Indulto a Fujimori vulnera control de convencionalidad y derecho de acceso a la justicia de las víctimas

Juana María Ibáñez Rivas*

Hace más de 20 y 15 años, respectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió las sentencias en Barrios Altos y La Cantuta, dos casos emblemáticos y trágicamente representativos del período de conflicto armado de carácter no internacional en el Perú (1980-2000). 

En la sentencia Barrios Altos (2001), la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la vida de 15 personas y el derecho a la integridad de cuatro que fueron heridas gravemente (una de las cuales resultó incapacitada de manera permanente), en noviembre de 1991, en un inmueble en Lima, en el vecindario conocido como “Barrios Altos”. En la sentencia La Cantuta (2006), la Corte declaró responsable al Perú por violaciones al derecho a la vida, la integridad y libertad personal en perjuicio de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”-La Cantuta, quienes fueron detenidos arbitrariamente en julio de 1992 (dos fueron ejecutados y, los otros ocho, desaparecidos forzadamente). En ambos casos, se demostró que las violaciones fueron resultado de la actuación del “Grupo Colina”, adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional, que operaba con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército. En las referidas sentencias, la Corte IDH ordenó al Estado investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos.

La sentencia del Tribunal Constitucional del Perú de 17 de marzo de 2022 que restituye los efectos de la Resolución Suprema de 24 de diciembre de 2017 que concedió un indulto humanitario a Alberto Fujimori y dispuso su libertad[1] representa un incumplimiento de las decisiones de la Corte IDH, así como una nueva vulneración del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Seguir leyendo →

Derechos de las víctimas del conflicto: una tarea pendiente

Rocío Quintero Martínez*

En Lima, durante las protestas de noviembre de 2020, por la destitución del entonces presidente Vizcarra, las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes con un uso irracional y desproporcionado de la fuerza. Como resultado, dos jóvenes perdieron la vida y más de 200 personas resultaron heridas. A pesar de algunos avances en las investigaciones administrativas y penales, todavía queda un largo camino por recorrer para que el Estado peruano garantice los derechos de las víctimas. Entre otras, ya se han denunciado retrasos en las investigaciones penales y la ausencia de representación legal de algunas de las víctimas.

Lamentablemente, la falta de una debida garantía de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos no es excepcional ni se circunscribe al caso mencionado. Tampoco es una problemática reciente. En efecto, desde al menos la década de 1980, hay casos por los cuales las víctimas siguen esperando que los responsables sean llevados a la justicia y se les garanticen sus derechos. En ese sentido, tanto víctimas de hechos recientes, como de hechos sucedidos varias décadas atrás, han encontrado obstáculos para que el Estado garantice sus derechos. Esto a pesar de que los contextos, las causas y motivos de los hechos varían. 

Seguir leyendo →

Integrantes del Grupo Colina fueron condenados por caso La Cantuta

Autor: Jorge Paucar Albino – La Mula (Perú)

El exdictador Alberto Fujimori, condenado por la matanza de La Cantuta, se la ha pasado dando entrevistas a medios de comunicación. En sus intervenciones, ha utilizado el espacio como medio de propaganda política a su favor.

Pero, por más que quiera limpiarse o que los peruanos olvidemos, las consecuencias de su régimen siguen latentes. Este martes, tres integrantes del Grupo Colina han sido sentenciados por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta en 1992.

La Sala Penal Nacional Colegiado “A” del Poder Judicial sentenció a 22 años de prisión a Juan Epifanio Vargas Chochoque, Cesar Héctor Alvarado Salinas y Ángel Arturo Pino Díaz. Por su parte, el Tribunal Superior solicitó la búsqueda y orden de captura de Aldo Velásquez Asencio, por encontrarse no habido. Además, la Sala dispuso que los implicados deberán pagar cada uno S/.40,000 por concepto de reparación civil a favor de los familiares de las víctimas.

Los delitos son homicidio calificado y desaparición forzada de personas. El 18 de julio de 1992 el Grupo Colina, conformado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), irrumpieron, encapuchados y armados, en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.

Los alumnos detenidos fueron Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa. Además, se detuvo al catedrático Hugo Muñoz Sánchez. Luego, los militares se retiraron de la universidad y se llevaron a estas diez personas que eran capturadas sin ninguna justificación.

Posteriormente, el congresista Henry Pease hizo una denuncia pública por estas desapariciones. Ante ello, los autores materiales de los asesinatos procedieron a desenterrar los cuerpos, incinerarlos y trasladarlos a nuevas fosas clandestinas ubicadas en Chavilca, Cieneguilla. Los restos fueron encontrados el 12 de julio de 1993 cuando la Fiscalía realizó una diligencia de constatación. Ahí, se confirmó la existencia de cuatro fosas clandestinas que contenían restos óseos calcinados, dos juegos de llaves, un proyectil de bala, restos de ropas, cabellos, etc.

Por este caso, el 7 de abril del 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por ser autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos.