Ronald Gamarra*
En lo que constituye una reacción inesperada y singularmente positiva, el Tribunal Constitucional (TC) ha expedido una histórica sentencia declarando la existencia de “un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional”.
Javier Alonso de Belaunde
“No sólo se va a juzgar la conducta funcional de unos Magistrados a propósito de la resolución aclaratoria de una sentencia, sino que se va a afectar o no la estabilidad de uno de los mecanismos de contrapeso del Congreso y, en general del poder” -Valentín Paniagua[1].
Un hombre despierta en el hospital luego de un coma de varios años. Desconcertado por las diferencias que nota en el perfil de la ciudad a través de la ventana, toma el primer diario a la mano y lee: “Magistrados del Tribunal Constitucional serán procesados por el Congreso”. Suspira con alivio. Piensa que al fin y al acabo no ha dormido tanto tiempo. Sigue siendo 1997.
Comentario crítico a reciente sentencia del Tribunal Constitucional peruano
Introducción
“En pos de la República, Ensayos de historia política e intelectual” (Mc Evoy, 2013) es el título de un excelente libro de la historiadora Carmen Mc Evoy sobre valerosos pero aislados esfuerzos políticos e intelectuales, en parte de la historia republicana peruana durante los siglos XIX y XX, que bregaron por ideales republicanos como la igualdad ante la ley o la sujeción de las fuerzas armadas al orden constitucional.
El Tribunal Constitucional (TC) peruano publicó el pasado 18 de agosto en su página web, una importante sentencia expedida en el Expediente N° 00022-2011-PI/TC (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00022-2011-AI.pdf), un proceso de inconstitucionalidad interpuesto por 6,430 ciudadanos en contra de diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1094 (Código penal militar policial) y del Decreto Legislativo N° 1095 (Reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas). Un pronunciamiento, por un lado, en torno a la constitucionalidad de los delitos de función tipificados y que pueden perpetrar militares y policías, y, por otro lado, respecto a las prerrogativas y límites de las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza en supuestos de estados de excepción, conflicto armado o protestas sociales.
