Ramiro Orias Arredondo*

Este articulo fue originalmente publicado por Agenda Estado de Derecho.

El sistema de justicia boliviano vive la peor crisis desde el retorno a la democracia en 1982; los vicios y debilidades que traía se han vistos agravados y extendidos en la última década. Los problemas de retardación y mora procesal, las altas tasas hacinamiento carcelario y de presos sin condena, así como los recurrentes casos de condena de inocentes por error judicial, redes de corrupción judicial y persecución política selectiva, develan un problema con raíces más profundas, que han hecho que la justicia en Bolivia haya perdido su capacidad de cumplir su rol tutelar de los derechos de sus ciudadanos.

La crisis política desatada en Bolivia, en octubre de 2019, se deriva a primera vista de la actuación anómala de la justicia electoral, pero tiene una raíz más profunda en el debilitamiento progresivo de la independencia del Órgano Judicial y captura política de las instancias de control del Estado. La expresión más evidente es la sentencia de noviembre de 2017, en la que el Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció el “derecho humano” de Evo Morales para reelegirse indefinidamente, pese a que ello había sido rechazado por la ciudadanía en el referéndum del 21 de febrero de 2016…

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*Oficial de Programa Sénior, DPLF

Foto: Vitral de la Diosa Themis del edificio del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, Bolivia. Por Ramiro Orias.