Autor: Luis Pásara*

Como parte de su campaña mundial Stop Torture, Amnistía Internacional contrató la realización de una encuesta, que se aplicó en 21 países; entre ellos, cinco son latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. El cuestionario incluyó sólo tres preguntas, pero las respuestas resultaron muy reveladoras, especialmente al ser comparados los resultados de cada país.

Comencemos por la proposición que parece una obviedad: Es crucial que existan normas claras contra la tortura porque todo uso de la tortura es inmoral y debilitará los derechos humanos internacionales. En efecto, las respuestas en conjunto mostraron que 82% de los encuestados manifestaron acuerdo con la afirmación sometida a su opinión; 15% no concordó. No obstante, al mirar los resultados por país se comprueba que, en algunos, el asunto distaba de la unanimidad. Fue el caso del Perú, que destacó ya –¡para mal!– en este asunto de principios: el respaldo al Estado de derecho fue manifestado por sólo siete de cada diez encuestados (71%). La “culta” Argentina no estuvo lejos: 72%. Detrás, India (73%), deshonrando el prestigio de su democracia duradera, y empatados, México y Nigeria, con 74%. En el otro polo, el mayor respaldo a la frase enunciada apareció en Grecia y Corea del Sur (89%), seguidos de Canadá (88%), Australia y… China (87%).

Las otras dos preguntas son probablemente más importantes. Una indagó el nivel de aceptación existente acerca de la afirmación La tortura es a veces necesaria y aceptable para obtener información que pueda proteger a la población. Como sabemos, gentes que se declaran contrarias, “en principio”, a que la policía se sirva rutinariamente del abuso y la violencia contra un detenido para que les diga lo que persigue, admiten una especie de excepción de fuerza mayor ante casos de “terrorismo”. En el debate sostenido en EE.UU. a partir del espantoso episodio del 11 de septiembre de 2011, no son pocos quienes han vacilado o han cambiado de posición, concretamente frente a los señalamientos de que se torturó a los detenidos entonces como “sospechosos”; la siguiente edición del argumento se produjo con ocasión de las torturas atroces aplicadas, casi como diversión soldadesca, en centros de detención en Irak.

De modo que esta indagación buscó constatar cuán extendida se halla una forma de legitimación de la tortura en razón de un “bien mayor”: la seguridad ciudadana. En el conjunto de respuestas, algo más de un tercio (36%) consideraron aceptable la tortura en estos casos, contra una clara mayoría (60%) que la rechazó. Cuando se desagrega las respuestas según países, los mayores niveles de aceptación no se hallan en Estados Unidos (45%) sino en… India (74%) y, menos sorprendentemente, China (74%). Alguien puede extrañarse por los países con menor nivel de aceptación de la tortura “por razones de seguridad”: Grecia (12%) y España (17%).

Los resultados en América Latina son variados. En tres de ellos, la tolerancia de la tortura para estos casos no llega a uno de cada cinco encuestados: Argentina (15%), Chile (18%) y Brasil (19%). Si nos quedáramos allí, podríamos adjudicar estas respuestas al hecho de que, en los tres casos, se trata de países que han experimentado las terribles consecuencias de la experiencia social sufrida bajo autoridades que se sirvieron sistemáticamente de la tortura. Pero las respuestas de los otros dos países traen abajo esta interpretación. En México, país donde se practica rutinariamente la tortura, la tolerancia sube a 29% y, lo que es peor, en el Perú –donde la tortura fue uno de los recursos utilizados de manera sistemática contra la subversión y es todavía un arma policial usada ampliamente– la aceptación fue compartida por dos de cada cinco entrevistados (40%). El país aparece así en el octavo lugar –entre los 21 de la encuesta– con mayor nivel de aceptación de la tortura por razones de Estado. Antes que el Perú se encuentran los ya citados India, China y Estados Unidos, más Kenia (66%), Nigeria (64%), Pakistán (56%) e Indonesia (50%).

Finalmente, la pregunta aún más reveladora que la anterior fue aquélla que propuso avalar o descartar la afirmación Si las autoridades de mi país, me pusieran bajo custodia [es decir, me detuvieran], tengo confianza en que estaría a salvo. Lo que esta pregunta explora es si el ciudadano cree o no que vive en un Estado de derecho. Porque, en concreto, de esto se trata: de que cuando a mí me detengan, tenga o no confianza –fundada en la experiencia propia y ajena, claro– en que se me va a tratar de acuerdo a las normas establecidas, imparcialmente y sin riesgos. El conjunto de los encuestados en los 21 países se dividió casi por mitades: 48% consideraron que estarían “a salvo” y, en consecuencia, no temían ser objeto de torturas y otros abusos. Pero 44% tomaron distancia de la afirmación propuesta, expresando así el miedo o la sospecha a ser maltratados por el sistema de su país.

Tomadas las respuestas por país, los porcentajes indican el nivel de certidumbre y tranquilidad del ciudadano frente al sistema a cargo del Estado, que puede investigar, detener y condenar a cualquiera. Reino Unido y Australia llegaron a lo más alto: 83%. Canadá quedó cerca, con 77%. Para sorpresa de los lectores, China ocupó el siguiente lugar (72%) y Estados Unidos completó el pelotón de los cinco primeros con 66%. Para referirse al otro extremo de la lista hay que ocuparse de América Latina debido a que tres de los seis países están en la región. El peor lugar de los 21 correspondió a Brasil (18%), seguido de cerca por México (21%). Siguieron: Indonesia (35%) y, empatados, Grecia, Argentina y Perú (34%).

Tal es el retrato de la conciencia social existente acerca de la tortura. El Perú luce, como se ha visto, en los peores niveles.

*Luis Pásara es senior fellow de Due Process of Law Foundation. Su libro más reciente es Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo; fue publicado en mayo de 2014 por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El texto que se publica aquí fue materia de una conferencia pronunciada el 11 de junio de 2014 en la Escuela de Jueces del Estado, en Sucre (Bolivia).