Bolivia: Tiempo de pasar de los compromisos a los hechos

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 Autora: María José Eva Parada* para Amnistía Internacional

16866405735_a8c21a664c_z“Yo voy a estar siempre con la firmeza de dialogar con los hermanos.”

Las palabras de la Ministra de Justicia de Bolivia, Sra. Virginia Velazco, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, resonaron en la sala ante el oído sorprendido de los espectadores.

La Ministra Velazco estaba defendiendo al Estado Boliviano ante la denuncia de cientos de víctimas por la falta de respuesta efectiva a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 18 años de regímenes militares que azotaron al país entre 1964 y 1982.

Era la primera vez que yo tenía la oportunidad de participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Junto con otras cinco organizaciones – la Asociación de Familias de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, Mujeres Libertad, la Plataforma de Luchadores Sociales, la Unión Nacional de Víctimas de Violencia Política y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – y luego de años de dar seguimiento al tema, queríamos visibilizar ante la Comisión la falta de cumplimiento efectivo por parte de Bolivia de las obligaciones referidas a la búsqueda de verdad, justicia y reparación por los graves crímenes cometidos hace más de tres décadas.

El Estado insiste en que se han tomado acciones pero el problema es que éstas han sido insuficientes y poco efectivas.

Cuando vi que la delegación estaba encabezada por la Ministra de Justicia, pensé que se trataba de una buena señal. Pocas veces los Estados envían a altas autoridades a este tipo de reuniones. Pensé que su presencia demostraba un alto nivel de compromiso; que para Bolivia, este era un tema prioritario.

Sin embargo, a medida que la delegación boliviana avanzó en su presentación, no pude sentir más que desilusión. Lamentablemente, lo que estábamos escuchando no era muy distinto a lo que el Estado ha dicho en otras oportunidades, en el país y fuera. Un listado de acciones poco coordinadas que no han resultado en cambios reales y efectivos para las víctimas y sus familiares.

Al hablar en su presentación sobre los pocos casos que están pendientes ante el sistema interamericano, el Estado boliviano simplemente hizo la vista gorda a los cientos de casos que, por más de 30 años, han estado en la oscuridad, esperando justicia, verdad y reparación.

Cuando fueron cuestionados sobre la necesidad de abrir los archivos militares del país, una cuestión esencial para el esclarecimiento de la verdad, el Estado se limitó a decir que están en conversaciones para reglamentar una normativa ministerial dictada en 2009 y así efectivizar el acceso a archivos.

El Comisionado para Bolivia, Paulo Vannuchi no dudó al decir que: “La búsqueda de los restos mortales es dificilísimo cuando no se abren los archivos, cuando no se hace el trabajo que vimos en otros países de convencimiento a sectores de las fuerzas armadas”. La pregunta es: ¿por qué esto no se ha hecho en más de seis años de dictarse una normativa? Los representantes del Estado no respondieron y los familiares están obligados a seguir esperando.

Pero una de las cosas más alarmantes que escuchamos en la audiencia fue que, “[e]l Ministerio de Justicia […] ha concluido el proceso de calificación de resarcimiento a víctimas de violencia política” conforme a sus leyes y reglamentos. La realidad es que ni la ley, ni sus reglamentos, ni su aplicación, han servido para dar cabal cumplimiento al derecho de las víctimas a la reparación. Por ejemplo, los requisitos exigidos para calificar como víctima han sido altamente estrictos -como la aportación de testigos con indicación de fechas exactas en casos de tortura – tornando la prueba del hecho en imposible para muchas de las víctimas.

Pero cuando casi habíamos perdido todas nuestras esperanzas, cuando el tiempo designado a la intervención de la delegación del gobierno boliviano estaba llegando a su fin, todo cambió. Fue entonces que escuchamos las palabras más esperanzadoras que pueden provocar un giro en lo que ha sido la posición del Estado hasta la fecha.

“Resulta importante relevar la disposición del Estado Plurinacional de Bolivia a continuar con las labores de esclarecimiento y reparación de los hechos a favor de las víctimas de violencia política,” dijo la Sra. Ministra de Justicia.

No recuerdo otro momento en que públicamente se haya hecho un compromiso tan claro por parte del Estado Plurinacional de Bolivia para con sus víctimas. Un compromiso que según una reciente nota de las autoridades bolivianas se habría traducido en un anuncio del gobierno de crear una comisión interinstitucional con la participación de la sociedad civil para la creación de una comisión de la verdad.

“Queremos enfatizar a la Comisión que ya son más de 30 años que llevamos esperando justicia, verdad, y reparación. Muchos de nosotros han muerto en la espera,” indicó en la audiencia una de las representantes de los peticionarios en nombre de todas las organizaciones.

Esperemos que la audiencia y los compromisos asumidos por las autoridades bolivianas sean el inicio de un nuevo capítulo, y finalmente demos vuelta la página de las deudas pendientes para que el derecho a la verdad, justicia y reparación en Bolivia se conviertan en realidad.

Así lo piden las víctimas. Así lo ha prometido el Estado.

*María José Eva Parada es investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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