Publicado originalmente en Global Rights Blog

Por: Carlos Andrés Baquero Díaz[*]

La lucha por la protección de la tierra es una misión compartida en las Américas que se globalizó de la mano de la explotación.

El pasado 30 de julio, 25 organizaciones del movimiento indígena, afrodescendiente y de derechos humanos, provenientes de 10 países de la Región, se reunieron con Rose-Marie Belle Antoine, Relatora de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para presentar los casos de violaciones de sus derechos. De lo  expuesto por los líderes, se extraen dos lecciones sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes y la necesidad de proteger sus vidas y territorios.

1. “Esta tierra es nuestra, nuestra desde antes”: La protección del territorio ante la explotación de los recursos naturales.

América del Centro y del Sur son una de las despensas centrales del mercado global. Hace algunas décadas, los países de la región entraban dentro de la economía internacional vendiendo café, algodón o maíz. Hoy en día, después de unas cuantas décadas, las economías han vuelto, como si reviviéramos el pasado, a depender de la extracción de un producto. Ahora, en vez de productos agrícolas, se comercializa cobre, carbón o petróleo.

Frente a esta expansión, las primeras afectadas son las personas que habitan los lugares que ahora son el centro de la disputa por la explotación. Desde México hasta Argentina, los pueblos indígenas y afrodescendientes viven en carne y hueso la ampliación de la frontera económica.

Como lo contaron organizaciones indígenas peruanas a la Relatora, los pueblos indígenas de la Región amazónica sufren por los efectos de la explotación de oro en sus ríos. A su vez, las comunidades afrodescendientes enfrentan los impactos de la explotación de carbón que tiene efectos sobre el aire y el uso del suelo. Junto a los impactos, también llegan las formas de resistencia.

Por ejemplo, el pueblo U´wa, en Colombia, sigue luchando para que dentro de su territorio no se extraiga el petróleo. Ellos se han opuesto a la explotación e incluso a la realización de los procesos de consulta porque el petróleo representa la sangre de la tierra, no una fuente de recursos. Para conseguirlo han creado una red trasnacional de apoyo que nace en medio de Curabá (Boyacá) y se extiende por todo el mundo sumando a organizaciones indígenas, de derechos humanos, activistas y académicos. El grupo global creado por los U´wa, junto a la fuerza de sus líderes, es lo que ha mantenido al taladro fuera de su resguardo.

Una situación similar vive el pueblo Sarayaku que logró impedir la explotación de petróleo en su tierra. Sin embargo, después de una gran movilización social y legal que incluyó un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los sarayaku viven en un territorio minado.  La empresa argentina CGC, para explorar hidrocarburos, sembró pentolita en el suelo amazónico y por esa razón las personas indígenas no pueden utilizar toda su tierra. Por eso es que han mezclado el trabajo en la selva y el río con las marchas y los alegatos jurídicos. Su experiencia ahora es replicada por otros pueblos indígenas en toda América Latina que han aprendido del pueblo estrategias de resistencia y movilización. Tal y como comentó Nelson Gualinga en Panamá “el pueblo sarayaku dio ejemplo y esa es la historia que le contamos a nuestros hermanos por fuera de Ecuador”.

2. “El turismo sólo distrae a unos cuantos”: La protección del territorio ante la expansión de los proyectos turísticos.

Mientras unas personas disfrutan de los territorios paradisíacos de la Región, otras personas son desplazadas de sus casas y enfrentan las modificaciones inconsultas de sus estilos de vida. La segunda cara de los proyectos económicos de la región son los proyectos turísticos. Aunque son presentados como formas económicas amigables con el ambiente, en la práctica, estas iniciativas afectan a quienes han habitado las playas y las selvas.

Honduras es uno de los focos de violaciones de los derechos de pueblos afrodescendientes. Las playas antes llenas de balsas de pesca ahora están atiborradas de sillas bronceadoras y quiscos con souvenirs. Mientras por una puerta entran los turistas, por la otra salen las personas afrodescendientes.

Por eso, OFRANEH ha denunciado cómo la expansión de los proyectos turísticos en el país ha desplazado a cientos de familias afrodescendientes. Miriam Miranda,  unas de sus líderes, relató cómo el cambio en su tierra los ha llevado a crear alianzas con otras organizaciones sociales que tienen experiencia, por ejemplo, litigando frente al sistema interamericano. “De contar y escuchar diferentes experiencias es que se nutre nuestra movilización”.

Más hacia el sur, en Islas del Rosario, la comunidad negra busca que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional que les devolvió su tierra y así se frene la propiedad privada. Las organizaciones afro de la región han encontrado en la lucha de Orika, una estrategia replicable en sus países para proteger sus playas. Por eso, “yo vengo de Costa Rica contando nuestro caso y viendo cómo otros usan su tierra”, comentó una de sus líderes en Panamá.

Los relatos contados durante la reunión muestran que el informe que publicará la CIDH a final de año es una oportunidad de oro para evaluar el nivel de protección de los derechos de los pueblos indígenas y afro. Y mientras las letras sean digitadas en Washington, los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Región, seguirán construyendo alianzas para movilizarse en bloque, compartir repertorios y crear mecanismos de resistencia.

[*] Polítologo de la Universidad de los Andes (2011) y estudiante de décimo semestre de Derecho en la misma universidad. En Dejusticia trabaja en temas relacionados con derechos étnicos.