¿Lucha contra la corrupción en México? Las paradojas del caso Cienfuegos

Ximena Medellín Urquiaga*

English version here.

Difícilmente alguien hubiera podido predecir que Salvador Cienfuegos regresaría al debate público con tal fuerza, años después de haber dejado su cargo como Secretario de la Defensa Nacional en México. Sin embargo, hoy por hoy, la figura del General en retiro se sitúa en el centro de un escándalo de dimensiones internacionales, que puede tirar por tierra la legitimación del discurso contra la corrupción del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Salvador Cienfuegos es un militar mexicano de carrera que ingresó a las fuerzas armadas en 1964. Su cargo como Secretario de la Defensa Nacional durante los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo precedido por otras comisiones de alto rango, incluido el mando de varias regiones militares que abarcan entidades como Guerrero, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes, Estado de México y Ciudad de México. De manera o no coincidente, lo cierto es que Cienfuegos ha estado presente desde hace décadas en algunas de las zonas con más altos niveles de violencia y conflictividad, tanto política como social, de México. Su posible involucramiento en distintos delitos y violaciones de derechos humanos es, por ahora, solo una especulación que debería esclarecerse a través de los procesos correspondientes.

En un giro inesperado, Cienfuegos fue sorpresivamente detenido en octubre de este año por autoridades norteamericanas al llegar al aeropuerto de Los Angeles, California. Según información pública, la detención se derivó de una acusación de Gran Jurado por los delitos de (i) participación en una conspiración internacional para la distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, (ii) participación en una conspiración para importación de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, (iii) participación en una conspiración para la distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana y (iv) participación en una conspiración para lavar los recursos procedentes del narcotráfico. Tal como se reconoció públicamente, las autoridades mexicanas habían sido mantenidas al margen durante los meses en que se desarrolló la investigación.

La detención de Salvador Cienfuegos parecía ser una de las piezas más importantes en el intrincado acertijo judicial que poco a poco se ha ido construyendo en EUA, alrededor de casos vinculados con la operación de organizaciones delincuenciales mexicanas. Si la causa contra Genaro García Luna –Secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa– fue una mirada predecible al vínculo entre parte de la cúpula política mexicana y el crimen organizado, los cargos contra el General eran un nuevo giro que apuntaba por primera vez a los más altos rangos de una institución que hasta entonces parecía casi intocable. 

El tinte optimista que generó la detención pronto cedió a todo tipo de especulaciones cuando, a poco más de un mes después, la opinión pública conoció a través de un comunicado conjunto el retiro de los cargos contra Cienfuegos en EUA y su inminente repatriación a México. La justificación oficial: un acuerdo entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, a fin de privilegiar la actuación de ésta última en relación con los posibles delitos cometidos por el General.

En los siguientes días, las autoridades mexicanas, en particular el Canciller Marcelo Ebrard, afirmaron categóricamente que la decisión implicaba solo un reconocimiento a la soberanía mexicana, al “prestigio” de sus instituciones, así como a la sólida relación de cooperación en la lucha contra el narcotráfico que existe entre ambos países. En distintas ocasiones se ha sostenido que la presión ejercida para conseguir el regreso de Cienfuegos no debe entenderse como un trato especial por su condición de militar, ni tampoco implicaría una salida fácil hacia la impunidad de los posibles delitos por los que se le investiga (ahora en México). De la misma forma, se ha rechazado que el acuerdo se sustente en compromisos ocultos que México haya asumido frente a sus contrapartes norteamericanas.

Más allá de las suspicacias políticas que este caso pueda generar de uno u otro lado de la frontera, la explicación que ofrecen las autoridades mexicanas difícilmente se corresponde con un examen mínimamente detallado de los argumentos legales del caso. Es cierto que, durante sus dos primeros años, la administración del presidente López Obrador se ha caracterizado por su falta de ortodoxia –por no decir completo desdén– por las formas jurídicas establecidas. No obstante, en este contexto, su clara inobservancia no hace más que incrementar la desconfianza pública hacia la posición oficial de uno y otro gobierno.

Sin especular sobre intereses ocultos, es oportuno revisar el mérito de algunos de los argumentos esgrimidos respecto al interés de las autoridades mexicanas por alcanzar, a toda costa (según parece), la repatriación del General.    

  1. La soberanía: El presidente López Obrador ha declarado que el posible enjuiciamiento de Cienfuegos en EUA sería contrario a la soberanía mexicana ya que, si los delitos se cometieron en nuestro país, son nuestras autoridades las que deben investigar y, en su caso, sancionar a las personas responsables. La realidad es que, considerando los delitos por los que se acusó al General, bien se podría sostener jurídicamente que parte de la conducta o sus efectos se dieron en territorio norteamericano. Desde principios del siglo XX, es claramente reconocido en derecho internacional que los países en que se comete parcialmente un delito o en los que se resienten sus efectos se considera también jurisdicción territorial para fines de investigación y persecución penal. Este sería el caso, según parece, de las conductas delictivas presuntamente perpetradas por Cienfuegos.

    Normalmente, cuando dos o más Estados pueden reivindicar jurisdicción sobre un mismo asunto, se debe atender a criterios pragmáticos –tales como el grado de avance de las investigaciones– para determinar la prelación que debe primar en el caso concreto. En esta lógica, el argumento de la “soberanía” mexicana se desdibuja, particularmente contrastando una investigación de más de un año y medio de las autoridades norteamericanas contra los pocos días de actuación de la FGR respecto al caso Cienfuegos.

    Es cierto que México ha sido, en términos generales, poco receptivo a una visión expansiva de la jurisdicción extraterritorial. Sin embargo, vale reiterar que este no sería un argumento aplicable a la investigación contra el General. Al menos no, según la información que se desprende de los documentos que se han hecho públicos en EUA.
  2. El acuerdo de asistencia: Por su parte, el Canciller Marcelo Ebrard ha destacado que la falta de colaboración entre los dos países para la investigación y posterior detención de Cienfuegos en EUA fue un incumplimiento del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Asistencia Jurídica Mutua. Según sostuvo públicamente el Canciller Ebrard, en el diálogo diplomático se enfatizó que si las autoridades norteamericanas no estaban dispuestas a sujetarse al marco jurídico de cooperación entre los países, sería tiempo de revisar todos los otros acuerdos o prácticas que en la materia se han desarrollado durante la últimas décadas. Esto se interpretó como una amenaza velada por parte de las autoridades mexicanas, quienes incluso estarían dispuestas a poner en riesgo distintos operativos conjuntos en curso, con tal de lograr el objetivo de repatriar a México a Cienfuegos.

    La realidad es que el acuerdo de asistencia jurídica al que hizo referencia el Canciller mexicano no obliga a ninguno de los países a informar sobre investigaciones en curso o a solicitar la cooperación para la ejecución de una orden de detención en su propio territorio. Tampoco establece que todas las causas en que ambos Estados puedan reivindicar su jurisdicción deban ser investigadas de manera conjunta.

    Si ésta ha sido la práctica en todos los casos previos –lo cual resulta también altamente improbable–, el argumento podría tener algún peso diplomático, pero jurídicamente no implicaría el incumplimiento de un acuerdo que tiene otro alcance. Más bien, la falta de correspondencia entre el argumento esgrimido y las obligaciones del tratado aducido ponen en entredicho, una vez más, la explicación pública de las autoridades mexicanas.
  3. La “injusticia”: Un argumento más fue, en palabras del presidente López Obrador, la “injusticia” que se estaba cometiendo en contra del General al detenerlo con base en pruebas ilícitas y antes que se comprobara su responsabilidad. El alegato es simplemente sorprendente siendo que (i) el presidente no aportó indicio alguno sobre la “ilegalidad” de las pruebas, al tiempo que (ii) su propio partido político (Morena) se ha encargado de incrementar de forma exponencial e injustificada la prisión preventiva oficiosa en México (es decir, la limitación de la libertad a partir de la detención inicial, sin posibilidad de valoración judicial individual sobre la pertinencia de la medida en cada caso).

