Corte Interamericana cierra la puerta a la reelección presidencial indefinida: Comentarios a la Opinión Consultiva 28/21 (Parte I)*

Daniel Cerqueira**

El pasado 13 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (SIDH). Solicitada por Colombia, la opinión interpreta los tratados relevantes del SIDH, a la luz de la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. La decisión cierra la puerta a la interpretación heterodoxa que algunas cortes de la región han hecho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), según la cual los presidentes en ejercicio poseen un derecho humano a disputar la reelección de forma indefinida. Este artículo comenta algunos aspectos de la opinión y subraya su relevancia en un continente en donde el continuismo presidencial ha sido la antesala del debilitamiento del Estado de Derecho y de conflictos políticos y sociales, casi siempre enmarcados en graves violaciones de derechos humanos. A modo de consideraciones finales, el artículo comenta algunas imprecisiones argumentativas de la OC 28/21 que han sido recogidas en el voto disidente de los jueces Pazmiño y Zaffaroni y en parte de la doctrina.

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La observancia de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Publicado originalmente en Guardiana.

A propósito de la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en Bolivia se ha abierto en un debate público en muchos casos falso o desinformado al menos— sobre el carácter obligatorio de esta decisión para el país.

Conforme al artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los Estados parte tienen la facultad de declarar que reconocen como obligatoria la competencia de la Corte IDH sobre todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta Convención, o solo para casos específicos. En el caso de Bolivia, el 27 de julio de 1993 el Estado reconoció de manera amplia la jurisdicción y competencia de la Corte IDH, declarando su “reconocimiento como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido”.

Una de las formas en que esta Corte se pronuncia sobre la interpretación de la CADH es precisamente mediante las opiniones consultivas. Recordemos que el artículo 64.1 de la convención señala que “[l]os Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”.

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Los derechos de accionistas insuficientemente protegidos por la CIDH

Arturo C. Porzecanski*

English version here.

El principio bajo el cual un Estado incurre en responsabilidad internacional cuando expropia la propiedad de inversionistas extranjeros sin una compensación adecuada está bien establecido en el derecho internacional. Cláusulas relacionadas con la protección de la propiedad en el extranjero pueden encontrarse en acuerdos internacionales que datan de finales del siglo XIX; pero a raíz de la conclusión de miles de tratados bilaterales y regionales de inversión y comercio durante la década de 1990 y principios de los 2000, ahora las cláusulas relacionadas con la protección de inversiones transfronterizas se han vuelto comunes en casi todos los países alrededor del globo.

Sin embargo, aún están por aclararse algunos aspectos de la responsabilidad internacional de un Estado cuando decide expropiar sin compensación la propiedad de sus propios ciudadanos. Exceptuando a los inversionistas locales en Europa, prácticamente todos los demás alrededor del globo han tenido que atenerse a los remedios judiciales disponibles bajo las leyes de sus respectivos Estados. En el caso de Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (vigente desde 1953) especificó que “toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes” y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2012) condicionó toda privación al pago “en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado fuerza a esas cláusulas a través de fallos emblemáticos.

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A Opinião Consultiva 26/20 da Corte Interamericana de Direitos Humanos: ao sair não feche a porta

Lucas Carlos Lima e Lucas Mendes Felippe

Texto originalmente publicado no portal JOTA, disponível aqui.

Versão em espanhol aqui.

A Opinião Consultiva (OC) 26 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH), de 9 de novembro de 2020, explicitou os efeitos jurídicos em matéria de direitos humanos gerados pela saída de um Estado da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) e da Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA). O objetivo desse ensaio é apresentar uma primeira reação sobre algumas opções inovadoras e outras cautelosas adotadas pela CtIDH, no que tange: ao procedimento da jurisdição consultiva, aos critérios jurídicos sobre a retirada dos tratados e às obrigações dos Estados remanescentes em relação aos denunciantes.

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Opinión Consultiva 26/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: no cierre la puerta al salir

Lucas Carlos Lima y Lucas Mendes Felippe

Texto publicado originalmente en el portal JOTA, disponible aquí.

Versión en portugués aquí.

La Opinión Consultiva (OC) 26 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH), adoptada el 9 de noviembre de 2020, explicó los efectos jurídicos en materia de derechos humanos que genera la denuncia de un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El propósito de este ensayo es presentar una primera reacción sobre algunas opciones innovadoras y cautelosas adoptadas por la CtIDH, con respecto a: el procedimiento de la jurisdicción consultiva, los criterios jurídicos sobre la denuncia a los tratados y las obligaciones de los demás Estados en relación con el país denunciante.

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