Derechos de las víctimas del conflicto: una tarea pendiente

Rocío Quintero Martínez*

En Lima, durante las protestas de noviembre de 2020, por la destitución del entonces presidente Vizcarra, las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes con un uso irracional y desproporcionado de la fuerza. Como resultado, dos jóvenes perdieron la vida y más de 200 personas resultaron heridas. A pesar de algunos avances en las investigaciones administrativas y penales, todavía queda un largo camino por recorrer para que el Estado peruano garantice los derechos de las víctimas. Entre otras, ya se han denunciado retrasos en las investigaciones penales y la ausencia de representación legal de algunas de las víctimas.

Lamentablemente, la falta de una debida garantía de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos no es excepcional ni se circunscribe al caso mencionado. Tampoco es una problemática reciente. En efecto, desde al menos la década de 1980, hay casos por los cuales las víctimas siguen esperando que los responsables sean llevados a la justicia y se les garanticen sus derechos. En ese sentido, tanto víctimas de hechos recientes, como de hechos sucedidos varias décadas atrás, han encontrado obstáculos para que el Estado garantice sus derechos. Esto a pesar de que los contextos, las causas y motivos de los hechos varían. 

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Integrantes del Grupo Colina fueron condenados por caso La Cantuta

Autor: Jorge Paucar Albino – La Mula (Perú)

El exdictador Alberto Fujimori, condenado por la matanza de La Cantuta, se la ha pasado dando entrevistas a medios de comunicación. En sus intervenciones, ha utilizado el espacio como medio de propaganda política a su favor.

Pero, por más que quiera limpiarse o que los peruanos olvidemos, las consecuencias de su régimen siguen latentes. Este martes, tres integrantes del Grupo Colina han sido sentenciados por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta en 1992.

La Sala Penal Nacional Colegiado “A” del Poder Judicial sentenció a 22 años de prisión a Juan Epifanio Vargas Chochoque, Cesar Héctor Alvarado Salinas y Ángel Arturo Pino Díaz. Por su parte, el Tribunal Superior solicitó la búsqueda y orden de captura de Aldo Velásquez Asencio, por encontrarse no habido. Además, la Sala dispuso que los implicados deberán pagar cada uno S/.40,000 por concepto de reparación civil a favor de los familiares de las víctimas.

Los delitos son homicidio calificado y desaparición forzada de personas. El 18 de julio de 1992 el Grupo Colina, conformado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), irrumpieron, encapuchados y armados, en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.

Los alumnos detenidos fueron Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa. Además, se detuvo al catedrático Hugo Muñoz Sánchez. Luego, los militares se retiraron de la universidad y se llevaron a estas diez personas que eran capturadas sin ninguna justificación.

Posteriormente, el congresista Henry Pease hizo una denuncia pública por estas desapariciones. Ante ello, los autores materiales de los asesinatos procedieron a desenterrar los cuerpos, incinerarlos y trasladarlos a nuevas fosas clandestinas ubicadas en Chavilca, Cieneguilla. Los restos fueron encontrados el 12 de julio de 1993 cuando la Fiscalía realizó una diligencia de constatación. Ahí, se confirmó la existencia de cuatro fosas clandestinas que contenían restos óseos calcinados, dos juegos de llaves, un proyectil de bala, restos de ropas, cabellos, etc.

Por este caso, el 7 de abril del 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por ser autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos.