La designación de jueces en la reforma de la justicia latinoamericana

Autor: Luis Pásara*

JudgesLatinAmericaA lo largo de los últimos 35 años se ha llevado a cabo en América Latina una diversidad de acciones destinadas a mejorar/cambiar/transformar el estado de la justicia. No obstante el antecedente peruano de los años setenta[1], la ola de acciones de reforma se inició en los años ochenta en Centroamérica y atravesó la región durante los años noventa y la primera década del presente siglo. Una ola que ha ido decreciendo en importancia, bajo el peso de resultados insuficientes y fracasos bastante caros.

Se intentó hacer muchas cosas. Desde el viejo debate –que de vez en cuando se reaviva– entre quienes decían que era cuestión de cambiar leyes y quienes sostenían que se trataba de sustituir las personas a cargo, diversos temas parecieron adquirir prioridad y urgencia en su momento, para luego pasar discretamente a un segundo plano, en el que intereses diversos han confluido en el propósito de no examinar con cuidado insuficiencias y errores.

Múltiples líneas de reforma

El primer asunto –de sentido común para los abogados– fue sustituir viejas leyes, modernizar códigos y hasta cambiar constituciones. Quizá lo más ambicioso que se intentó en esta dirección fue la reforma procesal penal que, detrás del cambio legal, buscaba una redefinición del papel de los actores del proceso. Pero, como precisamente muestran los resultados de esta reforma, los cambios legales no lograron una transformación de la justicia criminal. El complejo nuevo esquema procedimental resultó vino nuevo en odres viejos que, como en la parábola evangélica, corrompieron los contenidos renovadores.

Otra línea que se abrió paso en medio de un exitoso clima inicial fue la renovación de la infraestructura. Presentada como necesidad evidente –a partir de lo ruinoso de los locales y lo anquilosado de los métodos de trabajo– se plasmó en la construcción de edificios y la dotación de sistemas informáticos para la realización del trabajo diario. Contando con la financiación de la banca multilateral –Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial–, además de USAID, se invirtió millones en renovar la infraestructura; la mayor porción de esa suma vino a engrosar la deuda externa de buena parte de los países de la región[2].

Tanto en la construcción de locales como en el diseño de programas informáticos se oyó poco a la gente que hace el trabajo, de modo que en ciertas ocasiones los espacios resultaron inadecuados y el soft-ware se demostró poco útil para las necesidades propias de los tribunales. En varios órganos judiciales de la región el balance del estado informático incluye “programas piloto” que nunca se generalizaron, equipo de distintas “generaciones” y redes parciales que son incapaces de comunicarse entre sí. En suma, edificios y computadoras están ahí pero la justicia no ha cambiado mucho.

Entonces pareció llegar la hora de la redefinición institucional. Se comprendió que el viejo poder judicial era no sólo víctima sino también expresión viva de un estado de cosas, y que esperar de él cambios sustanciales probablemente era mucho pedir. Dos fueron las principales innovaciones institucionales emprendidas: los tribunales (o cortes) constitucionales y los consejos de la judicatura (o la magistratura), a los que se volverá más adelante en esta exposición.

Desde el reconocimiento de que el poder judicial tradicional había sido incapaz de ejercer el control de constitucionalidad sobre el ejercicio del poder, las cortes o tribunales constitucionales fueron adoptados en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y República Dominicana. En algunos de estos casos, y durante determinados periodos, los resultados fueron muy interesantes; pero la experiencia demostró cuán difícil es construir instituciones que, en un contexto adverso, alcancen efectos duraderos. El caso peruano es quizá el más ilustrativo de cómo al producirse la sustitución o rotación de los miembros de esta decisiva instancia, se produjeron verdaderos casos de retroceso o degeneración institucional.

Paralelamente, se desarrolló la línea de acceso a la justicia en la que, a partir del diagnóstico de las dificultades de las mayorías latinoamericanas para “llegar” al sistema de justicia, se procuró establecer puentes destinados a salvar varias distancias: mejor ubicación de juzgados o incluso juzgados móviles para cubrir el territorio, traductores o intérpretes en los países donde se habla más de una lengua, sistemas ampliados de defensa pública, etc. No obstante, la justicia latinoamericana sigue siendo, en primer lugar, incomprensible porque habla un lenguaje para iniciados y, en segundo lugar, cara porque la mayoría –o segmentos muy importantes de población– no pueden pagar sus costos que empiezan por un abogado que, precisamente, intermedie eficazmente entre la necesidad del ciudadano y la ininteligibilidad del sistema[3].

De manera complementaria se desarrolló la propuesta de los mecanismos alternativos a la justicia del Estado, denominación bajo la cual se encuentran contenidos muy diversos. Desde la justicia comunitaria tradicional –que ha resultado reforzada como propuesta con la argumentación del pluralismo jurídico– hasta el arbitraje, reservado a sectores de altos ingresos, en un momento dado estas vías para evitar la justicia estatal llegaron a concebirse como sustitutas deseables de un servicio público ineficaz y, tal vez, irreformable. Al extremar la propuesta se desatendió a dos cuestiones de importancia. De un lado, en las vías alternativas también se reproducen las desigualdades e inequidades que son lacras en la justicia estatal. De otro lado, el objetivo de privatizar de este modo la administración de justicia corre el riesgo de dejar fuera de ella, o relegar a un papel secundario, al Estado que, mal que bien, es en el sistema el único garante posible de valores tan importantes como la protección de derechos del más débil y la prevalencia del interés social en la resolución de conflictos.

Las dificultades planteadas por la complejidad social aconsejaron a algunos volver a lo técnico como guía reformista. La reingeniería de procesos resultó así promocionada, especialmente por la cooperación internacional, a fin de revisar críticamente los intríngulis de procedimientos y trámites, a menudo irracionales, sostenidos en el mejor de los casos por una vieja manera de hacer las cosas que es resistente al cambio, y en el peor, por las oportunidades así abiertas a la corrupción. Se ha hecho mucho –en ocasiones sin cambiar las leyes– para aligerar la tramitación de causas, concentrando servicios como las mesas de partes, informatizando notificaciones y suprimiendo pasos innecesarios. Ciertamente, todo esto es útil pero, claro está, no trae una justicia esencialmente distinta.

Finalmente, dadas las insuficiencias de mucho de lo intentado, se ha recetado, una y otra vez, la participación de la sociedad civil como medicina contra muchos de los males del sistema de justicia. En efecto, la vigilancia de organizaciones sociales sobre la selección de jueces, por ejemplo, ha demostrado operar como un factor de aireamiento indispensable para limpiar la atmósfera de las instituciones del sistema de justicia. Tal ha sido la experiencia de Argentina o República Dominicana para señalar sólo dos casos bastante conocidos.

No obstante, se ha producido una manera inadecuada de entender este correctivo, consistente en incrustar representantes de la sociedad civil dentro de la vieja institucionalidad que se busca renovar; en Perú el resultado ha sido, más bien, el inverso al que se perseguía: los “representantes” han sido absorbidos por las viejas prácticas del aparato. Esto encuentra explicación en un supuesto débil de la prescripción de la sociedad civil como remedio: la sociedad civil en América Latina es débil, por lo que los “representantes” a menudo no son mandatarios efectivos sino personajes que pueden asumir la representación para servir a sus propios intereses.

La lección resultante es que tiene mucho sentido mantener a la sociedad civil fuera del aparato institucional de la justicia, a fin de que desde allí ejerza esa vigilancia social sin la cual, en efecto, la justicia difícilmente se transformará. La observación y vigilancia, la crítica y propuesta, el monitoreo y seguimiento, ejercidos por organizaciones independientes –sean ONGs o agrupaciones con representatividad sectorial– son un componente imprescindible en un proceso de reforma de la justicia.

