Próximos juicios sobre hechos del conflicto armado en Guatemala podrían resaltar vínculos entre delitos del pasado y del presente

Por Naomi Roht-Arriaza

Presidenta del Consejo Directivo de DPLF,

Profesora de Hastings College of Law Universidad de California

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Foto: AFP

El miércoles 6 de enero, la Policía de Guatemala detuvo a 17 exmilitares de alto rango en relación con delitos cometidos durante los 36 años de conflicto armado en ese país. Estos militares, acusados de desaparición forzada, tortura y delitos contra la humanidad, integran la lista de los máximos responsables de haber ideado la estrategia militar que dejó un saldo de más de 200.000 muertes y 40.000 desapariciones, según se indica en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, patrocinado por la ONU. Un factor aún más importante es que varios de los acusados tuvieron un rol clave en la transformación de sectores militares en “poderes ocultos”, que actualmente integran la delincuencia organizada y participan en la corrupción a gran escala. Algunos de los acusados son personas cercanas al nuevo presidente Jimmy Morales. Al detener y acusar a este grupo, el Ministerio Público (Fiscalia General) ha decidido actuar ante fuerzas que encarnan la relación entre la impunidad por delitos del conflicto armado y la impunidad prevalente actualmente. Si logrará o no salir airoso del esfuerzo, es otra cuestión.

Las detenciones se produjeron en el marco de dos casos. El primero está relacionado con la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años. En 1981, las autoridades detuvieron y torturaron en la base militar de Quetzaltenango a su hermana Emma, de 16 años, quien pudo escapar mientras estaba detenida. Al día siguiente, hombres armados ingresaron en la vivienda familiar, golpearon a su madre y secuestraron a su hermano, Marco Antonio, que fue llevado en un vehículo oficial. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, miembros del G-2 (la sección de inteligencia de las fuerzas armadas), vestidos de civil, se llevaron a Marco Antonio en represalia por el activismo de la familia y la fuga de su hermana. En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Guatemala por esta desaparición y ordenó al gobierno que investigara y juzgara a los responsables.

Entre los imputados en la causa se encuentra Francisco Gordillo, responsable junto con el general Ríos Montt del golpe de estado de marzo de 1982, y quien luego integró durante un corto tiempo la junta de gobierno. Otros dos comandantes de bases militares también fueron imputados. Sin embargo, el “pez gordo” más importante es Manuel Callejas y Callejas. Según ha trascendido en los medios, Callejas sería uno de los líderes de la “Cofradía”, una organización secreta de agentes de inteligencia, además de ser exjefe del servicio de inteligencia militar G-2 a principios de la década de 1980. En tal carácter, planificó y estuvo al frente de operativos de contrainsurgencia en áreas urbanas y otras zonas, que fueron el marco de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. En 1990, asumió como Director General de Aduanas, donde presuntamente creó una estructura paralela que, con el tiempo, llegó a participar en contrabando de mercancías y narcotráfico. Según la prensa local, la red de contrabando que creó en el Servicio de Aduanas sirvió como base y precursora de la red de corrupción de alto nivel conocida como “La Línea”, que provocó la caída del expresidente Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015. En 2002, Estados Unidos revocó la visa de Callejas debido a sus vínculos con redes de delincuencia organizada. De acuerdo con el medio El Periódico, era conocido como “El Capo de Capos”[1]. Es uno de los dos exgenerales (el otro es Francisco Ortega Menaldo) que suelen señalarse como el verdadero poder detrás del trono. [2] También constituye uno de los nexos más claros entre la impunidad por los crímenes del conflicto armado interno, y la evolución y el desarrollo de las redes de corrupción y delincuencia organizada que asolan actualmente a Guatemala.

El segundo caso involucra cargos de desaparición forzada, homicidio y tortura como delitos de lesa humanidad, en relación con fosas comunes halladas donde anteriormente se encontraba la base militar de Cobán. La base lleva ahora el nombre de Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, o CREOMPAZ. Durante la década de 1980 se conocía como Base Militar 21, y se utilizaba como centro de interrogatorios, detención y exterminio para las regiones norte y noreste de Guatemala. Las fosas comunes fueron descubiertas luego de que varios sobrevivientes de una masacre de cerca de 268 personas, ocurrida en julio de 1982 en el poblado de Plan de Sánchez, declararon que la base se había utilizado para la detención de personas. En 2012, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) comenzó a realizar exhumaciones en el lugar y desenterró 533 cuerpos, 90 de ellos niños, de 84 fosas clandestinas. Las personas identificadas eran de diversas regiones del país, y muchos de los cuerpos llevaban los ojos vendados, y las manos y los pies atados. Hasta el momento, se han identificado casi cien cuerpos mediante pruebas de ADN. Las órdenes de detención se centran en seis incidentes diferentes, incluido el caso de la aldea Pambach, donde 80 hombres jóvenes fueron llevados del lugar, aparentemente para que prestaran el servicio militar, y no fueron vistos nunca más.

La base se usó durante toda la década de 1980, y algunos de los acusados estuvieron a cargo de las operaciones de la base durante parte de ese lapso. Uno de ellos, César Augusto Cabrera Mejía, fue oficial de inteligencia en la base entre 1982 y 1983, el período en que ocurrió el mayor número de masacres, y se convirtió en jefe de inteligencia militar de 1986 a 1990. Antes de las detenciones, había sido mencionado como posible Ministro de Gobernación (que supervisa a la Policía) del gobierno entrante de Morales.[3] Otro de los acusados, Benedicto Lucas, hermano del expresidente Lucas García, fue Jefe del Estado Mayor del Ejército y es considerado por muchos sectores como la persona que ideó la política de exterminio del ejército y las patrullas de autodefensa civil (PAC), integradas por lugareños que eran reclutados —voluntaria o forzosamente— por las fuerzas militares para llevar a cabo redadas contra las guerrillas y matar a personas que se consideraban sospechosas, y para servir como “carne de cañón”.

Un tercer hombre, Edgar Justino Ovalle Maldonado, es asesor cercano del actual presidente Morales, además de legislador del partido oficialista. Si bien el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le retirara la inmunidad parlamentaria, la Corte hasta el momento ha denegado el pedido.  Uno de los principales sospechosos, el ex-comandante de la base Ricardo Méndez Ruíz Rohrmoser, murió pocos días antes de los arrestos. Su hijo, una figura polarizante que encabeza la autodenominada Fundación Contra el Terrorismo fue, según informes de prensa, un oficial de inteligencia en la base.[4]

La zona próxima a la base de Cobán es una zona sumamente conflictiva donde, en los años setenta y ochenta, se produjeron apropiaciones masivas de terrenos por parte de militares y terratenientes aliados. Los militares planificaron allí una carretera, la Franja Transversal del Norte, que cruzaría el norte del país hasta la frontera con México, y había en la zona petróleo y níquel, además de tierras aptas para el pastoreo y bosques vírgenes. Muchos militares, incluidos los hermanos Lucas, obtuvieron grandes extensiones de tierra en el lugar. Para 1983, alrededor del sesenta por ciento de las tierras en el departamento de Alta Verapaz pertenecían a militares. En la actualidad, el área continúa siendo escenario de conflictos entre comunidades y empresas por recursos mineros, plantaciones de palma, presas hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura y de recursos naturales. Bastan dos ejemplos: en 2011, cientos de familias fueron desplazadas por la fuerza de las tierras que habían ocupado tradicionalmente en el Valle del Polochic, para introducir el cultivo de palma africana y caña de azúcar. Durante protestas en 2014, tres líderes comunitarios fueron asesinados por policías. Y en la edición del domingo 2 de abril pasado del New York Times, se publicó en primera plana un artículo sobre los reclamos de comunidades q’eqchi’s en Izabal, que piden que una empresa de minería canadiense responda por señalamientos de violación sexual y negligencia[5].

Por consiguiente, así como los acusados en el caso Molina Theissen representan un nexo entre los crímenes del pasado y la corrupción y la delincuencia organizada del presente, los del caso CREOMPAZ además conectan los delitos del pasado con las luchas que se libran actualmente por la tierra y los recursos naturales. Y estos vínculos conllevan tanto posibilidades como peligros. El potencial radica en la capacidad de afianzar alianzas entre, por un lado, los grupos indígenas, mayormente rurales, que reclaman justicia por delitos de lesa humanidad y genocidio perpetrados durante la década de 1980, así como también las poblaciones indígenas que hoy luchan contra la extracción de recursos naturales por el Estado y las empresas (que a veces, pero no siempre, son los mismos), y, por otro, las coaliciones de lucha contra la corrupción, en su mayor parte urbanas, que tuvieron un papel decisivo en la caída del gobierno de Pérez Molina en 2015. El peligro es la vulnerabilidad de víctimas, antropólogos forenses, abogados, jueces y defensores ante ataques de actores aún poderosos, que mantienen nexos con redes violentas. Si bien para los fiscales estos casos pueden resultar atractivos debido a las vinculaciones de los acusados con actuales redes delictivas, las organizaciones de derechos humanos podrían ser las más afectadas por la predecible reacción de estas redes.

Los próximos pasos en el caso CREOMPAZ tendrán lugar este mes o el próximo. El Ministerio Público y los querellantes presentarán las pruebas de las que disponen ante un juez de instrucción. Ese juez decidirá si la evidencia es suficiente para llevar a juicio a los acusados, y por cuáles imputaciones. En el caso Molina-Theissen la defensa continúa presentando recursos, pero hasta el momento la jueza del caso ha denegado los pedidos de los acusados para la aplicación de una ley de amnistía o el traslado del juicio a otro tribunal. Mientras tanto, los imputados permanecen detenidos en una prisión militar. Al enfrentarse a acusados que son mucho más que simples militares retirados, el Ministerio Público ha asumido una difícil tarea para la que necesitará —al igual que las familias de las víctimas— todo tipo de apoyo.

[1] http://elperiodico.com.gt/2016/01/06/pais/cae-el-capo-de-capos-manuel-antonio-callejas/

[2] Susan C. Peacock and Adriana Beltran, Hidden Powers in Post-Conflict Guatemala (WOLA, 2003), p. 16.

[3] CMI, La línea contrainsurgente del ejército se enfrenta a su pasado, Jan. 6, 2016, at https://cmiguate.org/la-linea-contrainsurgente-del-ejercito-se-enfrenta-a-su-pasado/

[4] CMI, Los Méndez-Ruiz y su vinculación con el Caso Creompaz, 14 April 2016, at https://cmiguate.org/mendez-ruiz-y-su-vinculacion-con-el-creompaz/

[5] Suzanne Daily, Guatemalan Women’s Claims Put Focus on Canadian Firms’ Conduct Abroad, New York Times, 2 de abril de 2016, pág. 1.

 

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