Gabriela Mundo¹

En los últimos años, El Salvador ha experimentado transformaciones políticas y judiciales significativas debido al régimen de excepción y las reformas legales que lo han acompañado. Estas medidas han generado la alarma internacional sobre la grave afectación de la independencia del poder judicial y la integridad del sistema democrático. La próxima finalización del mandato de un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), programada para el 23 de septiembre de 2024, se presenta como un punto crítico, pues este proceso será el tercero controlado por el oficialismo, después de la destitución ilegal de la Sala de lo Constitucional —y la colocación directa de 5 reemplazos— en mayo de 2021 y la posterior elección ordinaria de 5 magistraturas más, en junio del mismo año. 

El proceso de renovación de las últimas cinco magistraturas restantes, de las 15 que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ), han expuesto aún más la limitada participación de la sociedad civil y la ausencia de una elección basada en el mérito, además de poner en evidencia un nuevo hito: una Corte Suprema de Justicia totalmente nombrada por el partido de gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Aunque el artículo 176 de la Constitución salvadoreña establece los criterios que deben cumplir los candidatos a la magistratura de la Corte Suprema, la aplicación e interpretación de estos requisitos han sido inconsistentes. En esta ocasión, la sociedad civil no ha podido verificar si se cumplieron los requisitos constitucionales para los 30 candidatos y candidatas presentados ante la Asamblea Legislativa, ya que ni el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) ni la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) publicaron los currículos de las personas participantes.  

Entre los señalamientos sobre el proceso desarrollado en el CNJ se ha resaltado la ausencia de publicidad de los currículos de las candidaturas, así como la falta de criterios para evaluarlos y los resultados de dicha evaluación. Esta falta de información impide verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y limita la capacidad de la sociedad civil, e incluso de los miembros de la Asamblea Legislativa para conocer los fundamentos de la decisión final o cuestionar candidaturas específicas. Otros señalamientos también se refieren a los vínculos de los y las postulantes con el gobierno de Nuevas Ideas o si cumplen con los estándares de moralidad y competencia notorias requeridos, y si su selección responde a un sistema que favorece al oficialismo y vulnera la independencia judicial. 

Por otro lado, se ha señalado la baja participación en el proceso que se desarrolló en la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) en el que se nominó a 15 aspirantes, a través de votaciones internas en las que solo participó el 9.56% de los electores.  

Estas limitaciones y la falta de mecanismos efectivos para incidir en el proceso de selección de magistrados y magistradas han contribuido a una atmósfera de desconfianza. La falta de apertura del proceso no solo afecta su legitimidad, sino que también debilita los mecanismos de rendición de cuentas de quienes resultarán electas/os. En un entorno donde la participación ciudadana es mínima, la concentración de poder en el Ejecutivo y la falta de contrapesos institucionales se vuelven preocupantes. 

Desde la llegada al poder del actual presidente, Nayib Bukele, el debilitamiento del sistema de justicia ha impactado negativamente la protección a los derechos de las personas y ha cambiado la dinámica judicial del país, tal como se ha evidenciado en algunos informes de DPLF. El control del Ejecutivo sobre las mayorías absolutas de la Asamblea Legislativa -incluso mediante la reforma de la normativa electoral para dificultar la representación de otras opciones políticas- ha suscitado preocupaciones significativas acerca de la imparcialidad en los nombramientos de magistrados/as, dado que estos cargos han sido ocupados por personas afines a sus intereses. Las reformas y decisiones tomadas bajo el mandato de Bukele y su partido han facilitado un entorno en el que el control del Ejecutivo sobre la Asamblea Legislativa puede influir significativamente en las decisiones judiciales. 

Otro asunto relevante en la elección de magistrados es la falta de representación de las mujeres y diversidad en la CSJ. Aunque la Constitución en su artículo 3, y la ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres promueven la igualdad de género, la composición actual del órgano judicial más alto del país sigue siendo desalentadoramente desequilibrada, pues en la actualidad solo 4 de las 15 personas que integran la Corte Suprema de Justicia son mujeres. La inclusión equitativa de mujeres en posiciones de liderazgo es esencial para asegurar una justicia más inclusiva y representativa, sin embargo, con un contexto tan complejo esta parece ser una preocupación secundaria.  

Para fortalecer la democracia en El Salvador y garantizar la independencia del poder judicial, es urgente abordar y evidenciar estos problemas. El proceso de selección de magistradas y magistrados debería estar centrado en aumentar la transparencia y la participación ciudadana, tal como DPLF lo ha recomendado en sus informes en 2018,  sin embargo, es evidente que no es una prioridad para el actual gobierno restablecer y fortalecer los contrapesos institucionales. La preservación de la independencia judicial y la separación de poderes son esenciales para evitar la concentración de poder y asegurar un sistema democrático robusto y equitativo. 

1. Gabriela Mundo es abogada guatemalteca, oficial de programa sénior para  Centroamérica en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)  ↩︎

Foto: Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, vía Facebook.