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Autora: Lindsay Bigda*

¿Qué está pasando en Guatemala?

El descubrimiento de una gran red de corrupción en Guatemala ha provocado una indignación pública masiva en todo el país. Muchos están calificando a esta situación como una “crisis política” ya que las elecciones generales de septiembre se acercan.

El 16 de abril, las autoridades capturaron a 22 personas – incluyendo al actual jefe y el ex-jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT) – siendo la culminación de una investigación de ocho meses sobre una red criminal que defraudaba al Estado.

La red criminal fue desmantelada por una investigación conjunta del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que involucra a funcionarios de los más altos niveles del gobierno. Aunque la ahora ex vicepresidenta Roxana Baldetti no fue vinculada directamente a la red de corrupción en la investigación inicial, se vio envuelta en la controversia cuando su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas, fue identificado como el líder de la red. Frente a la presión de la opinión pública, Baldetti presentó su renuncia el 8 de mayo.

La red criminal ha sido llamada «La Línea,» en alusión al uso de un número de teléfono celular por el que diversas empresas negociaban ilegalmente la cantidad de impuestos aduaneros que debían pagar. Gracias a la red, las empresas recibían un “descuento” de 25% cuando sus mercancías pasaban por las aduanas; aproximadamente el 50% era pagado al Estado y el resto a los defraudadores. Los fiscales estiman que Guatemala perdió alrededor de Q940 millones (US$120 millones) en ingresos tributarios por la estafa, y la investigación en curso ha comenzado a revelar que la corrupción se extiende al poder judicial.

¿Por qué están enojados los guatemaltecos?

Guatemala es frecuentemente identificado como uno de los países más desiguales de América Latina, y este reciente escándalo es claro reflejo de la increíble brecha que existe entre los ricos y pobres del país. En el caso La Línea, por ejemplo, los líderes de la red recaudaron millones de dólares al año mientras que las instituciones del Estado fueron privadas de recursos para funcionar adecuadamente.

El escándalo también desencadenó un llamado por más reformas en el gobierno. Por primera vez en la historia reciente de Guatemala, la condena pública ha venido no solamente de las voces progresistas, sino que de diversos sectores de la sociedad guatemalteca, incluyendo al poderoso grupo que representa al sector privado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Muchos grupos de derechos humanos sienten que destituir y llevar ante los tribunales a algunos funcionarios no es suficiente para abordar las profundas preocupaciones que la sociedad tiene sobre el aumento de la criminalización contra activistas por parte de la administración, el reciente debilitamiento de la independencia judicial, los niveles sin precedentes de ataques contra defensores de derechos humanos y la agresión contra la prensa que no se habían sido visto en más de una década.

Además, la red descubierta por la CICIG refleja lo que frecuentemente es llamado en Guatemala como «pacto de impunidad» – un acuerdo entre sectores poderosos para proteger sus intereses, recursos, poder político e inmunidad ante la justicia.

¿Qué viene para Guatemala?

Con la renuncia de Baldetti, el presidente Otto Pérez Molina tenía la responsabilidad de entregar al Congreso Guatemalteco el nombre de tres candidatos para el puesto de vicepresidente. La votación sobre los candidatos se atrasó por una serie de controversias, y finalmente el 14 de mayo el ex-Magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Maldonado fue nombrado en el cargo.

Aún con la renuncia de la vicepresidenta, los ciudadanos continúan expresando su descontento por la situación actual. El 16 de mayo, el mismo día que Maldonado hizo su toma de posesión, otra ola de protestas nacionales surgió en la ciudadanía.

La situación en Guatemala está cambiando cada día, y muchos creen que es muy temprano para saber cuáles serán las consecuencias a largo plazo de esta crisis. Existe la preocupación de que la administración de Pérez Molina va a utilizar a Baldetti para responsabilizarla de todo lo ocurrido y seguir adelante con las mismas políticas de siempre. Pero también existen otras alternativas: el mismo Presidente podría renunciar y asumir el nuevo vicepresidente; o nuevos candidatos de partidos más pequeños posiblemente podrían participar en las próximas elecciones. Es posible que las elecciones presidenciales fijadas para septiembre puedan verse afectadas, o incluso aplazarse.

Otro escenario, poco probable, es que Guatemala convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, que implicaría que un grupo nominado de personas iniciaría el proceso de redactar una nueva Constitución. Hay muchos grupos que apoyan este tipo de cambio, para tratar de solucionar problemas que en el pasado nunca se tocaron, y para crear un documento que mejor refleje las necesidades reales de la población guatemalteca. Guatemala podría ganar o perder mucho, dependiendo de cómo se lleve a cabo el proceso.

En un país en donde no se ha visto desde hace mucho tiempo protestas tan masivas y diversas como éstas, hay esperanza de que los constantes llamados de la ciudadanía pudieran crear un espacio para hacer cambios significativos y de largo plazo.

¿Por qué debiera importarle a EEUU?

EEUU está poniendo mucha atención en Guatemala, tanto que ahora está considerando destinar un paquete de ayuda de US $1 mil millones a Centro América dirigido a contribuir a solucionar la crisis económica en la región y también para parar el flujo de inmigrantes de Centro América a los EEUU. Este paquete de ayuda de EEUU es muy similar al plan paralelo que se llama “Alianza para la Prosperidad” dirigido a los países del Triángulo Norte, que fue creado por los tres presidentes de la región y el Banco Inter-Americano de Desarrollo.

A comienzos de Abril, GHRC y 74 otras ONGs de la sociedad civil de diferentes partes del mundo mandaron una carta conjunta a los Presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y EEUU para expresar sus urgentes preocupaciones sobre el plan de la Alianza para la Prosperidad.

En este contexto, EEUU necesita tener una comprensión de la situación en Guatemala y también asegurar que sus propias políticas –que en el pasado han exacerbado la represión y violencia en la región– no vayan a tener un impacto negativo.

¿Cuáles son los últimos acontecimientos?

El 16 de mayo de 2015 un estimado de 60,000 personas se reunieron en el palacio nacional en la Cuidad de Guatemala para denunciar la corrupción  y para hacer un llamado para que renuncien los altos mandos del gobierno, incluyendo el presidente Otto Pérez Molina. En otras regiones de Guatemala, igual como en otros países del mundo, diversos grupos han tenido protestas simultáneas como parte del movimiento #RenunciaYa.

El 20 de mayo de 2015, por lo menos 15 personas más fueron detenidas como resultado de una investigación separada por fraude y sobornos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que incluye al jefe del Banco Central y al presidente del IGSS (que antes fue el secretario privado de Pérez Molina). La investigación fue hecha conjuntamente entre los fiscales guatemaltecos y la CICIG. El mismo día hubo una gran protesta campesina que tuvo lugar en la cuidad de Guatemala.

El 21 de mayo de 2015 , el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, renunció. Hasta ahora, él no ha sido conectado al escándalo de corrupción del caso “La Línea.” También, Pérez Molina desvinculó al jefe de inteligencia guatemalteco, así como a los ministros del medio ambiente y energía. El propio presidente ha dicho que no renunciará.

* Lindsay Bigda es Asociada de Comunicaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC).