Venezuela: “Autojusticia”

Claudia Nikken

Después de diecinueve años de “gobierno revolucionario”, se hace difícil aportar algo nuevo al estudio de la situación del Estado de derecho en Venezuela.  El diagnóstico está hecho.

Durante los primeros años se advertía, se preconizaba, sobre el peligro que acechaba al Estado de derecho en Venezuela, en virtud de la merma de las instituciones sobre las cuales reposa, de las cuales depende: la cada vez más inexistente separación de poderes; la precaria situación del Poder Judicial y el Ministerio Público; las penosas condiciones del sistema carcelario; el desconocimiento progresivo de la protección internacional de los derechos humanos (http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2003sp/indice.htm, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf).

Hay personas e instituciones que han venido ocupándose de documentar el proceso de desmantelamiento del Estado de derecho en Venezuela.  “Estado de derecho” es una frase que sigue impresa en la constitución, que no tiene ningún significado práctico en la Venezuela de hoy.  Muchas de esas personas e instituciones podrán mostrarlo incluso en cifras, al menos hasta donde es posible conseguirlas (http://www.accesoalajusticia.org/wp/, https://www.icj.org/es/venezuela-el-ocaso-del-estado-de-derecho-nuevo-informe-de-la-cij/)[1]. No es a eso, pues, a lo que se refieren estas brevísimas notas.

Parto del hecho constatado de que en Venezuela no existe un sistema de justicia operativo, ya ni siquiera independiente o imparcial.  No se trata (solamente) de una justicia que se emplea para castigar o amedrentar al “enemigo” (al adversario político, o al adversario pura y simplemente); o de la que se ofrece al mejor postor para resolver problemas económicos de mediana o gran envergadura; o para enjuiciar o liberar a delincuentes según su capacidad de pago o de amedrentamiento.  El asunto es aún peor.

Se verifica un estado general de imposibilidad de acceso a la justicia. En la conciencia colectiva -y en la práctica- ir a los tribunales, a resolver cualquier problema, es ir a perder el tiempo, en especial si de defenderse contra el Estado se trata.

Esa situación -que pasa de la “injusticia” a la “no justicia”-, se ha traducido en Venezuela en una situación inaceptable, inadmisible en cualquier Estado constituido: comienza a institucionalizarse el “derecho” a hacerse uno justicia por sus propias manos.

Eso ocurre en el ámbito civil, donde los propietarios que quieren recuperar el inmueble que alguna vez tuvieron a bien arrendar, en el mejor de los casos tienen que pagar al arrendatario moroso una suerte de rescate.  Pasa en otro ámbito por el pago del rescate que hacen los familiares de los secuestrados pobres y ricos para preservar sus vidas -a veces sin éxito-, todos los días, varias veces al día, en todo el territorio nacional.

En el ámbito institucional encontramos muchos ejemplos, siendo los más graves las mal llamadas “ejecuciones sumarias”, disfrazadas primero de “enfrentamientos” entre cuerpos de seguridad y “presuntos delincuentes”, y ahora institucionalizadas como “Operación de Liberación y Protección del Pueblo”, o por sus siglas “OLP”, que son en realidad operaciones comando para buscar y aniquilar presuntos delincuentes (http://runrun.es/especiales/olp/)[2].

Entre policías se encuentra una común explicación, con o sin fundamento en la realidad concreta de cada caso: cada vez que los “agarramos” pagan y salen, y vuelven a lo mismo.

Es gravísimo, de más está decirlo, que desde el Estado se organice el asesinato de personas so pretexto de que son delincuentes.  Un sistema de justicia operativo tendría que ser suficiente para imponer a tales personas -de ser declaradas culpables de delito en el marco de un debido proceso- las penas que corresponda.

Ahora bien, la inexistencia de ese sistema de justicia operativo ha conducido a la sociedad venezolana a una situación aún peor, convirtiendo también a sus ciudadanos “de bien” en asesinos.

Desde el año 2015, ha venido observándose en Venezuela el crecimiento en cifras de los llamados “linchamientos”, con la característica además de que los mismos dejaron de estar reserva dos para presuntos autores de delitos graves (homicidio, violación, por ejemplo), y se aplican a autores de cualquier clase de hecho punible; viajaron de las poblaciones rurales a las ciudades, de los barrios populares a las zonas de clase media y clase media alta[3].

Por supuesto es atroz que ocurra, que los ciudadanos de bien, en un momento de ira y en masa, arrebaten la vida a uno de sus semejantes, incluso solo por el hecho de robar un teléfono.  Pero es peor que quienes se enteran de la noticia la aplaudan, como en efecto lo hacen.

¿Qué hace el Estado ante esa situación?

En muchos casos, hay que reconocerlo, las fuerzas del orden intervienen para evitar el linchamiento o, al menos, para evitar que el linchado sea asesinado o gravemente herido.  Sin embargo, nada se sabe acerca de la conducta posterior de la policía con relación al linchado: ¿se inicia o no se inicia una investigación?

Con relación a los participantes en el linchamiento, me atrevo a afirmar, casi sin temor a equivocarme, que la impunidad es prácticamente de 100%.  Y digo prácticamente, porque algunos casos que se han politizado, aparentemente, han tenido repercusiones en los autores del linchamiento.

La Fiscal General de la República alzó su voz solo el año 2016, habiéndose constatado el linchamiento -y asesinato- por error de una persona que fue confundida con un “azote de barrio” (https://canaldenoticia.com/fiscalia-venezolana-investiga-linchamiento-este-caracas/).

Valga decir que en los medios de comunicación estatales es prácticamente nula la información sobre linchamientos.  Solo se hace mención de la muy lamentable utilización de esta práctica ciertamente barbárica -y muy esporádica- en el marco de protestas opositoras contra aparentes “chavistas infiltrados”, incluso con la intención de hacer ver que se trata de una práctica sistemática (http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELA/caso-danny-subero-crimen-de-odio-y-el-linchamiento-como-politica).

Estas notas tendrían que ser complementadas con sentencias y casos.  Sin embargo, en su afán de opacidad, el Tribunal Supremo de Justicia se las ha arreglado para dificultar las búsquedas correspondientes a través de la web (lo que hasta hace poco era muy fácil), limitándolas a las escasas posibilidades que ofrece su propio sitio oficial.  De hecho, la única información “oficial” es esta: http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/fiscalia-investiga-linchamientos_33297.

La consecuencia de que no exista en un Estado un sistema de “justicia”, lógicamente se traduce en la inexistencia práctica del derecho, entendido este como sistema de normas de obligatorio cumplimiento, cuyo objeto es la regulación de la vida en sociedad.  En efecto, si no existe un mecanismo que asegure la aplicación del derecho, desaparece su carácter “obligatorio” y, por ende, su principal elemento distintivo de otros sistemas normativos (la moral, la religión, etc.).  Esa es la verdadera tragedia de Venezuela.

Si nos ponemos filosóficos y entendemos que el Estado existe por el derecho, tenemos que concluir que Venezuela no es un Estado en el sentido propio de la palabra.

Venezuela debe entonces recomponerse como Estado, debe “reconstituirse”. Ahora es tarde.

[1] De la Comisión Internacional de Juristas, puede verse https://www.icj.org/es/venezuela-la-ruptura-del-estado-de-derecho-y-la-crisis-de-impunidad-se-profundizan/; https://www.icj.org/es/venezuela-el-tribunal-supremo-de-justicia-un-instrumento-politico-del-poder-ejecutivo/https://www.icj.org/es/venezuela-son-necesarias-las-visitas-de-los-procedimientos-especiales-de-las-naciones-unidas-mas-relevantes-para-la-grave-crisis/)

[2] En los informes anuales de PROVEA ha venido dándose cuenta de esta situación y su agravamiento con el transcurso del tiempo.  Aquí el último informe publicado https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/resumen0211.pdf.

[3] Seguidamente se ds cuenta de un número importante de vínculos a noticias y análisis sobre ese fenómeno, que aqueja a la sociedad venezolana: http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/03/56d89c1aca47414c688b463b.html http://www.reporteconfidencial.info/noticia/3262395/fotos-y-videos-fuertes-linchamientos-como-sistema-de-justicia-de-un-estado-fallido-llamado-venezuela/

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/efe-linchamientos-venezuela-son-reflejo-del-quotdesesperoquot-ante-aumento-del-hampa_41571

http://observatoriodeviolencia.org.ve/linchamientos-en-venezuela-aumentan-650-en-2016/

https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN14H1QL

http://efectococuyo.com/principales/aumentan-los-linchamientos-comunitarios-por-delitos-menores-en-venezuela

https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/derechos-humanos/200-casos-de-linchamientos-e-intentos-en-venezuela-en-2017

http://www.epgconsultora.com.ve/blog/interes-general/linchamientos-venezuela-la-propaganda-la-desinformacion-la-desidia

Claudia Nikken es DEA de Derecho Público Interno de la Universidad de París II

About Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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