Sin salud ni acceso a la justicia: la situación de personas privadas de la libertad en Venezuela durante la pandemia

Carlos Lusverti y Carolina Villadiego Burbano**

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El 13 de marzo de 2020, las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia para “preservar y proteger la salud pública” y para mitigar y erradicar el riesgo derivado de la pandemia de COVID-19. Se ordenó el cierre obligatorio y la suspensión de las actividades no esenciales. Esto tuvo un impacto negativo en las personas privadas de la libertad, pues se suspendieron las visitas de familiares y abogados a las cárceles y a los centros de detención. Además, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el cierre de juzgados el 15 de marzo , excepto para asuntos penales urgentes. 

Hacinamiento y limitación de visitas: la realidad de las prisiones y los centros de detención 

Dado que no hay información ni estadísticas públicas sobre la situación de las personas privadas de la libertad en Venezuela, es necesario acudir a los datos de organizaciones de la sociedad civil, como los del Observatorio Venezolano de Prisiones. Estos, destacan que, en promedio, el hacinamiento carcelario es del 171,83%.

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