El grupo de Ayotzinapa

Por: Nelson Camilo Sánchez León

Publicado originalmente en Dejusticia

Foto: ISABEL SANGINÉS/SomoselMedio.org

Foto: ISABEL SANGINÉS/SomoselMedio.org

El tema es omnipresente. Nos bajamos del avión en la Ciudad de México y lo primero que se ve colgar de los stands de revistas son periódicos que hablan sobre el informe recién lanzado por el Grupo de Expertos de la CIDH sobre Ayotzinapa. Lo mismo sucede al subirnos al taxi. En la radio se presentan sondeos de opinión que señalan que más del 97% de la población del país conoce del caso, y que más del 80% discrepa de la versión de la Procuraduría General de la República (PGR). Es decir, no cree la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados. La población, así como las víctimas, exigen mayor investigación, y el informe del Grupo de Expertos cae como anillo al dedo a esa demanda. 

Varios de los aspectos que rodean este informe, y la actuación del grupo que lo produjo, resultan poco habituales para quienes hemos sido cercanos al monitoreo internacional de derechos humanos.

  • Primero, la intervención del grupo y el informe se dan en tiempo real. Las desapariciones ocurrieron hace un año y el grupo ha seguido de cerca por varios meses la actuación de las autoridades. Esto contrasta con la actuación de órganos de DDHH que generalmente emiten conclusiones años (a veces décadas) después de que los hechos ocurren 
  • Segundo, y derivado de lo anterior, las recomendaciones del informe tienen un buen chance de que terminen en líneas de investigación que faciliten el esclarecimiento de los hechos. Muy distinto a que, años después de las violaciones, una decisión internacional ordene reabrir casos largamente cerrados en donde la posibilidad de encontrar evidencias es prácticamente inexistente. 
  • Tercero, es un grupo técnico interdisciplinario y no solo un dictamen jurídico. Hace parte de la discusión pública los informes de los bomberos, de los investigadores y de los juristas. No es el simple dictamen de que México violó una norma internacional: es una contrastación fáctica rigurosa que pone a prueba la habilidad del Estado para responder y obliga a la PGR a dar un debate en los términos técnicos. 

El alto impacto del caso y la repercusión del informe coinciden además con una reunión la Ciudad de  México entre los integrantes en pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (el órgano que comisionó al grupo de expertos), con su homóloga, la Corte Interamericana de DDHH. En una situación como esta es común que el gobierno salga públicamente a controvertir las conclusiones del informe y a llamar al rechazo de la intervención de estos órganos internacionales en lo que consideran como la soberanía de las autoridades nacionales. 

Pero en esta ocasión nada de esto ha sucedido. Existe una enorme legitimidad del dictamen basada en la actuación transparente y técnica del grupo, en una decisión política adecuada y oportuna, y en el hecho de que se esté dando una respuesta pronta a una necesidad generalizada por conocer la verdad de los hechos. El costo político del gobierno de desafiar el informe es muy alto y su legitimidad no abunda. 

En contextos políticos polarizados y de incapacidad institucional para dar respuesta a cuestiones estructurales y masivas, es posible que esta luna de miel sea muy corta. Eso es indudable. Pero aun así, dadas las virtudes que este mecanismo de respuesta rápida parece tener, la CIDH se lleva los aplausos. La CIDH ha logrado retomar una centralidad estratégica de su actuación, sobre todo en tiempos en que más ha visto cuestionada su labor. Este ejemplo es además un modelo interesante que pueda dar vía a formas creativas de abordar tanto los problemas de derechos humanos que se multiplican en la región, como las limitaciones de las que adolecen los mecanismos internacionales para enfrentarlos. 

Obviamente, además de seguir de cerca cómo evoluciona la situación, hay aspectos que deben ser analizados con detalle para estudiar en contexto este mecanismo y su posibilidad de ser replicado en otros casos o países. 

  • Es un mecanismo costoso. Para la operación del grupo se ha invertido un presupuesto cercano al millón de dólares americanos, que puesto en contexto resulta ser alrededor de un 10% de los fondos totales de la CIDH para todas sus operaciones, con respecto a todos los casos y todos los países de la región
  • Depende directamente de la voluntad del Estado. Para iniciar sus trabajos se requirió no solo de la anuencia del Estado, sino además de que asignara el presupuesto específico al grupo. Esto hace prever que en futuros casos llegar a este apoyo estatal puede ser difícil, sobre todo después del impacto que ha demostrado el ejercicio.
  • Está aún pendiente de su resultado final. El informe ha sido una bocanada de aire fresco para las víctimas y la sociedad que no se conforman con la versión de la PGR, pero todavía queda por delante que se redireccionen las investigaciones y se dé una respuesta efectiva de lo que pasó.
  • Tiene el reto de consolidarse como una respuesta general. El problema de la desaparición forzada en México trasciende, lamentablemente, a este caso. La virtud del mecanismo es que promueva una mejor respuesta del estado para enfrentar globalmente el problema y que no se quede solamente en este caso. 

Los retos de la CIDH, de su grupo de expertos y de las autoridades mexicanas para que este mecanismo se consolide como una buena práctica son grandes. Pero por ahora este caso merece ser evaluado positivamente y requiere que la comunidad internacional, activistas y académicos, lo sigamos de cerca para apoyar lo que puede ser un mecanismo innovador y refrescante para dar respuesta a problemas tan graves como el de los 43 estudiantes de Iguala y demás víctimas de la desaparición forzada en México y América Latina.

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