Por: Gabriel Chávez-Tafur Bello

La prisión preventiva es una medida de precaución, no de sanción. Lamentablemente, reducir su uso abusivo, es decir, la utilización generalizada como castigo anticipado más que como medida cautelar, sigue siendo uno de los retos pendientes de la reforma procesal penal en la región. Concretamente, en Perú más del 50% de la población penitenciaria está en calidad de procesados esperando sentencia. Muchos de ellos serán inocentes, otros muchos son primerizos de poca importancia. Algunos están acusados de incumplir con el pago de asistencia familiar a su ex pareja. Todos o casi, sin embargo, eventualmente saldrán de la cárcel graduados en delincuencia, la consecuencia inevitable de hacer lo que haga falta para sobrevivir adentro y, a la vez, de haber perdido el empleo, los vínculos sociales y familiares y ganar el estigma de presidiario – todo ello antes de y sin importar si al final son o no sentenciados.

 Los incentivos perversos para que esto sea así son diversos. Por ejemplo, si bien el Juez sabe perfectamente que la prisión preventiva debe ser la medida de última ratio, lo cierto es que ni él ni nadie del sistema de justicia sabe si alguna de las medidas menos gravosas – como la imposición de reglas de conducta o impedimento de salida – se cumplen y/o en qué medida. Ante la ignorancia y falta de estadísticas básicas, procederá con la única medida que le garantiza neutralizar el riesgo procesal con suficiente certeza: la prisión preventiva.

 El incentivo o presión mayor, sin embargo, está en la calle. Con las cifras de victimización más altas de la región, en Perú la sensación de estar en peligro constante de asalto – por un lado – y de que el Poder Judicial es incapaz, por corrupción o ineptitud, de castigar suficientemente a los delincuentes, está llevando a demandas cada vez más radicales de lucha contra el crimen; a la par de grados de intolerancia hacia cualquier accionar no-sancionador. El último ejemplo, el llamado vía redes sociales y medios de comunicación a que comunidades se organicen y capturen ellos mismos a los ladrones para luego “dejarlos paralíticos” ha causado revuelo. Pero como si eso no fuera suficiente barbarie, un periodista de TV subió la apuesta afirmando que, en realidad, la campaña debía ser “atrapa a tu juez [garantista] y déjalo paralítico”. La presión habitual a la que están sometidos los operadores de Justicia por los medios y redes de comunicación ha alcanzado niveles absolutamente críticos. Los Jueces lo saben y actúan o no tardarán en actuar en concordancia.

 El clamor popular, claramente, es por que se haga justicia – sin demoras. Todos queremos eso, sin discusión; pero ¿cómo hacerlo? Por supuesto, la solución es compleja y de índole multi-sectorial. Aquí ofrecemos solo dos ideas, brevemente:

 Primero, debemos exigir y apoyar a que los operadores de justicia – especialmente fiscales y jueces – se limiten a aplicar la ley, cueste lo que cueste, y en los términos en que fue diseñado todo el sistema procesal penal adversarial. La prisión preventiva es y debe ser utilizada únicamente para neutralizar un riesgo procesal y nunca como sanción. Lo contrario la desvirtúa y genera más y mayores problemas más adelante – incluyendo mayor criminalidad. Para algunos esto puede parecer abdicar ante un exceso de formalismo o respetar por respetar. No es así: para los casos en que la evidencia de haberse cometido un delito es contundente – y por tanto potencialmente de mayor impacto en medios de comunicación y proclive a escándalo si no se impone prisión preventiva – la misma ley ofrece y el fiscal debiera utilizar sin demora herramientas para una terminación temprana del proceso, imponiéndose condenas rápidas y efectivas y logrando así se haga justicia real. [Nota: un nuevo Decreto Legislativo (No. 1194) aprobado el lunes iría en esta dirección. Entrará en vigor en 90 días y merecerá un análisis aparte].

 Segundo, se torna cada vez más importante reducir el grado de desinformación y mala información circulando en los medios de comunicación y redes sociales, especialmente dando eco a declaraciones desafortunadas de alguna autoridad, político o líder de opinión que comenta el devenir de un caso en particular. Obviamente, no se trata de matar al mensajero. Se trata de “redireccionar” la indignación hacia sus verdaderas causas.

 En esto son varios los llamados a jugar un rol. Tenemos, por ejemplo, a los propios operadores de justicia, quienes están en la mejor posición para explicar clara y oportunamente sus decisiones y, sobre todo, la motivación jurídica detrás – pero que, por una serie de corsés institucionales, sobrellevan el cargamontón en silencio. También deberían tener especial cuidado en sus mensajes públicos las autoridades políticas, evitando en lo posible caer en la tentación del populismo punitivo más destinado a ganar réditos personales que a apuntar hacia soluciones reales que beneficien a la ciudadanía. Nos atrevemos igualmente a asumir un papel nosotros, profesionales y organizaciones de la sociedad civil interesados en el tema, mediante la difusión de información que permita aclarar algunos conceptos. Finalmente tenemos al periodismo, quizá el actor más importante pero tantas veces proclive al titular llamativo y a editorializar sobre la realidad. Creemos urgente trabajar para que la prensa se beneficie de y ponga rápidamente a buen uso mayores conocimientos de derecho procesal penal que le permita apuntar la crítica hacia los verdaderos focos problemáticos y no hacia chivos expiatorios, particularmente los jueces que intentan cumplir con sus funciones de acuerdo a ley. Con ellos como público objetivo ofrecemos la infografía anexa (ver imagen) – de uso libre. Una confluencia de esfuerzos en la dirección correcta resultaría en una opinión pública mejor informada y por tanto más capaz de exigir y respetar.