Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en Global Americans

En noviembre de 1978, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó a una Nicaragua bañada en sangre por Anastasio Somoza, el último de una dinastía de dictadores que gobernó el país entre 1934 y 1979. Cuarenta años después, el principal órgano de derechos humanos de las Américas regresa a una Nicaragua sometida por otro régimen adicto al poder y experto en el arte de la manipulación.

La aceptación de la visita no pasa por la apertura al escrutinio internacional, sino por una fachada de reconciliación, en respuesta a las protestas que han estremecido la hegemonía alcanzada por el régimen sandinista tras 11 años en el poder. En un primer momento, las manifestaciones demandaban la derogación de una reforma previsional leonina. Ante el aumento de la represión por parte del gobierno de los Ortega-Murillo, la población pasó a reivindicar el fin de los abusos de la pareja presidencial; y justicia por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas del orden y por hordas paramilitares autodenominadas “juventud sandinista”.

La visita de la CIDH es una de varias exigencias que la Conferencia Episcopal y los gremios empresariales de Nicaragua impusieron como pre-condición para sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno. Desde finales de abril, la CIDH había cursado tres solicitudes formales para visitar el país, pero recién el 14 de mayo obtuvo la anuencia del gobierno nicaragüense. Es iluso pensar que Daniel Ortega colaborará o que pretende convencer al organismo interamericano de que la Comisión de la Verdad, ocupada por sus correligionarios sandinistas, es un mecanismo idóneo para la obtención de verdad y justicia en ese momento tan crítico. Dicha Comisión “de la Verdad” fue creada hace algunas semanas por una Asamblea Nacional controlada por el partido oficialista, y tiene el alegado propósito de esclarecer los hechos de violencia durante las protestas.

La intención de Nicaragua de colaborar con la CIDH debe ser tomada con precaución. El gobierno nicaragüense lleva tres años sin comparecer a las audiencias convocadas por la CIDH durante sus períodos de sesiones. Hasta el gobierno venezolano, antagonista declarado de la CIDH, comparece regularmente a las audiencias del órgano interamericano.

Sobre el probable intento del gobierno nicaragüense de manipular la verdad, cabe recordar la visita in loco de 1979 a Argentina, en donde la CIDH volteó la mesa ante las maniobras del gobierno de facto. La infame Junta Militar había limitado el acceso a los centros clandestinos de detención y buscado desvirtuar el testimonio de los familiares de personas desaparecidas. En dicha ocasión, la CIDH contrastó el relato oficial del gobierno anfitrión con otras fuentes y sus hallazgos contribuyeron para que la opinión pública internacional conociera el fenómeno de las desapariciones forzadas masivas, negadas por el régimen militar argentino.

La anuencia de Nicaragua es claramente una movida de un régimen acorralado, con el fin de apaciguar la indignación popular. Un gobierno que masacra a estudiantes y que lleva más de una década socavando las libertades fundamentales de su pueblo no cederá el poder frente a las presiones de un organismo internacional de derechos humanos. Es hasta predecible asistir a Ortega repitiendo el mantra utilizado varias veces por Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa y otros mandatarios del ALBA que protagonizaron algún tipo de altercado con la CIDH: “tiene su sede en Washington D.C., es financiada por George Soros y por países del norte, es un agente del imperialismo yanqui, etc…”

Pese a la probable instrumentalización política de la visita in loco de la CIDH, sus hallazgos pueden tener resonancia en foros multilaterales y en las relaciones bilaterales de Nicaragua con otros países. Al respecto, es oportuno recordar el impacto de la histórica visita de la CIDH a Argentina, durante la Asamblea General de la OEA de noviembre de 1980. Jimmy Carter encabezó la delegación de Estados Unidos y profirió duras críticas a las graves violaciones de derechos humanos documentadas por la CIDH en su momento. En respuesta, el entonces canciller argentino, Carlos W. Pastor, llegó a amenazar con el retiro de su país de la OEA.

En un contexto en que un gobierno convoca al diálogo y emplea una violencia sistemática contra manifestantes, queda claro que un informe de la CIDH o la reprimenda de uno o varios países en la próxima Asamblea de la OEA, durante el mes de junio, no hará cesar el autoritarismo en Nicaragua. Aunque la visita de la CIDH no es el factor determinante de la transición democrática, podría ser recordada como un registro importante de la historia reciente de Nicaragua que reivindica uno de los ideales que siguieron el derrocamiento de Anastasio Somoza en 1979: la oportunidad de construir una nación en donde el respeto por los derechos humanos prima sobre los caprichos de una dinastía familiar. ¡Esperamos que así sea!

*Daniel Cerqueira, Oficial de Programa Senior de DPLF.

Crédito de fotográfico: telemetro.com.