Lucía Chávez*

La corrupción es definida por la organización Transparencia Internacional como “el abuso del poder para beneficio propio” y puede clasificarse en “corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”. Esta misma organización define la corrupción a gran escala como los “actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.” [1]

Es de conocimiento y reconocimiento público los extremos a los que ha llegado la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado, y las consecuencias para los derechos humanos de los actos criminales que se cometen con motivo de esas alianzas. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos[2], es claro en identificar estos nexos a partir del estudio del caso Ayotzinapa. Pero otro caso muy claro en donde se conjugan corrupción, crímenes atroces y manifiestos[3], que al ser cometidos por el propio gobierno constituyen violaciones a los derechos humanos y que además gozan de total impunidad, es el caso de Nayarit, en México.

Nayarit es uno de los estados que integran la República mexicana ubicado en la costa oeste del país que colinda con el Océano Pacífico. También se caracteriza por ser uno de los estados en los que las y los habitantes han sido víctimas de la corrupción, las violaciones a derechos humanos y la impunidad por esos actos; en donde el gobierno, con la mayor indolencia al menos de 2011 al 2017, cometió una serie de abusos contra la población.

El modus operandi de esta red criminal incluyó, al menos, a policías, fiscales y jueces de diversas materias quienes, en un aparato organizado de poder, operaron con el fin de obtener beneficios económicos a través del despojo de su propiedad a las y los habitantes de Nayarit. Pero no solo despojaron a las personas de sus propiedades, para lograr sus objetivos se cometieron también crímenes atroces: secuestros, extorsiones, torturas, desapariciones forzadas y abusos sexuales. A través de esos crímenes, muchas veces cometidos en contra de menores de edad, mujeres o adultos mayores, autoridades del estado forzaron a cientos de personas a vender sus viviendas por precios mucho más bajos del comercial, a ceder sus empresas, o bien, a entregar sumas de dinero. Estas “transacciones” eran facilitadas por agentes estatales, incluidos jueces.

El 29 de marzo del 2017 el Gobierno de Estados Unidos de América arrestó en San Diego, California al entonces Fiscal General de Nayarit, Edgar Veytia, por cargos de conspiración para traficar droga a ese país. Veytia fue sentenciado por una Corte de Nueva York y actualmente permanece privado de la libertad.[4] Esta detención facilitó las denuncias en su contra en México, que revelaron que, desde distintas instancias del Gobierno estatal de Nayarit, al menos desde la Fiscalía del Estado, operaba una red macro criminal relacionada con el tráfico de drogas y que esta red criminal operó también para facilitar los actos de despojo mencionados antes, acompañados de graves violaciones a derechos humanos. De la misma manera, más recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos realizó una designación pública del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval por estar envuelto en actos de corrupción.[5]

El caso de Nayarit es relevante, pues si bien es solo uno más de los estados de la República mexicana azotados cruelmente por la violencia criminal y estatal, tiene una particularidad: una sociedad organizada, proactiva y fuerte. A mediados de 2016, se conformó como una iniciativa de la sociedad la Comisión de la Verdad de Nayarit (CVN), a partir de una convocatoria ciudadana y motivada en los abusos ejecutados en contra de la población civil. Tras la detención del ex fiscal Veytia en los Estados Unidos, más víctimas accedieron a denunciar hechos de despojo y crímenes graves vinculados con el ex fiscal. A la par, la CVN comenzó a documentar los casos y acompañar a esas víctimas.

La CVN es una iniciativa ciudadana, independiente de partidos políticos, gobiernos y/o instancias religiosas. No recibe apoyo gubernamental, no tiene registro ni financiamiento público o privado. Está integrada por ciudadanos que realizan actividades de pequeña empresa, profesionales, docentes o incluso algunos en el servicio público, que donan su tiempo libre, conocimiento y recursos económicos propios, con el objetivo de promocionar y defender los derechos humanos en el Estado.

Mientras que los datos oficiales indican que del 2011 al 2018 se reportaron como desaparecidas 162 personas en Nayarit;[6] y que la oficina del ombudsman local registró 72 quejas por tortura en ese mismo periodo,[7] los datos recogidos por la CVN son radicalmente distintos: se han reportado a la CVN más de mil 800 personas desaparecidas, comúnmente personas jóvenes entre 18 y 30 años. En sus documentaciones e investigaciones la CVN ha logrado identificar el aparato criminal que operó con total impunidad del 2011 al 2017.

La mayoría de los casos denunciados se vienen investigando en la Fiscalía Estatal, hasta el momento sin resultados, lo que lanza el mensaje perverso de que “no pasa nada” ni siquiera cuando los actos corruptos están acompañados de crímenes atroces, pero ¿cómo se investigarían si, entre otros, fue el propio fiscal estatal quien ordenó y en ocasiones cometió estos crímenes, y personas allegadas a él permanecen aún en funciones?

Pruebas existen suficientes, por ejemplo, testimonios de quienes fueron despojados de su propiedad, -empresarios o pequeños propietarios- pero también de las víctimas de detención arbitraria y tortura. Hace poco, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad difundió unos audios en los que se escuchan gritos de una mujer, presumiblemente sometida a tortura en las instalaciones de la fiscalía del estado.[8]

¿Qué se necesita en México para que las investigaciones relacionadas con actos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos avancen de manera efectiva? La CIDH habla en su informe de “investigaciones eficientes, rápidas y completas de las situaciones de corrupción”, esto es, la investigación eficaz e independiente de la estructura criminal y sus principales beneficiados. Solo así se mandará un mensaje claro de justicia para las víctimas y de certeza sobre los derechos que les asisten.

*Directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

[1] Transparencia Internacional (2019) Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción. P.14
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf

[2] CIDH. Corrupción y Derechos Humanos, estándares interamericanos. (6 de diciembre de 2019) OEA/Ser.L/V/II.
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf.

[3] Es decir, que a simple vista podemos detectar que ocurren

[4] U.S. Attorneys, Eastern District of New York, Department of Justice. Former Mexican State Attorney General Sentenced to 20 Years in Prison for Participation in International Narcotics Distribution Conspiracy. (26 de septiembre de 2019). https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-mexican-state-attorney-general-sentenced-20-years-prison-participation.

[5] U.S. Department of State. Public Designation of the Former Governor of the Mexican State of Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, Due to Involvement in Significant Corruption. (28 de febrero 2020)
https://www.state.gov/public-designation-of-the-former-governor-of-the-mexican-state-of-nayarit-roberto-sandoval-castaneda-due-to-involvement-in-significant-corruption/

[6] Comisión Nacional de Búsqueda. (2020) CENAPI 2006-2018. https://mxabierto.github.io/dashboard_cenapi/assets/files/cenapi.csv

[7] CCDH Nayarit (2020). Solicitud de información folio 00183120

[8] MCCI. Revelan audio de torturas de Édgar Veytia en plena Fiscalía de Nayarit. La Silla Rota. (19 de agosto de 2019)
https://lasillarota.com/nacion/revelan-audio-de-torturas-de-edgar-veytia-en-plena-fiscalia-de-nayarit-edgar-veytia-fiscal-nayarit-tortura/309613

Foto: Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador del Estado de Nayarit / Wikimedia Commons