Autor: Efrén C. Olivares*

El pasado 19 de mayo, se filtró a los medios el audio de una llamada telefónica en la que Lorenzo Córdova Vianello, el Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México, se burlaba de la manera de hablar de una persona indígena que había comparecido ante él unas horas antes. En la parte más relevante del audio se escucha:

“No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, había un mundo. No voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ‘Quihobo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’. … Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero vio mucho Llanero Solitario…”.

Estas palabras desataron, con razón, una ola de indignación en contra de la máxima autoridad electoral del país. Los que lo criticaron acusaron que fueron dichos deplorables, vergonzosas e indefendibles de parte de quien en teoría vela por la imparcialidad, equidad e inclusión en la democracia mexicana. Muchos pidieron su renuncia.

Pero pronto se hicieron sentir quienes salieron en defensa de Córdova Vianello. Argumentaron que el Dr. Córdova Vianello es un hombre educado, honrado y comprometido con la democracia mexicana y con el pueblo mexicano. Para éstos el incidente habría sido un desafortunado desliz. Señalaron también que lo que en verdad debiera preocupar es que una llamada telefónica privada de un servidor público haya sido interceptada y grabada con tanta facilidad; violando el derecho a la privacidad y otros derechos individuales protegidos por las leyes mexicanas.

A final de cuentas, las declaraciones del presidente del INE, aún en un contexto supuestamente “privado”, fueron ofensivas y discriminatorias. Expresiones como esas son inadecuadas cuando vienen de cualquier persona, y mucho más cuando vienen de un funcionario público. Nadie debe expresarse así ni en público ni en privado.

Pero enfocar nuestra atención en criticar esas declaraciones desvía la atención del verdadero problema, en cuestión de derechos humanos de los pueblos indígenas, que México tiene. Después de que las declaraciones de Córdova Vianello cubrieran las primeras planas nacionales, se esperaría que los temas que atañen a los pueblos indígenas—la pobreza, la falta de educación, la implementación del derecho a la consulta en cuestión de tierras, territorios y recursos naturales, el respeto a los usos y costumbres indígenas, entre muchos otros—llegaran a ser tema central en el ciclo electoral.

Pero no. Las elecciones se celebraron el pasado 7 de junio, y estos temas no tuvieron tal relevancia. Como casi siempre ocurre, los temas indígenas pasaron a segundo o tercer plano en la agenda nacional. Si en verdad estamos preocupados por el respeto a los pueblos indígenas en México y por el pleno goce de sus derechos humanos, es necesario preocuparse no sólo por unas declaraciones que rayan en lo racista y que duraron un par de minutos, sino por cambios estructurales de fondo en el sistema político mexicano.

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2014 el 72% de la población indígena en México vivía en situación de pobreza. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado cuenta de las innumerables violaciones a los derechos de los pueblos indígenas cuando se trata de acceso a la justicia y debido proceso penal. Asimismo, la falta de respeto del derecho a la consulta libre e informada—reconocido en convenios internacionales en materia de derechos humanos y en su jurisprudencia— sigue siendo una fuente de conflicto constante para muchas comunidades y pueblos indígenas en México, desde Chiapas hasta Sonora. Los usos y costumbres de muchas comunidades indígenas son desacreditados cotidianamente por las autoridades. Falta mucho camino por recorrer para lograr la plena vigencia de los derechos de los pueblos que por siglos han habitado el territorio que hoy llamamos México.

No se trata de restar importancia a las expresiones deleznables del presidente del INE, pero quien se diga indignado por esas palabras y no diga lo mismo ante la situación general de los pueblos indígenas en México, peca de miope.

*Efrén C. Olivares es abogado para el Texas Civil Rights Project basado en Texas, EE.UU.