Santiago Martínez Neira*

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori comunicó por televisión su decisión de disolver el Congreso de la República del Perú. Esa tarde, decenas de tanquetas militares se estacionaron en las esquinas del centro de Lima y cientos de militares encapuchados rodearon el edificio del Congreso para impedir el ingreso de los senadores y diputados. No era un golpe de estado cualquiera, era un autogolpe; un hecho casi inédito en el continente. En lugar de conspirar contra el Presidente —como había acontecido en Argentina, Brasil, Chile, o en el mismo Perú en 1968— los militares conspiraron con él para cerrar el Congreso y adueñarse de las principales instituciones del Estado. Con esto se buscó anticipar las elecciones parlamentarias para que el nuevo Congreso, esta vez de mayoría fujimorista, promulgara una nueva Constitución. Pese a lo acontecido, los congresistas siguieron sesionando desde el Colegio de Abogados de Lima. Su primera decisión fue declarar la vacancia del presidente, medida que no logró contrarrestar el poder impuesto por las vías de hecho.

Por inverosímil que parezca este escenario, todo parece indicar que el continente va a presenciar un nuevo autogolpe, esta vez en Venezuela. El pasado 2 de febrero, Nicolás Maduro anunció que la Asamblea Nacional Constituyente estaría considerando adelantar elecciones para la Asamblea Nacional, órgano legislativo constitucional de Venezuela. Maduro gritó con entusiasmo que estaba de acuerdo con dicha iniciativa y que era hora de que se “relegitimara” la burguesa Asamblea Nacional. Una vez más, apeló a la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que convocó por decreto para que redactara una nueva Constitución, pero que, en la práctica, no ha hecho otra cosa que usurpar las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

De acontecer lo anunciado por Maduro el pasado 2 de febrero estaríamos ante un hecho insólito: la inconsulta Asamblea Nacional Constituyente acabaría con la Asamblea Nacional, electa por voto popular y con mayorías opositoras a Maduro desde 2015. Puede que esta vez no haya tanquetas o militares encapuchados cercando las calles de Caracas —o puede que sí— pero, en cualquier caso, se trataría de un autogolpe. Un asalto contra el Poder Legislativo, y, en últimas, contra la voluntad popular de los venezolanos.

En el escenario de un autogolpe cabe preguntarse quién sustituiría el Poder Legislativo en Venezuela. Bajo las actuales condiciones, caracterizadas por la falta de garantías, equidad y transparencia en la competencia electoral, si se convocan elecciones para la Asamblea Nacional, es razonable asumir que la nueva composición estaría completamente alineada con el Poder Ejecutivo. Después de todo, quedaría demostrado que el gobierno no toleraría la existencia de un parlamento que no le sea obediente. Lo mismo acontecería si se designa como órgano legislativo a la homogénea y chavista Asamblea Nacional Constituyente, compuesta enteramente por miembros del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Un escenario menos probable y poco estratégico para Maduro sería que el Poder Ejecutivo se atribuya a sí mismo las facultades legislativas. Por un lado, esto sería injustificable ante el mundo, por otro lado, con esta medida la Asamblea Nacional Constituyente perdería todo protagonismo, lo que pondría en evidencia que fue creada principalmente para acabar con la Asamblea Nacional.

Lo cierto es que no hay alternativas que promuevan la deliberación o la separación de poderes. Se trata de una peligrosa encrucijada creada por el gobierno de Maduro para terminar de monopolizar los poderes públicos.

*Abogado, consultor DPLF.

Foto: Palacio Federal Legislativo de Venezuela, Julio Ávila Martínez/Wikimedia Commons