Un aniversario más del asesinato de los Jesuitas en El Salvador, ¿finalmente habrá justicia?

Leonor Arteaga, Oficial Sénior de Programa, DPLF

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La madrugada del 16 de noviembre de 1989 seis sacerdotes jesuitas -Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Joaquín López y López, Amando López, y Juan Ramón Moreno-, junto a su empleada Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth Ramos, fueron asesinados en el interior de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en El Salvador. La ejecución se produjo en el contexto de una ofensiva guerrillera de gran envergadura que tuvo lugar en la capital del país y que dio paso al inicio de las conversaciones de paz.

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De la locura a la impunidad: la paz pendiente en El Salvador

Por: Sol Yáñez

Doctora en psicología social, catedrática e investigadora de la Universidad Centroamericana “Jose Simeón Cañas” (UCA) en El Salvador

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Foto: El Tiempo Latino

En El Salvador, tras los acuerdos de paz y durante el postconflicto, cuando se habla del dolor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la impunidad construida -que cristaliza el trauma psicosocial-, el discurso oficial ha exigido que no se abran las heridas, que hay que olvidar. Y la respuesta de las víctimas y de sus familiares siempre ha sido la misma: ¿qué se va a abrir, si las heridas nunca se cerraron? Siguen abiertas. Esas heridas son las que convocan este artículo.

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La necesidad imperiosa de justicia en el Caso Jesuitas

Por  la Fundación de Estudios  para la  Aplicación del Derecho (FESPAD)

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Foto: Contrapunto

 

  1. Antecedentes

Uno de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, fue el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en 1989, ordenado y posteriormente encubierto por el alto mando del ejército de la época, según lo que determinó la Comisión de la Verdad, y que luego fue ratificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Junto con otras graves violaciones a derechos humanos, constituye una etapa oscura en la historia del país, que no debería olvidarse, sino más bien nunca más repetirse

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Cuatro preguntas para la MACCIH

Por: Mirte Postema

Encabezó el Programa de independencia judicial de DPLF entre el 2009 y el 2015. Actualmente es Fellow para derechos humanos y reforma de la política criminal y carcelaria en las Américas en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford

English version

Publicado originalmente en  ilg2.org

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Foto: OEA

El lunes 22 de febrero de 2016 se presentó en Honduras la Misión de Apoyo para Combatir la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La MACCIH es un mecanismo híbrido, respaldado por la Organización de Estados Americanos, y establecido para apoyar a las instituciones hondureñas encargadas de prevenir la corrupción y la impunidad. La creación de la MACCIH es una medida drástica; deja claro que el Estado hondureño, por cualquier razón, no es capaz de investigar y sancionar los casos de corrupción adecuadamente. Sin embargo, para quienes han seguido la situación de Honduras, esto no es ninguna sorpresa.

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A propósito del proceso de selección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia

Autor: Luis Enrique Salazar Flores*

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La semana pasada se llevaron a cabo diferentes foros sobre la selección de integrantes de “altas cortes de justicia” en El Salvador, convocados por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). En los eventos pudimos escuchar e interactuar con ponentes internacionales y nacionales[1], que más que venir a impartir cátedra académica (lo cual es importante y no fue dejado de lado en sus participaciones) nos brindaron importantes testimonios en un tema que debió haber sido objeto de una audiencia más amplia y diversa de la que en su momento conformamos. Por ello, mi modesto aporte para difundir algunos de las afirmaciones y reflexiones que se generaron, no solo por los expositores sino también por personas participantes, más algunos comentarios de mi parte a la luz del momento actual en el que la Asamblea Legislativa se apresta a elegir cinco nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Seguir leyendo

El informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador: hay un nuevo momento para tomarlo en serio?

Autora: Leonor Arteaga

LA staffHace unos días se conoció que el gobierno de El Salvador ha publicado el informe de la Comisión de la Verdad (COVER), lo que vino a ser noticia por tratarse de la primera edición oficial en 21 años, desde su lanzamiento en 1993. En boca del presidente Salvador Sánchez Cerén con esa iniciativa su gobierno “asume completamente su responsabilidad de dar a conocer a cada ciudadano y ciudadana la verdad sobre los hechos ocurridos en este tramo de nuestra historia”. No podemos negar que estas palabras resultan esperanzadoras, al menos en términos simbólicos, si tomamos en cuenta que desde los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra y crearon el marco para la COVER, sucesivos mandatarios y sectores influyentes restaron valor a las conclusiones del informe y se resistieron a acatar sus recomendaciones más sensibles, tales como la depuración de las fuerzas armadas y la aplicación de sanciones penales a los responsables de los casos contenidos en el informe. Otras recomendaciones fueron parcialmente implementadas como la reforma judicial y la creación de fuerzas civiles de seguridad, a través de procesos que han enfrentado serios estancamientos o claros retrocesos a lo largo de las dos décadas pasadas.

5El valor de la acción presidencial, más allá de que el gobierno difunda el informe como ha prometido, reside en que representa un claro mensaje desde la cabeza del poder ejecutivo a otros funcionarios y a la población, que las cargas del conflicto deben asumirse públicamente. Los primeros pasos de mea culpa por la represión a manos del Estado, fueros dados por la anterior presidencia de Mauricio Funes –por muy desgastada que esté hoy su figura-, quien pidió perdón en nombre de las fuerzas armadas por las atrocidades del pasado y reconoció las responsabilidades estatales ante los órganos internacionales de protección. Estos gestos públicos han abonado al proceso de dignificación de las víctimas, pero resultan notoriamente insuficientes en un país con una anquilosada cultura de tributo a los perpetradores de masivas violaciones a derechos humanos. Se requieren más signos concretos de sanción social desde el más alto nivel, para fijar en lo colectivo el rechazo a la violencia y calar la idea de que hechos tan graves tienen consecuencias igualmente graves, acaso intentando desalentar su repetición.

Esperemos por tanto, que el discurso presidencial referido haga parte de la política de derechos humanos que desde el ejecutivo se ha anunciado tener en marcha. La misma debe retomar el informe de la Comisión de la Verdad, no solo para su diseminación, por indispensable que esta tarea siga siendo, sino para asumir lo pendiente como hoja de ruta.

Es justo agregar que para que estas acciones en la vía del reconocimiento desde el ejecutivo, se transformen en un proceso nacional encaminado a la reconciliación y la reparación, se requiere de otros actores de la vida política y social. Uno de estos actores por excelencia debe ser el poder judicial, incluidas todas sus instituciones. La COVER previó entre sus recomendaciones sobre temas de justicia, citando un ejemplo, la separación e inhabilitación de cargos para personas civiles involucradas en graves violaciones a derechos humanos, especialmente en los casos contenidos en el informe. Poco o nada se ha hecho en este sentido. Años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaría al Estado salvadoreño en sentencias sobre desapariciones forzadas de niños y en la masacre de El Mozote investigar a los funcionarios públicos que encubrieron las violaciones a derechos humanos. Estas sanciones tampoco se han hecho realidad.

4Al hablar de las aspiraciones de justicia de la COVER, es tema obligado referirse a otro gran faltante: la sanción penal para los crímenes del conflicto. En su histórico informe la COVER registró más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos durante el período de enero de 1980 a julio de 1991. Del total, casi un 85% fueron atribuidos a agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados con éstos y a los escuadrones de la muerte, y el restante 15% a los grupos insurgentes. De ese universo, la COVER seleccionó 30 casos ilustrativos, ponderando para ello sus características y repercusiones sociales, los cuales investigó con amplitud  y en algunos, incluso identificó a los autores de los crímenes, en espera de que estas investigaciones fuesen retomadas por el aparato judicial. Esta espera aun no termina.

Frecuentemente desde gobiernos anteriores se planteó la impunidad como el único horizonte posible. Ahora sabemos que la falta de castigo a los responsables no es inevitable. Los desarrollos del derecho internacional y comparado han dado salidas para superar las amnistías, la prescripción y otros asuntos complejos al momento de juzgar los hechos de un conflicto armado, todas aplicables según el derecho salvadoreño. No es cuestión de leyes. También sabemos que un decidido apoyo desde los poderes políticos es esencial para saltar las barreras de los imputados por largo tiempo intocables. Conocemos que la persistencia de las víctimas y la creatividad del litigio de sus representantes pueden mover los sistemas judiciales y la opinión pública. Pero sobretodo sabemos que la justicia no llega sino por una buena dosis de voluntad institucional y capacidades técnicas especializadas de las Fiscalías o Ministerios Públicos, junto a jueces decididos a desafiar los retos jurídicos y políticos que este tipo de juicios intrincan.

Si en El Salvador de hoy no existen obstáculos jurídicos reales, la sociedad civil y las propias víctimas han persistido en sus demandas, y el gobierno pareciera respaldar iniciativas de verdad y reparación, es hora de la actuación seria del sistema judicial. La Fiscalía General y los jueces implicados deben encaminar las investigaciones a determinar a los autores de los crímenes, que como todos sabemos, es su más elemental obligación ante la comisión de un crimen, aun mas, cuando en el incumplimiento de tal obligación le ha acarreado al Estado más de una condena de la Corte Interamericana. Vale recordar que los únicos resultados que se han obtenido en las investigaciones penales iniciadas por las mismas víctimas, ha sido la identificación de restos humanos en el marco de masacres mediante procesos de exhumación, con lo cual se ha mitigado su dolor, pero no se satisfacen los reclamos de juicio y castigo.

Leonor Arteaga es Oficial Sénior del Programa de Justicia Transicional de DPLF.

Iglesia salvadoreña rechaza entregar a Fiscalía archivo de crímenes

Autor: AFP / Gabriel Labrador – El Faro (EL Salvador)

Oficinas de Tutela Legal del arzobispado. Foto: Rene Alvarenga
Oficinas de Tutela Legal del arzobispado. Foto: Rene Alvarenga

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, aseguró este domingo que no entregará a la Fiscalía General de la República (FGR), “ni una hoja” de un archivo sobre crímenes cometidos en la guerra civil salvadoreña ocurrida entre 1980 y 1992.

Tras reconocer que el viernes fueron “sorprendidos” por la visita repentina de personal de la FGR, Escobar Alas, por cuya orden fue sorpresivamente clausurada Tutela Legal el 30 de septiembre pasado, comentó durante una rueda de prensa, que les hizo saber a los fiscales que el archivo es propiedad de la iglesia y que no permitirán removerlo y “ninguno de los expedientes, ni siquiera una hoja”.

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Sala de lo Constitucional admite demanda que pide anular Ley de Amnistía

Autor: Sergio Arauz – El Faro (El Salvador)

Corte-Suprema-de-JusticiaLa Sala de lo Constitucional admitió para estudio este viernes una solicitud de inconstitucionalidad de Ley de Amnistía de 1993, con lo que se coloca en la situación que en junio de 2011 motivó al partido Arena a promover el decreto 743 con que pretendió inmovilizar a los magistrados constitucionalistas, obligándolos a que las inconstitucionalidades solo puedan emitirse con el voto unánime de los cinco miembros de la Sala.

Los demandantes argumentan que dicha ley viola toda garantía de que las personas accedan a la justicia y lograr que se deduzcan responsabilidades por los crímenes políticos y comunes vinculados con políticos ocurridos durante la guerra civil. Sostienen que la experiencia de amnistía general ha sido un obstáculo para que los Estados cumplan con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

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Fiscalía da un viraje y decide investigar la masacre de El Mozote

Autor: Daniel Valencia Caravantes – El Faro (El Salvador)

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La Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se han pronunciado a favor de esclarecer las masacres de El Mozote a ocho meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado salvadoreño por el cometimiento, ocultamiento de la verdad y denegación de justicia en este caso.

En lo que constituye un viraje sin precedentes de parte del Ministerio Público, el fiscal Luis Martínez ha fortalecido a una unidad para que investigue delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra; mientras que la CSJ ha enviado a sus jueces una copia de la sentencia para que se documenten con el fallo, un instrumento jurídico que puede servir como argumento para que fiscales y jueces del país declaren inaplicable la Ley de Amnistía (aprobada en 1993), bajo los mismos argumentos que esgrime el máximo tribunal de derechos humanos a nivel continental.

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Condenado en EE UU un militar acusado del asesinato del jesuita Ellacuría en 1989

Autor: Juan José Dalton – El País (España)

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El coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, ex viceministro de Seguridad Pública, fue condenado este martes a 21 meses de cárcel en Estados Unidos por un juez de la ciudad de Boston, donde fue enjuiciado por fraude migratorio y por perjurio. El juicio estuvo marcado por un intenso debate por su participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas, cinco de origen español, en noviembre de 1989 en plena guerra civil salvadoreña. Entre los asesinados aquella madrugada de noviembre estaban los destacados teólogos Ignacio Ellacuría, Segundo Montos e Ignacio Martín Baró, que también eran rectores de la Universidad Centroamericana (UCA).

Montano enfrentará en prisión una solicitud de extradición a España de parte de la Audiencia Nacional, que lo acusa del crimen de los jesuitas, según la abogada Almudena Bernabéu, parte querellante en el proceso abierto en Madrid, que implica a una veintena de altos oficiales de El Salvador.

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