Natalia Gomez Peña

El pasado 2 de mayo Hugo Albeiro George Pérez  se encontraba en una cafetería en el municipio de Puerto Valdivia, Antioquia en Colombia cuando dos hombres en una motocicleta le propinaron varios disparos que acabaron con su vida y con la de su sobrino de 20 años. Hugo era integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) El Aro — grupo vinculado al Movimiento Ríos Vivos, movimiento social que trabaja por la protección de los ríos y agrupa a las comunidades afectadas por los impactos sociales y ambientales de represas en Colombia.

Días después, el 8 de mayo, Luis Alberto Torres Montoya fue asesinado junto a su hermano mientras barequeaban (búsqueda de oro de manera artesanal) en las riberas del rio Cauca en el sector de Puerto Valdivia, Antioquia. Luis Alberto pertenecía a la asociación de pequeños mineros y pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA) y también hacía parte del movimiento Ríos Vivos. Tanto Hugo como Luis Alberto hacían parte de las movilizaciones contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango y venían denunciando sus graves impactos sociales y ambientales.

Los integrantes del Movimiento Ríos Vivos han denunciado por años ser objeto de múltiples amenazas, intimidaciones y vulneraciones a sus derechos por su trabajo como defensores de los ríos.  A esto se suma la estigmatización a la que se han visto sometidos por oponerse a megaproyectos que amenazan a los ríos. Especialmente por su oposición a la construcción del proyecto Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande en la historia de Colombia, el cual en estos momentos atraviesa una crisis que ha dejado a cientos de personas damnificadas y tiene el potencial de convertirse en la mayor tragedia ambiental del país.

Los asesinatos de Hugo y Luis Alberto son una muestra del triste panorama al que se enfrentan los defensores ambientales en Colombia y, en general, en América Latina. En el 2016, Berta Cáceres se convirtió en un símbolo de esta problemática y las noticias sobre su asesinato recorrieron las páginas de los principales periódicos del mundo, produciendo indignación entre la comunidad internacional. Hasta el día de hoy, la investigación judicial en Honduras reporta pocos avances.

América Latina ocupa desde hace varios años el primer lugar en las estadísticas de asesinatos de defensores ambientales. Brasil lidera las estadísticas con 46 defensores del ambiente asesinados en el 2017 y Colombia le sigue de cerca con 37 asesinatos reportados. El contexto de gran riqueza de recursos naturales y megaproyectos de inversión; cuyos impactos generalmente recaen en las comunidades más vulnerables (indígenas, afros y campesinos); sumado a la falta de acceso a la información y participación para los afectados; y la continua impunidad de la que gozan los crímenes contra los defensores, hace que las cifras sean cada vez más desalentadoras.

La violenta realidad que afrontan los defensores ambientales en Colombia, y en general en toda América Latina requiere que los Estados de la región asuman compromisos efectivos para su protección. El pasado 4 de marzo de 2018, veinticuatro Estados de América latina y el Caribe, incluyendo Colombia, adoptaron el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en asuntos Ambientales para América latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Se trata del primer tratado sobre medio ambiente y derechos humanos de la región y el primer instrumento vinculante en el mundo donde se reconoce el rol de los defensores ambientales y se incluyen obligaciones para su protección.

El artículo 9 del Acuerdo Regional crea un régimen de protección para los defensores ambientales articulado en tres niveles. En él, las partes del Acuerdo se comprometen a: i) garantizar un entorno seguro para el actuar de los defensores, ii) tomar medidas adecuadas y efectivas para reconocer y proteger sus derechos, y iii) tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques contra los defensores ambientales. Todo esto en un marco regional de cooperación y fortalecimiento de capacidades entre los Estados para asegurar una efectiva implementación del tratado.

El Acuerdo de Escazú será abierto para la firma el próximo 27 de septiembre de 2018, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Es esencial que los países de la región, especialmente aquellos que tienen las más altas tazas de violencia en contra de defensores ambientales, como Colombia, Brasil y Honduras, firmen, ratifiquen e implementen prontamente el Acuerdo. El tratado es una herramienta para fortalecer la democracia ambiental y su efectiva implementación promoverá un entorno más seguro para los defensores ambientales. La región debe movilizarse pronto por la memoria de Berta, de Hugo, de Luis Alberto y de tantos más que han sido asesinados por su lucha por un medio ambiente sano. La violencia no da espera y cada día que pasa la voz de otro defensor ambiental puede ser silenciada.

Natalia Gomez Peña es Asociada de la Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia