La inmunidad judicial: un arma de doble filo en Guatemala*

Hannah Jane Ahern** e Ursula Indacochea***

El 01 de febrero de 2021, la jueza Erika Lorena Aifán Dávila, a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo D, emitió una orden de aprehensión contra el ex juez Mynor Mauricio Moto Morataya, a solicitud de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI). Moto era investigado por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, en el marco del caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020” sobre corrupción y manipulación en el proceso de elección de altas Cortes que se llevó a cabo el año pasado. Moto es un personaje clave en este complejo caso de cooptación de la justicia, y hasta poco antes de ordenarse su captura, se desempeñaba como titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

La jueza Aifán tiene a su cargo casos de crímenes atroces cometidos durante el conflicto armado, casos de macro corrupción y otros delitos de alto impacto, lo que le ha expuesto a amenazas de violencia, hostigamientos, campañas de desprestigio, y otros intentos a obstaculizar su trabajo. Reconociendo las amenazas, presiones y represalias que ha enfrentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha otorgado medidas cautelares, ordenando al Estado de Guatemala que proteja su vida e integridad de protección. Aifán es reconocido en Guatemala, pero también a nivel internacional como luchadora en contra de la corrupción y a favor de la transparencia e independencia de los sistemas de justicia. Es recipiente del premio International Women of Courage del Departamento del Estado de Estados Unidos para el año 2021.

La orden de captura contra Moto causó revuelo, pues se produjo luego de que fuera elegido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para integrar la Corte de Constitucionalidad del país, y de que fuera irregularmente juramentado por el Congreso el 26 de enero de 2021, pese a que aún se encontraba pendiente la resolución de impugnaciones a su nombramiento (juramentación posteriormente anulada por un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad). Precisamente, para desempeñarse en su cargo, Moto había solicitado al Consejo de la Carrera Judicial que se le colocara en la situación de “excedencia” hasta el 13 de abril de 2021, lo cual le fue concedido. Por tanto, cuando Aifán ordenó su captura, Moto ya no se desempeñaba como juez, ni tampoco había asumido el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

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Junta Nacional de Justicia (JNJ): Una nueva oportunidad para la justicia en el Perú

David Lovatón Palacios*

Según la experta Linn Hammergreen la reforma judicial en el Perú es una de las más antiguas en América Latina. Debe ser por el mal servicio de justicia que desde siempre han recibido y percibido los peruanos y peruanas: un sistema judicial lento, engorroso, poco confiable y sospechoso de una extendida y poco disimulada corrupción que parece formar parte del paisaje urbano.

Sólo la justicia de paz no ejercida por abogados sino por ciudadanos y ciudadanas de sus propias comunidades en zonas rurales se ha salvado de este descrédito republicano de la justicia y, a partir de la recuperación de la democracia a fines del año 2000, un puñado -cada vez más grande, felizmente- de jueces, juezas y fiscales valientes y honestos, decididos a cambiar esa historia gris de la judicatura.

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Jueces honestos frente a la corrupción sistemática

Claudia Escobar Mejía*

El comportamiento de un funcionario que ejerce la judicatura debiera caracterizarse siempre por su integridad, honorabilidad e imparcialidad. Lamentablemente, no siempre sucede de esa forma; algunas veces el actuar del juzgador depende de las circunstancias y de las garantías de independencia, autonomía y seguridad personal con que cuenta para ejercer su función. Ya que no es lo mismo ser juez en Francia, Canadá o Costa Rica que serlo en Venezuela, Guatemala o en Ucrania.

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La epidemia de la corrupción en el sistema de justicia guatemalteco

Claudia Escobar Mejía*

En medio de la crisis del coronavirus algunos países se enfrentan también a una epidemia en el sistema de justicia. Los grupos criminales aprovechan la situación para fomentar la corrupción y garantizar la impunidad de sus fechorías. Uno de los riesgos más probables es que la pandemia sea utilizada por los ladrones de cuello blanco y por los políticos corruptos para apropiarse del dinero destinado a la ayuda humanitaria y así enriquecer sus bolsillos.  Por esta y otras razones a los criminales les interesa controlar la justicia.

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Corrupción judicial en las Américas

Algunas reflexiones desde el caso chileno

Claudio Nash (Ph.D.)*

Durante años, Chile ha destacado en los rankings latinoamericanos por su baja percepción de corrupción. Esto ha generado un riesgo evidente, cual es, que las instituciones y la ciudadanía no han estado lo suficientemente alertas para combatir situaciones de evidente corrupción, como ha sido la corrupción política y, ahora, la corrupción judicial.

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