Por Katharine Valencia

Oficial de Programa en DPLF

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El día de ayer en Tegucigalpa se produjo el primer hito importante en la actuación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Juan Jiménez Mayor, Vocero de MACCIH y representante del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en este organismo, presentó a la sociedad hondureña los objetivos, principios y líneas de acción de la misión, en concordancia con lo establecido en el convenio de su creación, firmado por el Estado hondureño y la OEA el 19 de enero pasado en Washington, DC.

La MACCIH no es precisamente lo que muchas organizaciones de la sociedad civil hondureña e internacional reclamaban: una institución con facultades de investigación autónoma y afiliada a las Naciones Unidas. Como antecedente de fondo de este reclamo, que dio lugar al movimiento de los Indignados y la marcha de Las Antorchas, está el gran escándalo de corrupción al interior del Instituto Hondureño de Seguridad Social y el desvío de sus fondos, cuyos alcances presuntamente se extenderían hasta el mismo Presidente de la República. Estos hechos generaron que Los Indignados y sus aliados en el país y en el extranjero, exigieran para Honduras el establecimiento de un mecanismo similar al existente actualmente en Guatemala: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual cuenta con facultades significativas de investigación y procesamiento, y que en el último año ha logrado resultados exitosos de alto perfil, que incluyen las investigaciones que condujeron a la renuncia y detención del entonces presidente guatemalteco Otto Pérez Molina.

Estos resultados sin precedentes de la CICIG, han alimentado el argumento de que Honduras necesita un mecanismo similar. En cierto sentido, podría decirse que Honduras es una víctima del éxito de la CICIG, en la medida que los más interesados en evitar un fuerte mecanismo internacional de este tipo en Honduras, son precisamente los poderosos que podrían terminar viéndose afectados por éste. Sin embargo, las fuertes demandas de cambio del pueblo hondureño no podían ser ignoradas por la clase gobernante. El resultado de esta exigencia es la MACCIH – un mecanismo respaldado por la OEA, pero ciertamente, con menos poderes que la CICIG. En su concepción original, la MACCIH fue criticada por centrarse principalmente en asesorar y estudiar el sistema hondureño de justicia – acciones que ya han sido llevadas a cabo en los últimos años por otros esfuerzos de manera seria, pero cuyas recomendaciones han quedado en su mayoría sin implementar. Como consecuencia de estas críticas, la OEA y el gobierno de Honduras revisaron nuevamente su diseño, para dar “más dientes” al mandato de la MACCIH. De esta manera, la versión final del convenio internacional de creación de la MACCIH plantea un mandato de “colaboración activa” entre la misión y las autoridades hondureñas “en casos de corrupción.» El acuerdo también concibe un observatorio de la sociedad civil, encargado de vigilar la aplicación de reformas al sistema de justicia.

Pese a que el diseño final de la MACCIH representa una mejora con respecto a la propuesta original, algunas de sus disposiciones son todavía poco claras sobre lo que MACCIH puede y no puede hacer. Por ejemplo, se establece una unidad de acompañamiento, supervisión y colaboración activa (3.1.1 del Convenio) destinada a “asesorar técnicamente, supervisar, y / o evaluar” al Ministerio Publico, al Poder judicial, y a otros funcionarios. Pero entre “asesorar técnicamente” y “supervisar” podrían existir grandes diferencias prácticas respecto del grado de intervención de la MACCIH.

En la presentación del día de ayer, Juan Jiménez Mayor enfatizó que, aunque la asesoría técnica será parte de la misión, el principal foco de MACCIH es trabajar con la Policía, el Ministerio Público, y el Poder Judicial en el procesamiento de casos emblemáticos de corrupción. Jiménez también se refirió a la necesidad de establecer, a lo antes posible, tribunales especiales con competencia sobre casos de corrupción. Reconociendo que Honduras es un país peligroso para defensores de los derechos humanos, habló de los «mártires» en la lucha contra la corrupción y la necesidad de proteger la vida de todos los que abogan por la rendición de cuentas. Jiménez también se comprometió a proporcionar actualizaciones semanales a la pública sobre el progreso de MACCIH.

Tal promesa toca otro tema que debe ser aclarado: la aplicación de la polémica ley del secreto (que fue aprobada a fines de 2014 por el Congreso hondureño, otorgando al Ejecutivo amplias facultades para clasificar información como reservada) y cómo afectará a las actividades de MACCIH. El Presidente Juan Orlando Hernández prometió en Washington D.C., el día de la firma del acuerdo de creación de la MACCIH, acceso irrestricto a la información en poder del Estado. ¿Cómo resolver esta contradicción si la ley sigue vigente?

Queda por ver si la MACCIH tendrá un impacto real. Sin embargo, su instalación ayer en Honduras ofrece esperanza a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional, de que los cambios positivos en Honduras pueden comenzar. La presión continua y el seguimiento de la sociedad civil, periodistas, y los donantes internacionales serán necesarios para garantizar que la MACCIH alcance su potencial, y que no se frustren los esfuerzos de buena fe en la lucha contra la corrupción.