Cuatro problemas límite en las reformas de nuestra justicia

Luis Pásara*

Cincuenta años atrás empezó la reforma de la justicia en el Perú. Se estableció un consejo para que los nombramientos no se efectuaran en instancias políticas. Como resultado se produjo una renovación de jueces y fiscales, al tiempo que se introdujeron cambios en códigos y leyes. A partir de entonces, las reformas han recorrido buena parte de América Latina.

A los cambios en la composición de las instituciones se agregaron la renovación en la infraestructura física e informática y, luego, la reingeniería de flujos y procesos. Se incrementaron significativamente los montos presupuestales dedicados a la justicia y con el apoyo, en ocasiones complaciente, de la cooperación internacional se multiplicaron proyectos piloto para diversos asuntos. Debe notarse que la mayor parte de estas experiencias no han sido evaluadas. Las inversiones han sido enormes y los resultados son escasos y desiguales. La insatisfacción ciudadana ha crecido y hoy en día prevalece en la región un gran escepticismo respecto de cambiar la justicia.

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Empieza un gran juicio político en España

Luis Pásara*

El martes 12 es la fecha programada para el inicio del juicio a los dirigentes políticos y sociales que han sido acusados –por rebelión, unos; por sedición, todos y por malversación de fondos públicos, varios de ellos– debido a haber organizado el referéndum sobre la independencia de Cataluña, llevado a cabo el 1 de octubre de 2017. Como caso estrella de la llamada judicialización de la política, el juicio puede dar un vuelco a la política española, como el capítulo más reciente en una larga y difícil historia de las relaciones entre el Estado español y Cataluña.

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Ciudadanos, jueces y estado de derecho

Luis Pásara*

No hay democracia ni estado de derecho sin ciudadanos. La esencia de esa relación fue puesta en relieve en la definición de ciudadanía propuesta por Marshall: “sentido directo de pertenencia a una comunidad, con base en la lealtad a una civilización que es compartida. Es una lealtad de hombres libres dotados de derechos que son protegidos por un orden legal común a ellos” (Marshall T. H. y Tom Bottomore, Citizenship and Social Class. London: Pluto Press, 1992, p. 24). El ciudadano, agente fundador del estado de derecho, es un hombre libre a cuya “condición corresponde inseparablemente la igualdad ante la ley” (Bendix, R. Nation-Building and Citizenship. Studies of our Changing Social Order. New York: John Wiley & Sons, 1964, p. 72), entendida no solo como formulación legal sino como un conjunto de prácticas efectivas, regidas por derechos y obligaciones susceptibles de ser coactivamente exigidos (Tilly, Charles, ed., Citizenship, Identity and Social History, International Review on Social History, supplement, num. 3, 1995). La vía para exigirlos y reconocerlos, en su momento, es la administración de justicia.

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La justicia española en tela de juicio

Luis Pásara*

En el curso de un año, la justicia española ha seguido un proceso de creciente presencia pública que desemboca ahora en una marcada pérdida de prestigio, derivada de un conjunto de decisiones –más que discutibles, arbitrarias– que han adquirido notoriedad y han generado un importante rechazo social. Todo comenzó con la opción tomada por el gobierno anterior, del Partido Popular, de reconvertir el conflicto político del independentismo catalán en una multiplicidad de procesos judiciales. Algunos de ellos se libraron en el terreno constitucional, para obtener la anulación de decisiones adoptadas por órganos de la Generalitat catalana; pero otros, más hirientes, se confiaron a la vía penal para procesar y encarcelar a los dirigentes del independentismo.

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El éxito social de la prisión preventiva

Luis Pásara*

Los 36 meses de prisión preventiva impuestos el 31 de octubre a Keiko Fujimori –hija del dictador Alberto Fujimori y fracasada candidata presidencial en 2011 y 2016– han dado lugar en Perú a numerosas y multitudinarias manifestaciones de satisfacción, al tiempo que los apoyos al fiscal que solicitó la medida y al juez que la dispuso han inundado las redes sociales. Pocos días antes de que el juez Richard Concepción diera a conocer su decisión, ya una encuesta indicaba que tres de cada cinco peruanos consideraban que la heredera Fujimori debía afrontar en prisión el proceso que se le sigue por lavado de activos agravado, cargo que corresponde a la recepción de algo más de un millón de dólares que aparentemente la empresa brasileña Odebrecht entregó para su primera campaña electoral.

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Jueces al descubierto en Perú y España

Luis Pásara*

A partir del mes de julio, una avalancha de audios –escuchas telefónicas grabadas por la fiscalía con autorización judicial– inundaron a Perú de conversaciones entre jueces, asesores, abogados y políticos, que revelaron una red de conexiones para nombrar y ascender jueces, y para archivar casos o inclinar sentencias. El asombro ciudadano fue administrado dosificadamente: las grabaciones se hicieron públicas, día tras día, por una acreditada ONG –el Instituto de Defensa Legal, que anunció haberlas recibido anónimamente–, pese a que hubo fiscales que intentaron secuestrar las grabaciones para impedir su difusión.

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Perú: el Congreso aumenta condenas dictadas por los jueces

Luis Pásara*

Publicado originalmente en La Mula.

Una persona comete o no un delito cualquiera, es procesado y condenado por ello. La persona cumple la pena impuesta por la sentencia. Un tiempo después, una ley viene a modificar la condena, incrementándola de una manera determinada. No se trata de una ley que aumenta la pena para el delito –cambio que afectará a quienes lo cometan con posterioridad a la nueva ley– sino de una ley que ordena que quienes ya fueron condenados por un delito determinado deben sufrir una sanción adicional a la que el juez les impuso.

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