Autor: Nelson Camilo Sánchez, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia

Semanas después del cierre oficial del proceso de reflexión sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos, existen diversas interpretaciones sobre los resultados del proceso, sobre su continuidad y sobre su futuro.

Por más que existan opiniones divergentes, no debe perderse de vista que las contradictorias evaluaciones sobre los resultados del proceso se deben, en buena parte, a que algunos Estados usaron el tema de los derechos humanos como un simple comodín o excusa para la disputa de diversos intereses políticos. Pero más allá de algunas divergencias, el proceso de discusión sobre las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se cerró el 22 de mayo, deja algunos acuerdos fundamentales; así como tareas pendientes para seguir reforzando el seguimiento a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.

Una primera cuestión que merece seguimiento es la discusión sobre cómo continuar el diálogo con respecto a los temas fundamentales del sistema interamericano. El proceso abierto con el grupo de trabajo de reflexión y, particularmente, el mandato dado por la Asamblea Permanente en Cochabamba, Bolivia, se cerró con la Resolución emitida por la Asamblea General Extraordinaria del 22 de marzo. No obstante, la resolución deja abiertos canales de diálogo entre los órganos políticos (como el Consejo Permanente de la OEA) y los órganos técnicos (Comisión y Corte Interamericanas). Así debe ser, pues el debate sobre el cumplimiento de los derechos humanos concierne a unos y otros. Además, la Organización de los Estados Americanos no es otra cosa que un foro de discusión.

Una hoja de ruta para un diálogo interactivo y fructífero lo trazó la propia respuesta de la CIDH a las recomendaciones de los Estados. Allí se establecen espacios institucionalizados tanto con órganos políticos como con víctimas y usuarios del sistema en donde se deben canalizar los aspectos aun no abordados del proceso de fortalecimiento. Por el contrario, seguir llevando la discusión sobre el futuro del sistema a escenarios ajenos a la OEA, que carecen de legitimidad, participación y transparencia será no solo un incumplimiento de lo que establece el consenso alcanzado en la Asamblea General, sino una amenaza permanente para el futuro de los derechos en las Américas.

La segunda tarea pendiente de seguimiento que se deriva del mandato de la Asamblea es el diálogo político entre organización y Estados, así como entre Estados, dirigido a la universalización de las obligaciones y la ratificación de todos los tratados de derechos humanos de la Organización. Aquí el debate finalmente se canalizó en quienes realmente pueden tomar decisiones para eliminar esta distorsión actual del sistema. Son los Estados soberanos los que ratifican los tratados y son sus pares los que pueden persuadirlos de ello en el actual escenario de relaciones internacionales. Pretender, como se hizo durante todo este proceso, que la falta de ratificación de tratados es un problema que debe solucionar la CIDH es generar una carga que distorsiona el trabajo del órgano de verificación, y posponer en últimas la solución al problema.

La tercera cuestión a dar seguimiento radica en el tema de la correcta y adecuada financiación del sistema de derechos humanos. Los generosos discursos de muchos cancilleres el día de la Asamblea deben ser ahora puestos en práctica. Varios de ellos ofrecieron su apoyo financiero (en algunos casos de manera concreta a la CIDH y a la Corte) y no deberían quedarse en apoyos retóricos. ¿Cuántos de estos han sido ya puestos en práctica? ¿Cuándo se harán realidad los que no han empezado a implementarse?  Ojalá que la billetera de estos países no sea más grande a la hora de prometer que a la hora de pagar.

Finalmente, una cuarta línea de trabajo inmediato pendiente está en la implementación de las modificaciones reglamentarias, de políticas y de prácticas de la CIDH. Para que esta ambiciosa agenda se concrete se requiere que la CIDH inicie de manera inmediata su cumplimiento y requerirá para ello apoyo de los Estados partes y de los usuarios del sistema. Entre mayor rapidez y solvencia demuestre la CIDH en el cumplimiento de su Plan Estratégico –incluyendo las modificaciones realizadas a propósito de este proceso – mayor legitimidad tendrá para enfrentar posibles nuevos procesos de reforma.