La cuestión de la designación de jueces

Un asunto privilegiado en las reformas ha sido la modificación de la forma de designar jueces, que ha llevado en reformas legales y a la incorporación de nuevos diseños institucionales. Dos propósitos pueden ser señalados en la base del otorgamiento de tal prioridad. De un lado, alejar los nombramientos del poder, a fin de que los jueces sean independientes y, en consecuencia, imparciales; de otro, mejorar la calidad de quienes desempeñan la función judicial.

En efecto, en América Latina la actuación tradicional de los jueces ha estado claramente vinculada a la forma de su nombramiento. Jueces y magistrados nombrados políticamente han atendido preferencialmente a aquéllos a quienes debían su nombramiento, para resolver favorablemente los asuntos en los que políticos y poderosos tenían interés y para no ejercer su deber de controlar la constitucionalidad y legalidad en el ejercicio del poder. Los ejemplos sobran y son conocidos. Nuestras judicaturas sólo excepcionalmente han sido ejemplo de independencia de los centros o focos de poder. De allí el interés de desvincular los nombramientos de los núcleos de poder.

El otro propósito guarda relación, en cierta medida, con el problema recién examinado. Jueces dispuestos a guardar fidelidad a quienes los nombraron tienden a ser jueces de mediocre calidad profesional; dicho en otras palabras, abogados de buen nivel profesional por lo general no se hallan dispuestos a someterse a un nombramiento que les supone la carga de deberlo y tener que pagarlo mediante sus resoluciones. Es éste uno de los factores que explica la medianía profesional que ha caracterizado históricamente a la judicatura latinoamericana, en contraste con la de otras partes del mundo. La necesidad de contar con mejores jueces requería, pues, nombrarlos de un modo distinto.

El asunto de la designación de jueces ha sido objeto principal dentro de las reformas de la justicia introducidas en las últimas décadas, pese a lo cual todavía en muchos países de la región prevalecen los nombramientos políticos, especialmente en lo referido a las cortes supremas[4]. No obstante, puede decirse en términos generales que las reformas han logrado disminuir la incidencia directa de los otros poderes en el proceso de nombramiento de jueces y, en un número considerable de países, han establecido el sistema de concursos públicos para acceder al cargo. Son dos logros importantes que merecen ser apreciados. En lo que sigue de esta exposición se intentará ponderar y contextualizar tales logros.

No hay sistema ideal

Para apreciar los logros efectivos, en comparación con lo que ocurría hace 35 años, lo primero que se requiere es abandonar la aspiración a un sistema ideal para designar jueces. No existe. En la práctica –no en el mundo conceptual en el que los abogados gustan de diseñar instituciones en abstracto–, cualquier sistema tiene algunas ventajas y diversos riesgos. De lo que se trata, en consecuencia, es de buscar un sistema de designación que objetiva y efectivamente sea capaz de producir mejores nombramientos que aquél con el que un país determinado cuenta en un momento dado.

La posibilidad de mejora guarda relación muy estrecha con la realidad y las circunstancias del país del que se trate. Las ventajas asignadas en abstracto a un mecanismo dado pueden disolverse cuando se ponen en el contexto real de una sociedad determinada y, en ese mismo entorno, los riesgos apenas entrevistos en la teoría como posibilidad pueden convertirse en peligros ciertos y graves. El mismo mecanismo en dos realidades diferentes produce resultados diametralmente distintas. Por ejemplo, tanto los miembros de la Corte Suprema estadounidense como los de la Corte Suprema nicaragüense provienen de un nombramiento en el que deben concurrir ejecutivo y legislativo; sin embargo, los resultados, en términos de independencia, no guardan ningún parecido.

