Víctimas de crímenes ambientales en Brasil buscan reparación y justicia en tribunales europeos

¿Cómo el litigio transnacional puede ayudar a superar la impunidad corporativa?

Daniel Cerqueira* y Letícia Aleixo**

Ver versiones en portugués e inglés.

Ante la incapacidad del Estado brasileño de brindar respuestas efectivas a las víctimas de crímenes ambientales, se han presentado algunas acciones judiciales en países europeos, en donde empresas responsables por los daños se encuentran registradas. El presente ensayo busca contribuir a la discusión sobre el litigio transnacional como estrategia para superar la captura corporativa de los procesos de licenciamiento y fiscalización ambiental en Brasil, a partir del análisis de los antecedentes y desarrollos posteriores a los colapsos de embalses ocurridos en el estado de Minas Gerais, con la participación de empresas mineras y de ingeniería con sede en el Reino Unido y Alemania.

El 5 de noviembre de 2015 un embalse de una mina de hierro de Samarco S.A. – de propiedad de la anglo-australiana BHP y de la brasileña Vale S.A. – rompieron y dieron lugar a la peor tragedia ambiental ya registrada en el sector de extracción mineral, al menos en lo que se refiere a la cantidad de desechos mineros liberados – 62 millones de metros cúbicos. El lodo liberado soterró a dos poblados del distrito de Mariana, Minas Gerais, y asfixió el Río Doce, uno de los más importantes del sureste brasileño. La tragedia provocó 19 muertes y, por las próximas décadas, miles de personas tendrán que convivir con el impacto ambiental, económico y cambios drásticos en sus formas de vida.

Lo ocurrido en Mariana evidenció la existencia de un marco regulatorio y de fiscalización permisivo con un modelo de minería absolutamente irresponsable, sin que haya existido una revisión profunda de dicho modelo en los años posteriores. En el estado de Minas Gerais, en particular, históricamente vinculado a la minería, se presentaron iniciativas de leyes con el fin de ampliar la seguridad de los embalses. Sin embargo, fue necesario que un nuevo embalse colapsara, esta vez en la ciudad de Brumadinho, y matara a 272 personas por soterramiento, para que la Asamblea Legislativa del estado aprobara una nueva ley de seguridad de los embalses. El 25 de enero de 2019, en Brumadinho, colapsó la presa de la mina de hierro Córrego do Feijão, propiedad exclusiva de la empresa Vale S.A, derramando 12 millones de metros cúbicos de lodo. El daño ambiental fue inferior al provocado hace 4 años en Mariana, pero causó un número bastante superior de víctimas fatales y generó un profundo impacto en el ecosistema local, llegando a soterrar parte del Río Paraopeba, uno de los principales afluentes del Río San Francisco que, a su vez, es uno de los más importantes de Brasil.

La nueva ley aprobada en Minas Gerais prohíbe la concesión de una licencia ambiental para nuevos embalses siempre que haya una mejor alternativa técnica disponible. Además, prohíbe la construcción de embalses en lugares con comunidades que viven a menos de 10 km de estas estructuras. Pese a estas exigencias, algunas disposiciones de la ley siguen sin reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de Minas Gerais. En el ámbito federal, se ha hecho poco o casi nada. Una comisión parlamentaria creada con posterioridad al crimen de Brumadinho presentó 9 anteproyectos de ley sobre diversos temas: licencias ambientales, seguridad de embalses, tributación de la actividad minera, protección de los afectados por la minería, crímenes ambientales, defensa civil y prevención de desastres, pero la tramitación de los anteproyectos no siguió adelante.

Cabe destacar que el discurso de los gobiernos federal y estatal sigue inflamado contra las medidas de inspección y contra el propio proceso de licenciamiento ambiental. Definidos como “obstáculos al desarrollo”, los órganos ambientales son blanco de ataques y numerosas propuestas de flexibilización. La flexibilización de la legislación ambiental fue exactamente lo que sucedió en Minas Gerais en 2017, tras la ruptura de los embalses mineros en Mariana, lo que permitió que la licencia ambiental de la presa Córrego do Feijão en Brumadinho ocurriera de forma más rápida – factor determinante para que ocurriera otra tragedia.

Varias de las omisiones que dieron lugar a la tragedia de Mariana se repitieron en Brumadinho, en particular la ausencia de planes eficientes de evacuación, y la presencia de zonas pobladas y del propio comedor de Vale a pocos metros de distancia de la ruta de desagüe del embalse minero. La mayoría absoluta de las víctimas de Brumadinho son precisamente funcionarios de Vale y de proveedoras de servicio de la mina Córrego do Feijão. En ambas tragedias, las empresas responsables omitieron información sobre el real estado de las presas. En el caso de Brumadinho, la Agencia Nacional de Minería (Agência Nacional de Mineração – ANM) ha indicado que Vale tenía pleno conocimiento de los problemas de sostenibilidad, sin que hayan sido informados a tiempo de ordenar la suspensión preventiva de las actividades de extracción y de ingeniería en el entorno de la presa.

Sólo en Minas Gerais ocurrieron otras 6 rupturas de embalses mineros antes de las tragedias de Mariana y Brumadinho. La frecuencia con la que ese tipo de suceso ocurre es el resultado de un modelo de minería en donde las corporaciones dictan las reglas del juego que rigen el licenciamiento ambiental, fiscalización, gestión de daños y reparaciones. En lo que se refiere a la fiscalización, son las propias empresas las encargadas de contratar estudios de viabilidad e impacto de embalses en Brasil, sin que exista institucionalidad estatal con la capacidad de evaluar la idoneidad de tales estudios. Cabe recordar que en su primera entrevista tras el colapso ocurrido en Brumadinho, el entonces CEO de Vale S.A. subrayó que un dictamen geotécnico de la compañía de ingeniería alemana Tüv Süd certificaba la estabilidad de las estructuras del embalse y, bajo este argumento, Vale ha buscado deslindar su responsabilidad.

A su vez, la dirección de Tüv Süd en Brasil ha tratado de atribuir la responsabilidad de lo ocurrido a operaciones de ingeniería conducidas por Vale, tales como el movimiento de maquinaria, construcción de ductos de liberación de agua represada y otras operaciones contrarias a las recomendaciones de seguridad de la empresa alemana. Pocos días después de la ruptura del embalse en Brumadinho, y ante las evidencias de que Tüv Süd había certificado la estabilidad de una presa que se encontraba al borde del colapso, sus directivos enviaron comunicaciones a Vale, retractándose de dictámenes que certificaban la estabilidad de otros embalses en el estado Minas Gerais. Por otro lado, algunos medios de comunicación han publicado reportajes revelando el intercambio de correos electrónicos por parte de funcionarios de ambas empresas, en donde ejecutivos de Vale habrían presionado para que Tüv Süd certificara la viabilidad del embalse de la mina Córrego do Feijão. En medio a las diferentes versiones sostenidas por Vale y Tüv Süd, lo cierto es que ambas empresas tenían pleno conocimiento de los problemas de sostenibilidad del embalse que vino a colapsar el 25 de enero de 2019.

Tan cierto como la irresponsabilidad corporativa y la inexistencia de una institucionalidad capaz de fiscalizar adecuadamente los embalses en Brasil, resulta cada vez más evidente que el modelo de minería en donde el Estado y la sociedad se someten a los designios de las empresas extractivas no se ha alterado. La omnipotencia de Vale en Minas Gerais es de tal envergadura, que el 25 de octubre de 2019 el Consejo Estatal de Política Ambiental del referido estado autorizó a que Samarco vuelva a operar la mina de hierro de Germano, en el mismo local donde tuvo lugar el colapso del embalse en Mariana hace cuatro años, sin que se hayan tomado medidas para reparar a las familias afectadas. El embalse de Germano es el más grande de todo Brasil, con 129.5 millones de metros cúbicos de desechos mineros, más que el doble de la cantidad de lodo dispersado el 5 de noviembre de 2015. Aunque la compañía no vierta desechos mineros en esta presa – ya que utilizará un nuevo pozo en sus operaciones – debe considerarse el riesgo inherente a la retirada de tierra durante las nuevas operaciones.

Si no bastara la capacidad de Vale de dictar las reglas del juego en la concesión y fiscalización de embalses, su capacidad de evadir la justicia se ha hecho evidente tras la tragedia de Mariana, provocada por su joint venture Samarco. Hasta la fecha, no hay una sola persona condenada y Samarco ha logrado suspender o simplemente no pagar multas ambientales impuestas por el Ministerio Público y gobiernos federal y de los estados de Minas Gerais y Espirito Santo. La empresa viene litigando cada centavo de indemnización reclamada judicialmente e impugnado las multas impuestas por los órganos de fiscalización. De forma extrajudicial, ha desembolsado algunos montos indemnizatorios a un número limitado de víctimas, por medio de RENOVA — una fundación privada creada por las propias empresas causantes del daño, luego de un acuerdo entre ellas y representantes de los gobiernos federal y de los estados de Minas Gerais y Espirito Santo. Mientras las víctimas de la tragedia de Mariana amargan más de cuatro años de espera a una respuesta judicial definitiva, sobran ejemplos de dificultades para que Vale responda judicialmente por los daños socioambientales provocados por ella y sus sucursales.

A modo de ejemplo, tras varios años de haber presentado acciones judiciales contra la empresa Gusa Nordeste, proveedora preferencial de Vale S.A. en Açailândia, estado de Maranhão, 21 familias del barrio Piquiá de Baixo obtuvieron, en febrero de 2015, una sentencia en segunda instancia ordenando al estado y a la compañía indemnizar la contaminación provocada por el complejo siderúrgico de la citada compañía. Pese al trascurso de 15 años desde las primeras denuncias de las comunidades que conviven con los residuos industriales, el pronunciamiento de organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, la existencia de sentencias judiciales firmes y la firma de acuerdos con las autoridades locales con el fin de reubicar a los residentes de Piquiá de Baixo, las víctimas de la contaminación aún no han sido indemnizadas y siguen viviendo bajo una situación de calamidad socioambiental, padeciendo una serie de afectaciones a su salud.

Ante el escenario de impunidad corporativa en Brasil, miles de víctimas de la tragedia ocurrida en Mariana han decidido presentar acciones judiciales de compensación contra BHP (co propietaria de Samarco S.A.) en los tribunales de Reino Unido, país en donde se encuentra registrada. Se adhirieron a la acción extraterritorial más de 200.000 personas afectadas, aproximadamente 600 empresas y 25 municipios, además de la Arquidiócesis de Mariana. La empresa matriz, sin embargo, ha solicitado que se detenga el proceso, alegando que la acción en Reino Unido duplica las existentes en Brasil y que la jurisdicción brasileña es la idónea para resolver la controversia. La decisión sobre la competencia deberá ser emitida solamente después de una audiencia programada para el 9 de junio de 2020.

Por otro lado, en octubre de 2019 un grupo de víctimas del crimen ambiental ocurrido en Brumadinho interpuso una querella penal ante las autoridades alemanas, en contra de Tüv Süd y algunos de sus funcionarios que participaron en la elaboración de los dictámenes de viabilidad del embalse Córrego do Feijão.

Al margen de la respuesta que puedan dar las cortes del Reino Unido y la Fiscalía de Alemania, ese tipo de litigio expone a la opinión pública europea la manera como BHP y Tüv Süd se han favorecido de la inversión y contratos llevados a cabo en el marco de un modelo de minería permisivo con desastres ambientales. Las acciones en torno a empresas y países extranjeros que se benefician del modelo minero actual deben, por supuesto, respetar las formas de organización y el papel de las comunidades afectadas, bajo pena de reiterar el modelo de dominación Norte-Sur. En este sentido, destacan las iniciativas de las comunidades afectadas en buscar sensibilizar instituciones financieras y fondos transnacionales con inversiones en empresas involucradas en los crímenes ambientales ocurridos recientemente en Brasil. Desde entonces, algunos fondos han anunciado su desinversión en compañías como Vale, entendiendo que sus ganancias no pueden derivarse de operaciones irresponsables.

