Katerina Parsons

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Con políticos en los bolsillos de los narcotraficantes y cientos de millones de dólares robados de las arcas del gobierno, Honduras ha estado atormentada por las acusaciones de corrupción rampante, enriquecimiento ilícito y crimen organizado.

Pero si el gobierno hondureño hubiera trabajando como debería, ninguno de estos escándalos habría ocurrido. Según un informe final acerca del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, publicado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) en marzo:

“Estos escándalos de corrupción y crisis institucional podrían haberse evitado, detectado y corregido si hubiera un Tribunal Superior de Cuentas con presupuesto suficiente y la capacidad técnico-jurídica y el alcance institucional para cumplir con su mandato constitucional…”

Aunque no sea una institución conocida por muchas personas, ni siquiera en Honduras, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras es una de las herramientas más importantes en la lucha contra la corrupción en el gobierno.

Alrededor del mundo, los Tribunales Superiores de Auditoría son instituciones gubernamentales que realizan auditorías internas en búsqueda de corrupción e ineficiencias, emitiendo recomendaciones para cambiar estas prácticas. En Estados Unidos, este tribunal se llama la Contraloría General del Gobierno de los Estados Unidos (“Government Accountability Office”). Los tres magistrados que conforman el TSC tienen un periodo de 7 años y actúan como el “primer eslabón en la lucha contra la corrupción”.

Desafortunadamente, en Honduras, este eslabón actúa más como un obstáculo. Las cortes hondureñas no pueden proceder con un caso de enriquecimiento ilícito hasta que el TSC determine que el incidente debería ser llevado a juicio. Ningún otro órgano judicial está facultado para realizar investigaciones independientes del caso.

El Enriquecimiento Ilícito, también llamado Enriquecimiento Injustificado, ocurre en cualquier instancia en la que una persona abusa de su poder para enriquecerse a sí misma a expensas de otra persona. Puede ser un hurto directo o un abuso indirecto de poner, como otorgar a su propia compañía contratos lucrativos.

Por mucho tiempo, el TSC de Honduras ha estado sometido a un examen exhaustivo debido a su debilidad institucional e inoperancia ante serias acusaciones de corrupción. Por su parte, ASJ lleva un buen tiempo solicitando al gobierno hondureño que reforme la manera en el que el Tribunal funciona, que le permita investigar e interceptar actos de corrupción de manera rápida y fácil.

El reporte de ASJ, “Vigilancia Ciudadana del Tribunal Superior de Cuentas 2009-2016” un estudio minucioso de la organización y gestión del tribunal, es la culminación de estos años de incidencia. El reporte analiza y evalúa indicadores de gestión relevantes durante el periodo anterior del TSC y presenta sugerencias claras para mejorar. En tanto este año una nueva composición de magistrados del Tribunal inicia su mandato de siete años, ASJ espera que las lecciones aprendidas de errores pasados fortalezcan la institución a futuro.

El Enriquecimiento Ilícito es uno de los actos más controversiales de corrupción no solo porque es frecuentemente asociado al crimen organizado, sino también porque es uno de los crímenes menos investigados, que esporádicamente se llevan a juicio y que tienen las penas más leves, estableció el Reporte de Vigilancia Ciudadana.

Una de las razones por las que pocos casos de corrupción son penalizados es el gran atraso procesal que enfrenta el Tribunal. Durante los siete años pasados, el estudio de ASJ encontró, que las investigaciones del TSC tardaron 6.6 años. Algunas decisiones llegaron a tardar hasta diez años, después de que el acusado recibiera una sanción administrativa, enfrentara una sanción penal, o se abandonaran los cargos.

En algunos casos, el TSC ordenaba a las personas acusadas a pagar una multa para restituir el dinero que robaron o malgastaron. Sin embargo, aunque la mayoría de los hurtos eran por cuantías de un millón de lempiras o más (alrededor de USD 43.000), la mayoría de las multas en caso de hurto eran de USD 2.000 o menores.

Además de procesos lentos e ineficientes que tendían a ignorar las ofensas más graves, el estudio también reveló que el tribunal tiene un alcance limitado en sus investigaciones. El TSC auditaba menos del 50% del gasto público y sus investigaciones no alcanzaron todos los municipios.

Alguna de las debilidades institucionales del TSC pueden ser atribuidas a su limitado presupuesto. A diferencia de otras instituciones públicas que dedican el 60-70% de su presupuesto a salarios, el TSC designa más del 90% de su presupuesto a pagar sus 649 empleados, dejando muy poco espacio para gastos operativos, avances tecnológicos, entre otras herramientas. Honduras invierte en su tribunal superior de auditoría mucho menos que otros países de Centroamérica – por ejemplo, Panamá invierte 20 veces más per cápita investigando la corrupción en el gobierno.

ASJ espera que la publicación del informe no solo desafíe a los nuevos integrantes del Tribunal para que realicen cambios sustantivos, sino también sirva como contribución para futuras, que centre la atención de los jueces en cambios que generen un mayor impacto en la continua construcción de legitimidad social y credibilidad institucional en el sistema judicial hondureño.

Katerina Parsons, Asociación para una Sociedad más Justa – Estados Unidos
Coordinadora de Comunicaciones – EEUU