Este punto tiene un colofón de la mayor importancia: copias y “trasplantes” no sirven cuando se trata de nombramientos judiciales. De allí, por ejemplo, el profundo error de la cooperación española (AECID) cuando trató de implantar en América Latina –con éxito en pocos casos– el modelo del Consejo General del Poder Judicial, que por lo demás, padeciendo un altísimo grado de politización, ni siquiera en España funciona aceptablemente.

En cada país, pues, tiene que buscarse el mecanismo que, sobre la base de la realidad y el momento, signifique una mejora real en los nombramientos, de cara a lograr más independencia y mayor calidad en los jueces.

 No hay sistema que destierre la intervención del poder

A menudo se escucha la demanda de establecer “un sistema de nombramientos judiciales que sea apolítico”. Es una demanda que puede ser bienintencionada pero es ingenua, por no decir irreal. Ningún sistema evita por completo que el poder –los poderes– incidan en el proceso de designación de los jueces. Esa incidencia puede ser formal, cuando la ley misma dispone formas de intervención de núcleos de poder en el proceso, o simplemente informal –y acaso peor–, consistente en determinadas prácticas que, pese a que las normas no las dispongan, reinstalan en los hechos la injerencia del poder.

La razón explicativa de esta imposibilidad práctica de desterrar la intervención del poder estriba en que la judicatura resulta demasiado importante en aquellos casos que interesan al poder. Claro está que el poder no se interesa en aquellos casos donde se resuelven conflictos menudos entre particulares sin relevancia social; de allí que el poder, en verdad, no se interese en la mayor parte de los casos que los jueces conocen y, en consecuencia, estos casos menores puedan ser resueltos sin interferencias de poder en los criterios del juzgador. Pero hay determinados casos que, debido al perfil de las partes o en razón de que son casos donde se discute el ejercicio del poder, resultan extraordinariamente relevantes para quienes gobiernan. La capacidad judicial para decidir en estos casos llevará a que quien ejerce poder no pierda de vista el asunto de las designaciones: se sabe que en algún momento será necesario que el juez que va a decidir un caso que sí interesa sepa que el poder lo está observando atentamente, para “premiarlo” o “castigarlo”.

No puede, pues, eliminarse la presencia del poder. Lo que debe desterrarse no es esa presencia inevitable sino su conversión en arbitrariedad. Es decir, se debe perseguir que la intervención del poder –tan acotada como se pueda– no conduzca a la designación de gentes sin otra calidad que la “confianza” de los poderosos.

A más vigilancia social en la designación, mejores resultados.

El poder –en rigor, los poderes– prefiere actuar en la oscuridad y el silencio porque usualmente se vale de recursos –presiones, promesas y amenazas– que no podría hacer valer públicamente dado que son impresentables. De allí que en muchos casos basta hacer la luz sobre un proceso, correr el velo, “destapar la olla”, para que el poder retroceda y se inhiba.

Uno de los primeros casos ilustrativos se generó en Argentina en los años noventa, cuando la ONG Poder Ciudadano puso en conocimiento público quiénes eran los candidatos a camaristas –magistrados de segunda instancia– cuyos nombres aguardaban la decisión de nombramiento por el Senado. Poder Ciudadano publicó los nombres e hizo un llamado a la ciudadanía para que enviara a los senadores los antecedentes de los que tuviera conocimiento; empezaron a llegar alertas y una parte de los candidatos decidió renunciar a su postulación ante el temor de que se develaran aquellas historias personales de las que seguramente se tendrían que avergonzar cuando se hicieran públicas.

El problema de llevar a la práctica el principio de la vigilancia social es que, como se ha anotado antes, el tejido social es débil en nuestros países. Sería deseable que organizaciones empresariales, grupos religiosos, asociaciones educativas, colegios profesionales, sindicatos, etc. fueran genuinamente representativos y se interesaran por el proceso de designaciones judiciales. En la práctica, lamentablemente, ni son fuertes ni se interesan mayormente en el asunto.

Esa debilidad es la que, en el ámbito de la justicia, ha llevado en la práctica a reemplazar a la sociedad civil por algunas ONG, activas en este campo. No está mal en absoluto que, a falta de una sociedad civil robusta y activa, grupos profesionales especializados en el tema de la justicia y constituidos como organizaciones no gubernamentales, participen ejerciendo vigilancia sobre la designación. Más aún, a falta de organizaciones representativas y robustas de la sociedad civil, las ONG son los únicos grupos diligentes en este ámbito. No obstante, siempre habrá que tener presente, para definir y valorar los alcances de su actuación, que estos grupos son voces de la sociedad civil pero no ostentan su representación.

Los consejos autónomos importan pero no son una panacea

Como se apuntó, uno de los recursos desarrollados a lo largo de la era de reformas del sistema de justicia ha sido la creación de un lugar institucional destinado a concentrar o intervenir decisivamente en la designación de jueces. Se los ha denominado consejos de la judicatura o de la magistratura, su composición es variable y sus funciones también: pueden incluir o no responsabilidades en la administración del sistema de justicia y, en materia de nombramientos, pueden hacerse cargo de todos ellos –como ocurre en Perú– o apenas responsabilizarse de una fase y elaborar listas sobre las que otras instancias institucionales deciden, como ocurre en El Salvador.

Casi una docena de países latinoamericanos cuenta con consejos. Sin embargo, en Costa Rica, México y Guatemala, son órganos dependientes de la respectiva corte suprema. En Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador, Perú y Ecuador los consejos son institucionalmente autónomos, aunque en el último de estos países los hechos indican que la entidad responde a criterios dictados por la Función Ejecutiva.

Los términos de funcionamiento de los consejos –como los de cualquier otra institución del sistema– corresponden al contexto político e institucional en el que operan. De allí que, por ejemplo, la alta politización que caracteriza a los nombramientos judiciales en aquellos países donde son Ejecutivo y/o Legislativo quienes se hallan a cargo de ellos no haya desaparecido, pese a la introducción del consejo; así ocurre en países como Paraguay o Argentina, para mencionar casos que han sido estudiados[5].

Pese a todo, la introducción de los consejos ha obligado a cierto grado de formalización y de publicidad en los procesos de designación –usualmente vinculados a la realización de concursos públicos– que les han traído alguna salud.

Un concurso público no es suficiente pero ayuda

Como se dijo al inicio de este texto, la introducción de concursos públicos en cierto número de países de la región constituye un importante paso adelante en materia de designación de jueces. El concurso público vincula la designación con la idea de una competencia abierta con el propósito de que se demuestre quién tiene las mejores cualidades o los mayores méritos. Aleja así, aunque no elimine, la noción previa, la de la prevalencia de contactos y relaciones personales o grupales como determinante de la posibilidad de ser designado juez.

Sin duda, instaurados los concursos, los vínculos familiares, amicales y clientelares siguen operando pero lo hacen en el terreno de la ilegalidad, situados formalmente en el campo de lo reprobable. La regla es la de la competencia; cualquier otra fuerza en contrario importa una violación de la regla. Por eso el concurso, al delimitar un terreno limpio para participar en el juego de la designación, constituye un avance. Quien salga de ese terreno es un transgresor y, por lo tanto, carece de la legitimidad que ostentan quienes compiten según las reglas públicamente establecidas.

No obstante, aún cuando en el concurso no se violen las reglas, subsiste en la interpretación de éstas cierto margen de subjetividad –y, por lo tanto, de arbitrariedad– que puede ser reducido pero difícilmente puede ser eliminado. En ese espacio se mueven los factores informales que favorecen a unos y perjudican a otros, con desatención a sus respectivos méritos.

En cualquier caso, los concursos ayudan mucho no sólo porque establecen una fuente de legitimidad para ser designado juez, que es distinta a la tradicional, sino debido a que además, si se organizan medianamente bien, sirven para eliminar a los peores candidatos. Éste es un resultado, nada despreciable, que no se hallaba garantizado por los mecanismos tradicionales de designación.

Procedimientos y requisitos claros y previamente establecidos

Las reglas del juego deben estar establecidas de antemano y ser claras en requisitos, etapas y tiempos. Quien aspire a ser juez debe tener acceso a esas reglas para saber a qué atenerse, de modo que se reduzca la posibilidad de ser objeto de arbitrariedades en el intento.

En algunos países se acostumbra que las reglas varíen: cada vez que se convoca a un concurso las condiciones son distintas, lo que lleva a la sospecha fundada de que las reglas se hacen a medida de determinados candidatos previamente acordados. En otros países los vacíos y las ambigüedades de los términos de las convocatorias dejan un amplio margen de duda sobre su sentido, que probablemente se despeje sólo cuando la arbitrariedad asome en la interpretación por la que se opte.

Tanto los cambios en las reglas como las disposiciones susceptibles de diversas interpretaciones pervierten el sentido de los concursos. Esto ocurre con cierta frecuencia en Centroamérica, de un modo que desnaturaliza la competencia para seleccionar a los mejores candidatos y, en definitiva, concurre a alimentar la existente falta de credibilidad del sistema de justicia.

La estandarización de requisitos y méritos comporta riesgos

La preocupación por reducir subjetividad y arbitrariedad en los concursos ha llevado a formalizar –por ejemplo, mediante tablas con puntuación– la asignación de valor a determinados méritos. Sin embargo, este intento tiene algo de ilusorio, dado que la objetivación misma alberga el riesgo de ser desvirtuada.

La experiencia de los concursos públicos pone en relieve su frecuente transformación en un torneo de certificaciones y “cartones” que buscan acreditar méritos que pueden no serlo en términos efectivos. La proliferación de grados universitarios –a menudo obtenidos de modo no presencial y con bajos niveles de control verdadero– lleva a considerar con el mismo rasero aquellos títulos obtenidos con genuino esfuerzo y aquéllos otros para alcanzar los cuales se puso más maña que trabajo. Algo aún peor ocurre con los múltiples “certificados de asistencia” que organizaciones con o sin fines de lucro otorgan a quien simplemente se aviene a formar parte de un auditorio durante unas horas y no es evaluado en modo alguno. Todos esos papeles pretenden decir, en el momento de un concurso, que quien los ostenta tiene algún mérito, siendo así que es difícil distinguir aquéllos que dan fe de un trabajo real del postulante y aquéllos que son poco más que una simulación.

Finalmente, en un terreno que va más allá de la simulación para ingresar al del delito, se hallan diversas formas de falsificación que utilizan los postulantes, en ocasiones con total impunidad. Entre ellas, son frecuentes las de publicaciones, que fueron indebidamente apropiadas por el postulante o cuya autoría fue “encargada” a un tercero. Los excesos a los que se ha llegado en este ámbito sirven para recordar que males y corruptelas vigentes –y, hasta cierto punto, aceptados– en una sociedad no pueden ser sorteados mediante un diseño normativo, por más cuidadoso que éste sea. Si bien los concursos, como se ha indicado, constituyen un paso adelante, su confiabilidad, en el contexto real de algunos países, deviene relativa.

El concurso debe conducir a seleccionar postulantes

En razón de las limitaciones que conllevan los concursos en la región, la desembocadura más apropiada de esa fase del proceso de selección tendría que ser la calificación de los mejores postulantes a fin de que participen en un curso formativo previo a la designación. En otras palabras, el concurso no debe conducir directamente a la designación en el cargo de juez sino a la posibilidad de ser preparado para la función.

Varias razones apuntan en esta dirección de política judicial. Una, que ha sido examinada, es la relatividad del concurso, asediado como está en la evaluación de méritos que se practica tanto por la arbitrariedad como por la incertidumbre. La otra, bastante obvia, es que el concurso no puede medir –no debería intentarlo siquiera– la capacidad del postulante para ser juez, puesto que nadie es preparado en la facultad de derecho para desempeñarse como tal. Allí se le forma como abogado; una escuela judicial debería capacitar a los mejores postulantes para prepararlos como jueces, función que requiere ciertas capacidades y habilidades distintas a las del abogado.

La necesidad de esa etapa formativa, posterior al concurso y previa a la designación en el cargo, se hace mayor cuando se examina el nivel profesional que prevalece en la región entre postulantes a cargos judiciales. Su endeblez formativa ha llevado, en muchas ocasiones y en varios países, a que se tenga que declarar desierto un concurso en razón de la pobreza profesional de los postulantes. Se torna, pues, imperativa la preparación que una escuela judicial puede darles, asegurándose de que verdaderamente están en condiciones de desempeñar eficazmente su tarea.

La sociedad reconoce el requisito de honorabilidad

Así como una prueba de aptitud profesional es parte esencial del concurso, a la sociedad corresponde reconocer que el postulante tiene una trayectoria personal y profesional que lo hace digno del cargo de juez.

En varios países existe el recurso de tacha para impugnar candidatos. Ésta es una formalización –en el estilo judicial– para objetar las calidades morales de un postulante que, en la práctica, no ha dado los resultados deseados. Se ha comprobado en diversos casos que auténticos delincuentes fueron nombrados en cargos judiciales sin que nadie hubiese presentado la tacha que teóricamente correspondía formular; o que, habiéndose presentado alguna observación, fue desestimada sin más trámite.

Si bien la carga de la prueba acerca de la honorabilidad no debe ser puesta en el postulante, a estos efectos sí puede partirse de su obligación de poner a disposición la información necesaria para ser examinado en el terreno de la limpieza de su trayectoria. El postulante debe someter la información completa, particularmente, en lo que se refiere a dos ámbitos: su patrimonio y quiénes fueron sus patrocinados mientras ejerció la profesión. Sobre esta información, de un lado, debe llevarse las pesquisas que se estime pertinentes por la autoridad a cargo del proceso y, de otro, debe actuar la iniciativa ciudadana para completar o corregir los datos proporcionados por el postulante.

Este aspecto es uno de los que ofrece un déficit importante en los actuales procesos de designación. Existe una resistencia, tanto de parte de postulantes como de parte de las instancias a cargo del proceso de designación, para ventilar públicamente aquellos aspectos de la trayectoria de los candidatos que pueden ser claves para identificar sus calidades morales. Las resistencias se apoyan en una falsa interpretación del principio de presunción de inocencia, como si se estuviera en un proceso penal y no se tratara de acreditar que la trayectoria del postulante es intachable, para lo cual exponerla ante la ciudadanía es un requisito, en verdad, indispensable.

La falta de calidad se debe a que los mejores no postulan

La queja sobre la falta de excelencia profesional entre quienes son jueces se halla hoy bastante extendida, con excepción de pocos países. Durante algún tiempo se imputó esta carencia de calidad a los bajos sueldos. Luego de la importante mejora presupuestal que, en casi todos los países de la región, ha sido parte de las reformas de las últimas décadas, este argumento se ha desmoronado. Hay países –como Ecuador, por ejemplo– que en pocos años han doblado el presupuesto de la justicia y han mejorado sustancialmente los sueldos, sin que la producción judicial mejore.

La razón de la mediocridad profesional de los jueces latinoamericanos reside, probablemente, en la falta de prestigio social de la judicatura. Hoy en día, los jóvenes que se perfilan como los mejores profesionales –desde el periodo final de su formación universitaria– no están interesados en ser jueces. Mucho menos aún lo están quienes han construido una trayectoria profesional importante y ocasionalmente son invitados a incorporarse a altos cargos en la estructura judicial.

A ningún profesional de una calidad profesional reconocida –salvo aquéllos que tengan una marcada vocación por la labor jurisdiccional– le añade algo importante dedicar unos años a la función judicial. Incluso tal incursión puede generarle determinados riesgos y sinsabores.

Esto no es ningún secreto y ha llegado la hora de admitirlo abiertamente como un hecho. Admitirlo tiene la ventaja de que, como sociedad, acaso pueda ser enfrentado. Porque la modificación de este desprestigio no es parte de las reformas de la justicia sino de los cambios que toda sociedad requiere hacer si busca contar con una mejor justicia. De no producirse tales cambios, en América Latina estamos condenados a tener jueces mediocres que estarán a cargo de un sistema de justicia inevitablemente insatisfactorio.

En suma

Con estas observaciones se ha trazado apretadamente un panorama de los caminos de reforma intentados en América Latina durante un lapso de más de tres décadas. Entre esos intentos ocupa un lugar destacado el tema de la designación de jueces, que ha sido objeto de diversos cambios de alguna envergadura.

Se ha pasado revista luego a ciertos aprendizajes hechos a partir de lo ocurrido con las reformas en esta área. Ha habido algunos logros y ciertos fracasos. Esto último sirve para recordarnos que el compromiso con una justicia mejor es todavía un reto pendiente.

Está pendiente, sobre todo, la ubicación central de derechos humanos y democracia como valores que deben ser sustentados por el sistema de justicia. El compromiso con estos valores no ha sido, casi en ningún país, un criterio importante a la hora de seleccionar jueces. Como resultado, luego de estos 35 años –en los que apenas hemos comenzado un cambio– contamos con algunos jueces que se hallan motivados por estos valores y operan en concordancia con ellos. Pero los sistemas de designación y selección de jueces no han logrado establecer formas eficaces de identificar su presencia entre los candidatos. Aún estamos lejos de ello.

*Luis Pásara es senior fellow de Due Process of Law Foundation. Su libro más reciente es Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo; fue publicado en mayo de 2014 por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El texto que se publica aquí fue materia de una conferencia pronunciada el 11 de junio de 2014 en la Escuela de Jueces del Estado, en Sucre (Bolivia).

[1] El “gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas”, que a fines de los años sesenta encabezó el general Juan Velasco Alvarado en Perú y llevó a cabo un intenso proceso de reformas, lanzó una serie de duras críticas al sistema de justicia y emprendió un conjunto de reformas que descabezaron a la Corte Suprema y establecieron el sistema de concursos para acceder a la judicatura, entre otros cambios.

[2] Entre 1992 y 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial destinaron a proyectos de justicia en la región algo más de 1.500 millones de dólares estadounidenses. Del total, 96% constituyeron créditos que pasaron a formar parte de la deuda externa de cada país (Pásara, L.   “International Support for Justice Reform: Is it Worthwhile?”, Mexican Law Review, vol. VI, nº 1 (2013), pp. 75-118.

[3] A un precio no demasiado alto se puede contar nominalmente con un abogado que firma recursos y asiste a audiencias. En muchos casos, este patrocinio profesional resulta sólo aparente, esto es, no consiste en el ejercicio activo de la defensa de los intereses del cliente. Generalmente, esto se explica tanto por la mediocridad de los abogados que no cobran honorarios elevados como por la atención simultánea a un número tal de clientes que hace imposible prestar la atención necesaria a cada caso, a fin de ejercer una verdadera defensa.

[4] Para un examen sobre las formas de designación de jueces en América Latina, véase Pásara, L. y Feoli, M. Prevalece la selección política en los nombramientos judiciales en América Latina. Disponible en: https://dplfblog.files.wordpress.com/2013/11/pc3a1sara-y-feoli-prevalece-la-seleccic3b3n-polc3adtica.pdf

[5] Para un examen de la composición y las atribuciones de los consejos existentes en la región, véase Pásara, L.,   “La experiencia comparada de los consejos”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, nº 18, julio-diciembre 2011, pp. 107-135.

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