    Entérminos estrictamente jurídicos, si Cienfuegos fuera acusado ante tribunales mexicanos por delitos similares a los contenidos en la resolución del Gran Jurado en EUA, aquéllos tendrían que ordenar su detención sin posibilidad de solicitar una libertad bajo caución. Por el contrario, a su regreso a México, el General solo estuvo bajo (aparente) custodia de autoridades mexicanas durante menos de una hora antes de trasladarse por sus propios medios a su domicilio. Hasta el momento no se ha anunciado ningún cargo o medida cautelar que pueda llegar a limitar, de forma alguna, la libertad de Cienfuegos. Esto, en un país marcado por figuras como el arraigo o la prisión preventiva.

    En este contexto, no deja de asombrar que el presidente López Obrador exprese con tal vehemencia su preocupación ante la situación procesal del General Cienfuegos, cuando al mismo tiempo parece pasarle por desapercibida la realidad que impera en el deteriorado sistema de justicia mexicano. Contrario a las declaraciones del presidente López Obrador, la injusticia es la que viven en México todos los días cientos de miles de personas que son privadas de la libertad en espera de un proceso judicial que puede tardar años en desahogarse. Esta tendencia solo se agudiza con la estrategia punitiva que ha decidido mantener la actual administración en su (alegado) combate contra las drogas o la corrupción.

La atípica actuación de las autoridades mexicanas (por no decir también de las norteamericanas) se acentúa al considerar que, en las formas jurídicas establecidas, había una respuesta a su dilema: una eventual solicitud de extradición del General Cienfuegos a México. Otorgando el beneficio de la duda sobre la genuina intención del Ejecutivo federal, la ruta a seguir debería haberse ceñido a la manera en que los países normalmente reclaman la custodia de sus nacionales, para ser procesados por sus propias autoridades, con base en una investigación que sustente una orden de captura para fines de extradición.   

En contraste, las autoridades mexicanas decidieron actuar antes de poder si quiera judicializar una investigación contra Cienfuegos ante tribunales nacionales. Sea por premura, sea por presiones internas o externas, lo cierto es que el trato dado al General contrasta frontalmente con el de otras personas de nacionalidad mexicana detenidas en EUA por cargos similares. De manera paralela, el actuar de las instituciones mexicanas hasta el momento tampoco garantiza que las autoridades militares se mantengan al margen de investigaciones que actualmente se desarrollan (presuntamente) por parte de la FGR. Simplemente, las formas con las que se operó el caso Cienfuegos no auguran un desenlace compatible con el discurso contra la corrupción y la impunidad.

En su conjunto, la conducta desplegada por el Ejecutivo federal mexicano envía, lo quiera o no, un mensaje de compromiso inconmensurable y protección extraordinaria a las instituciones castrenses. La pregunta es si este mensaje será también entendido como un reconocimiento de los privilegios e inmunidades (en el peor sentido de la palabra) que la actual administración está dispuesta a garantizar a las fuerzas militares o, al menos, a las más altas cúpulas del poder dentro de las mismas. De la mano, el temor es que se haya cruzado un punto de no retorno en la relación cívico-militar en México. En este sentido, el “Cienfuegos affaire” excede, por mucho, el rechazo que debería conllevar la impunidad frente a los presuntos delitos cometidos por un militar, para convertirse en un posible parteaguas de la historia de violencia en México.

El presidente López Obrador no parece estar “simplemente” entregando el país a las fuerzas armadas. Eso, al menos, denotaría una acción voluntaria de su parte. Mucho peor que eso, el presidente López Obrador parece haber sido doblegado por aquéllas, ante la incapacidad operativa para implementar el proyecto de gobierno que existe en su imaginario. Acorralado por la realidad de un país en crisis, el presidente ha optado por construir alianzas con un solo actor, sin percatarse del increíble desbalance de poder que opera en su contra. Los hilos se tejen poco a poco, colocando el caso Cienfuegos en un lugar prioritario. La cuestión es, si al final de dichos hilos, López Obrador aparecerá como un títere sujeto a los designios de las fuerzas armadas en México o si, por el contrario, podrá mantener control sobre la institución que ha decidido privilegiar. Por lo pronto, lo que está claro es que la apuesta es tan alta como riesgosa para el futuro de México.

*Profesora-Investigadora Titular de la División de Estudios Jurídicos del CIDE

Foto: Wikimedia Commons

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