José C. Ugaz S.M.*

Después de aprobarlo el 6 diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha publicado hace pocas semanas atrás el informe temático titulado “Corrupción y derechos humanos”.

Tal como lo señala en su introducción, el informe pretende “…dar cuenta del impacto multidimensional de la corrupción sobre la democracia, el Estado de Derecho y, particularmente, para el goce y ejercicio de los derechos humanos en el continente.”

Integración de la agenda anticorrupción y de DDHH

Al referirse a las respuestas internacionales desplegadas por los Estados y los sistemas regionales y universal, en materia de lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos, la CIDH advierte una tendencia a integrar en una agenda el enfrentamiento de dos fenómenos que históricamente han sido considerados separadamente. Concluye que la erradicación de la corrupción beneficia el goce de los derechos humanos, mientras que la protección efectiva de éstos, reduce las posibilidades de actos de corrupción.

Corrupción estructural con impacto institucional

En un extenso capítulo segundo, aborda el impacto de la corrupción en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en la región. Describe a la corrupción en sus diversas expresiones (menor, gran corrupción, captura del Estado), como un fenómeno vinculado al abuso de poder (lo que la emparenta con las violaciones a los DDHH), cuyos efectos no sólo son económicos sino también institucionales. La CIDH señala el carácter estructural de la corrupción en América Latina sustentada en elementos culturales de tolerancia frente a ella y en la concurrencia tanto de actores estatales como privados, resaltando su frecuente asociación con el crimen organizado.

Obligación de los Estados, administración de justicia y corrupción política

Dada la magnitud de los efectos negativos que viene causando la corrupción, y en particular la gran corrupción en Latinoamérica, el informe recuerda la responsabilidad ineludible de los Estados, quienes están obligados por la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos a respetar y garantizar la vigencia de los derechos reconocidos, prevenir su violación, y cuando esto ocurra, investigar y sancionar a los responsables, reparando a las víctimas a través de procesos judiciales justos y garantistas.

Para ello, señala el informe, se requiere que tanto el sistema de administración de justicia como el aparato electoral funcionen adecuadamente, pues un sistema judicial penetrado por la corrupción, impedirá el desarrollo de juicios justos basados en el debido proceso legal, mientras que la corrupción política impide la igualdad y afecta las garantías y vigencia de los derechos humanos.

Corrupción y grupos vulnerables

Es de especial preocupación la situación de grupos vulnerables y discriminados frente a la arremetida de la corrupción. No cabe duda que la corrupción afecta con mayor gravedad y prioritariamente a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. También genera serias consecuencias a otros grupos vulnerables como las personas privadas de libertad, los pueblos indígenas, los migrantes y desplazados, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, personas LGBTI, los afrodescendientes, las personas con discapacidad y las personas mayores, todos los cuales sufren en mayor grado las consecuencias de prácticas corruptas, muy frecuentes en su realidad.

De otro lado. La CIDH también expresa su inquietud por el riesgo que asumen aquellos que luchan contra la corrupción (activistas anticorrupción, defensores de derechos humanos, periodistas y ambientalistas, entre otros, que incluyen a los denunciantes y testigos de estos casos), quienes muchas veces son víctimas de amenazas y violencia, por lo que insta a implementar políticas de protección.

Enfoque de DDHH: centrado en las víctimas y hacia el cambio institucional

 Probablemente el aporte más importante de este informe es lo que él mismo denomina “enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de lucha contra la corrupción” y que desarrolla resaltando que toda política anticorrupción tiene que centrarse en las víctimas a fin de desarrollar mecanismos de prevención, sanción y erradicación que sean eficaces y realistas, los que deben incluir medidas de reparación integral.

Desde esa perspectiva, llama la atención sobre la importancia de que toda política anticorrupción, mirada desde los derechos humanos, tiene que apuntar al fortalecimiento de las instituciones. Ello demanda contar con diagnósticos adecuados sobre el impacto de la corrupción en la institucionalidad, y la implementación de medidas que disminuyan la discrecionalidad de los funcionarios públicos, fomenten la rendición de cuentas y que promuevan una cultura de la honestidad (buscando la erradicación de la tolerancia a la corrupción, desarrollando políticas educativas y el respeto a la legalidad).

Corrupción trasnacional y cooperación internacional

Dado que la corrupción es un fenómeno global, es indispensable contar con mecanismos de cooperación entre los Estados a fin de enfrentar los casos de corrupción trasnacional que involucran varias jurisdicciones. Para ello se deben adoptar acciones conjuntas que hagan más eficaz la persecución penal y la recuperación de los activos desviados, los mismos que luego permitan reparar a las víctimas.

Acciones en el ámbito de la CIDH

En el ámbito propositivo, la CIDH señala una serie de acciones para confrontar la corrupción desde su ámbito de trabajo: i) Mecanismos de monitoreo (relatorías temáticas, requerimiento de informes a los Estados, seguimiento de casos, estrategias de visibilidad de casos de gran corrupción); ii)  Mecanismos de Medidas Cautelares; iii) Sistema de Peticiones y Casos Individuales, y iv) Mecanismos de cooperación técnica (al respecto señala expresamente que “las Relatorías especiales sobre libertad de expresión y DESCA incluirán en sus programas de trabajo de manera transversal el combate a la corrupción destacando los casos más graves de violación a derechos humanos”).

¿Hacia una Relatoría Especial Anticorrupción?

En nuestra opinión, el informe constituye un hito sin precedentes para el desarrollo de estrategias de lucha contra la corrupción enriquecidas por un enfoque complementario como es el de los derechos humanos. La experiencia de décadas acumulada por la comunidad de derechos humanos resultará un aporte invalorable para el diseño de nuevas estrategias anticorrupción (centralidad de las víctimas, formas de reparación, mecanismos de protección, cooperación interinstitucional e internacional, etc.), que incluso permitan procesar casos de gran corrupción ante los sistemas de derechos humanos regionales y universal.

Atendiendo a que la CIDH ha dado este importantísimo paso en la materia, creemos que, establecida esta clara vinculación entre corrupción y derechos humanos, y dado que la corrupción en América Latina se ha convertido en uno de los principales problemas, con un nefasto impacto en la vigencia de los derechos fundamentales, particularmente de los más pobres y otros sectores vulnerables, ha llegado el momento de dar un paso más decidido.

Por ello, pensamos que, en lugar de limitarse a incorporar la agenda anticorrupción en las relatorías existentes de libertad de expresión y DESCA, la CIDH debería proceder a la creación de una Relatoría Especial Anticorrupción. De esta forma, se evitaría el riesgo que el grave problema de la corrupción se diluya en las ya de por sí complejas agendas regionales de libertad de expresión y la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Una relatoría anticorrupción permitiría realizar diagnósticos regionales, temáticos y por país, monitorear el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en la materia, realizar visitas in loco, preparar informes que contribuyan a la mejora de la situación en los países, auspiciar audiencias sobre casos o problemáticas emblemáticos, promover políticas públicas de prevención y cambio cultural, entre otras muchas acciones.

La gravedad de la situación de la corrupción en América Latina  — corroborada entre otros casos emblemáticos por el impacto del caso Lava Jato en 12 países de la región – lo reclama con urgencia.

*Abogado peruano, ex Procurador para el caso Fujimori-Montesinos y ex Presidente del Board de Transparencia Internacional.

Foto: Organización de los Estados Americanos/Flickr