondón, quienes lideraron dos de las patrullas Lince que realizaron la masacre, huyeron a Estados Unidos con el fin de escapar de sus responsabilidades. Sin embargo, Rivera Rondón fue deportado en 2008 y Hurtado fue extraditado en julio de 2011, y actualmente ambos enfrentan sus cargos en el Perú.

El juicio se inició en noviembre de 2010, hace casi cinco años y se espera culmine en septiembre de 2015. La etapa de los alegatos finales está teniendo lugar en este momento. El 23 de julio de 2015, el Fiscal del caso, Luis Landa, presentó su alegato final. En éste, describió nuevamente los sucesos de aquel fatídico 14 de agosto de 1985 y evocó los testimonios de varios sobrevivientes de la masacre, entre ellos, los de mujeres que tenían entre 9 y 12 años y que presenciaron el asesinato de sus familiares. En particular, relató la incursión de las patrullas militares lideradas por Hurtado y Rivera Rondón a la quebrada de Llocllapampa, a tempranas horas de ese día. Las niñas vieron a los militares ir casa por casa, llevándose a sus familiares para realizar una asamblea en una choza en el centro de la pampa. Hubo “crueldad y perfidia” puntualizó Landa en la acusación, pues los militares “actuaron creando confianza en las víctimas, llamando a una reunión”. Ninguna de las víctimas imaginó un final tan desalmado. Todos fallecieron por disparos y luego fueron carbonizados. Semanas después, cuando la denuncia se hizo pública en Lima, se formó una comisión de parlamentarios para investigar la masacre, quienes en septiembre de 1985 no solo dieron cuenta del estado de miedo que imperaba en Accomarca sino también informaron del hallazgo de personas recién asesinadas.

El Fiscal Landa recordó con especial atención la confesión excepcional de Telmo Hurtado, quien fue interrogado en abril del 2012: después de develada la masacre, Hurtado se auto inculpó como el responsable de la matanza. En 1993 la justicia militar lo condenó a 6 años de cárcel por “abuso de autoridad”, pena que cumplió parcialmente al acogerse a las leyes de amnistía aprobadas por el gobierno de Alberto Fujimori. En 2001 huyó a Estados Unidos, luego de que estas leyes de amnistía fueran anuladas por los tribunales nacionales tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un vez extraditado en 2011, fue incorporado al juicio por el caso Accomarca, el cual llevaba varios meses de desarrollo (se inició en noviembre de 2010). Hurtado escuchó por más de 6 meses las intervenciones de los abogados de los otros acusados y pudo percatarse de que nuevamente él era el chivo expiatorio: todos lo incriminaron como el único responsable de la masacre, llamándolo “el Carnicero de los Andes”, y afirmando que era un loco, un demente, un oficial demasiado joven y con poca experiencia, un afectado por el “síndrome de Vietnam”, circunstancias que lo habrían llevado a masacrar a los 69 campesinos sin piedad.

El 9 de abril de 2012, Hurtado respondió a las preguntas del Fiscal Luis Landa sobre la verdad de la masacre de Accomarca, afirmando que en 1985 él no estaba loco, sino que era un joven oficial dispuesto a cumplir con su deber militar en la guerra contrasubversiva. Señaló que la masacre no fue un acto espontáneo sino que producto de una orden emitida por el Estado Mayor, y aclaró que si se incriminó fue por la obediencia que exige la doctrina militar. También describió los procedimientos militares que le habrían permitido disparar al cuerpo de los pobladores y no dar cuenta de las bajas civiles. Hurtado se hizo responsable de la muerte de 34 personas y agregó que la práctica de las ejecuciones extrajudiciales fue algo común. Éste relató también que fue testigo de cómo miembros del Estado Mayor ejecutaron prisioneros dentro del cuartel Los Cabitos meses antes de la masacre de Accomarca. Finalmente, describió cuando Wilfredo Mori Orzo le ordenó “limpiar la zona”, esto es, eliminar a los testigos de la masacre.

La confesión de Hurtado buscó limpiar su nombre, quizás reconciliarse con su familia y sin duda ampliar la responsabilidad por una masacre que en estos últimos 30 años ha sido arrogada solo a él. Para el Fiscal Landa, esta confesión ha desbaratado el argumento principal de los abogados defensores de los acusados que pertenecían a los altos mandos del Ejército en el caso: Hurtado ordenó el crimen porque sufría alteraciones mentales. Por el contrario, Hurtado afirmó estar en el uso pleno de sus facultades mentales, lo cual fue confirmado por una pericia psiquiátrica emitida este año durante el proceso. Y quizás sin proponérselo, Hurtado también coincidió con lo planteado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que considera que los crímenes cometidos por el Estado durante el conflicto armado interno no fueron “excesos”, tampoco fueron producto de la locura de un mando medio del Ejército, sino que se dio una política de violaciones a los derechos humanos contra la población civil.

Los alegatos finales de los representantes de las víctimas y de los imputados se realizarán durante las próximas semanas. El 14 de agosto se conmemoró 30 años de los terribles sucesos de Accomarca. Esperemos que sea el último aniversario en que estos graves hechos sigan impunes.

[*] Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 2^da Ed.). También es Senior Fellow de Washington Office on Latin America (WOLA). Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net). María Rodríguez es historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, integrante del Taller de Estudios sobre Memoria Yuyachkanchik y asistente de investigación del proyecto Human Rights Trials in Peru.