También debe considerarse que, aun cuando el resultado de las acciones incoadas en Europa sea favorable a la pretensión de las víctimas, la rendición de cuentas en favor de las empresas mineras seguirá siendo el norte de la política ambiental en Brasil. Tras el crimen ambiental del 5 de noviembre de 2015, las empresas mineras ejercieron un poderoso lobby para evitar la reestructuración del marco legal y las políticas de concesión de embalses en Minas Gerais. En este momento, la legislación electoral brasileña permitía que empresas privadas realizaran donaciones a candidatos a cargos de elección popular. Es así como 17 de los 37 miembros de la Comisión de la Cámara de Diputados que deliberaban el texto del nuevo Código de Minería en la Cámara de Diputados en ámbito federal, así como un número considerable de congresistas de las comisiones parlamentarias federales y del estado de Minas Gerais – creadas para investigar las causas del desastre de Samarco – habían recibido fondos de Vale en sus campañas electorales.

En las elecciones de 2014, la empresa distribuyó, a través de donaciones oficiales, alrededor de R$ 82,2 millones a campañas de diputados, senadores, gobernadores y los tres candidatos más votados para la Presidencia de la República, incluyendo la entonces Presidente electa, Dilma Rousseff, y el entonces gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, ambos del Partido de Trabajadores (PT). Es importante tener en cuenta que las donaciones de la compañía y sus subsidiarias se concentran en los estados donde tiene operaciones más voluminosas, como Minas Gerais, Pará y Espírito Santo, pero comprende políticos de todo el espectro de partidos.

Aunque las donaciones electorales por parte de empresas se encuentran actualmente prohibidas, la relación turbia entre política ambiental y los intereses privados se encuentran más vigentes que nunca en Brasil. El gobierno de Jair Bolsonaro se ha empeñado en desmantelar lo poco que quedaba de la institucionalidad ambiental. Su Ministro del Ambiente, Ricardo Salles, colecciona escándalos e investigaciones penales por enriquecimiento ilícito e improbidad administrativa, cometidos presuntamente para favorecer empresas extractivas, mientras fungía como Secretario del Medio Ambiente del estado de São Paulo. La velocidad en la que el marco de fiscalización ambiental viene siendo desmantelado desde el inicio del gobierno Bolsonaro es el preludio de nuevas tragedias. El desastre socioambiental que más ha repercutido, producto directo de la nueva gestión de Bolsonaro y Salles, es la deforestación sin precedentes de la Amazonía. El próximo capítulo de la destrucción deliberada de la Amazonía vendrá, precisamente en el ámbito de la minería, con el anunciado envío al Congreso de un proyecto de ley autorizando la exploración y extracción minera en tierras indígenas en la región amazónica.

El litigio transnacional contra compañías, sean mineras como BHP o proveedoras de servicios como Tüv Süd, les imponen a sus directores, accionistas y financiadores una evaluación más responsable, al momento de decidir invertir y realizar operaciones en un país como Brasil, en donde la tolerancia a tragedias socioambientales es prácticamente política de Estado. El mero costo reputacional derivado de las acciones de indemnización y denuncias penales incoadas en el Reino Unido y Alemania, contra las mencionadas empresas, nos hace concluir que se trata de una herramienta importante para tratar de mitigar la impunidad corporativa y la indolencia del Estado brasileño, ingredientes esenciales de los crímenes ambientales que cobraron la vida de cientos de personas en Mariana y en Brumadinho.

*Director del Programa Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF en sus siglas en inglés)

**Candidata a Doctorado en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais y Coordinadora Operacional PIPAM – Cáritas Brasileña, Sección Rregional Minas Gerais

Foto: Brumadinho, Minas Gerais / Wikimedia Commons

Acerca de Justicia en las Américas

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